sábado, 29 de octubre de 2011

A VUELTAS CON LA UNIDAD SINDICAL



Me propongo insistir en la idea que avanzamos Gabriel Jaraba y un servidor en OÍDO SINDICATOS: ¿CUÁNDO SERÁ EL DÍA? En este ejercicio de redacción introduciré una variable argumental que no tuve coraje de explicarla en la anterior ocasión. En primer lugar, me reitero en lo dicho. En segundo lugar (como puede verse fácilmente) no se planteó la unidad sindical orgánica de manera inmediata, ni siquiera a medio plazo. Soy consciente de las dificultades subjetivas que hay al respecto, algunas de ellas referidas a la tan socorrida “condición humana”.


Lo que no quise decir fue lo siguiente: nos podemos encontrar en puertas congresuales ante un balance de insucesos y sin una perspectiva de realizaciones factibles. Así pues, la rendición de cuentas sería un formidable elenco de movilizaciones que no han podido conseguir sus objetivos. Cierto, no está escrito que necesariamente sea de esa manera, pero cabe dicha hipótesis, porque no tenemos la certeza de lo contrario. En ese cuadro, me parece que es necesario proponer un recorrido que se pueda cumplir de manera gradual. La propuesta de avanzar en el camino de la unidad sindical podría ser estimulante. Ahora bien, ¿qué entiendo por gradual? Lo que se refiere a continuación.


Proponer a medio plazo un camino sostenido de concreciones unitarias. Por ejemplo, en un año podría fusionarse –es un ejemplo— una determinada institución de los servicios sindicales de Comisiones y UGT. Otro año, no necesariamente el siguiente, podría fusionarse tal o cual Fundación. Y más tarde podría fusionarse tal o cual Gabinete de asesoramiento o Estudios. Y así sucesivamente. Durante todos esos interregnos se valoraría la evolución de tales procesos unitarios con la idea de avanzar con mayor o menor celeridad. Pasados unos cuantos años es seguro que diríamos: ¡aivá lo que hemos realizado!


Así las cosas, sería un proceso gradualmente gobernado y no impuesto por una serie de situaciones de insuceso o dificultades financieras. Disculpen la claridad de lo que se dice y la claridad de lo que se insinúa.


miércoles, 26 de octubre de 2011

NEOLIBERALES A FUER DE NACONALISTAS EN CATALUNYA




El artículo de mi admirado Manel García Biel Catalanismo popular frente a nacionalismo excluyente me ha traído a colación algunas meditaciones que me vienen a la mollera cuando la tarde languidece y renacen las sombras. Se trata de la caminata que, desde sus orígenes hasta nuestros días, ha llevado a cabo ese partido ómnibus que es Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), fundado y liderado durante mucho tiempo por Jordi Pujol.


En sus primeros andares pretendió ser un partido socialdemócrata, cuyo referente (decían sus conspicuos dirigentes) era la socialdemocracia sueca. A decir verdad esta quería ser su “ideología”, sabedores –como siempre nos enseñó el historiador Josep Maria Fradera-- que el nacionalismo no es exactamente una ideología sino un sentimiento, pero también con la idea de interferir el protagonismo de la izquierda, bajo la influencia de los comunistas del PSUC y de los socialistas catalanes. Que el término “ideología” se haya degradado tanto hasta servir para un cosido o un barrido, ya es harina de otro costal. Llegó un momento (finales de la década de los setenta del siglo pasado) en que Jordi Pujol fue consciente de que no podía competir con la izquierda catalana y abandona el pexiglás socialdemocrático, poniendo en primer, mejor dicho, único plano una política sentimentalmente nacionalista.


Jordi Pujol se apoyó en el humus mesocrático siempre temeroso de una izquierda con fundamento, dirigida por López Raimundo y Antoni Gutiérrez Díaz, de un lado, y Joan Reventós y Raimon Obiols, de otro lado. Mientras tanto, Jordi Pujol consolidaba CDC –oh paradoja de las paradojas-- en un partido estructuralmente michelsiano en todas sus profundas articulaciones: de Lassalle, Kaustky e incluso Lenin. Es decir, la primera placa tectónica (el sedicente modelo socialdemócrata) se transforma en una segunda placa que es ya el nacionalismo cada vez más despojado de elementos “sociales”, aunque consolidando su ambición de partido ómnibus, atrapalotodo. Tan sólo le faltó, aunque hizo reiterados esfuerzos por conseguirlo, disponer de un sindicato que fuera su propia prótesis, aunque dispuso de un voto no despreciable del conjunto asalariado. Así las cosas, la gran operación de este partido ómnibus se tradujo en un contundente simbolismo: la identificación de la flora convergente con la patria catalana. El error de amplios sectores de la izquierda orgánica estribó en caer en competir en ese terreno.


El postpujolismo abre una nueva placa tectónica. El nuevo dirigente de CDC ya no es exactamente un nacionalista á la Pujol. Su conferencia en la London School of Economics (Londres, 2005) indica una insimulado acercamiento a los planteamientos neoliberales. Aunque sea secundario, vale la pena retener que el padre espiritual de todo ello no es otro que el eminente científico Andreu Mas-Colell y el equipo que dirige en la Universidad Pompeu Fabra. La reorientación de la política no puede prescindir del nacionalismo catalán, sencillamente porque CDC y el grupo dirigente siguen en la órbita de las diversas familias nacionalistas: desde la estridencia soberanista hasta, metafóricamente hablando, los moderados nacionalistas frigios. En todo caso, el nacionalismo ya no es la categoría principal sino simplemente la pegatina en la solapa para no infundir sospechas. Se abre, pues, la fase neoliberal. De ahí que la conformación del nuevo gobierno catalán, tras la derrota del tripartito, tenga un marcado carácter que está en consonancia con la nueva placa tectónica. Son ya neoliberales a fuer de (barnizadamente) nacionalistas. Para mayor plasticidad: Mont Pelerin es la billetera y Montserrat la pegatina.


En ese nuevo paradigma el actual Conseller de Sanitat puede decir que “la salud depende de cada cual”. Así, sin subterfugios. Esta es otra consecuencia de la distracción de la izquierda catalana. Este es el territorio en que se encuentra con pocos acompañamientos políticos un esforzado Joan Coscubiela
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Radio Parapanda. NOTAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE HUELGA EN EL PLANO TRANSNACIONAL. (docet Antonio Baylos)


lunes, 24 de octubre de 2011

LA FLEXIBILIDAD INVERSA EN EL CONVENIO DE QUÍMICAS




Nota editorial. En el primer artículo de esta serie dedicada al Convenio general de Químicas, el compañero Juantxo hizo un comentario en este blog: Josetxo dijo... Sobre el punto de la jornada flexible me parece que se da un gran paso atrás y aún esta por ver si se mejora algo con respecto al anterior. No me parece para nada un buen acuerdo ,conozco las limitaciones actuales en negociación colectiva y aún así no me convence mucho este acuerdo. Todo lo digo desde mi experiencia como delegado, que al final somos la cara del sindicato en la empresa y los que sufrimos estos acuerdos.


En esta ocasión le responde Jorge Moraleda.



Estimado Josetxo, más allá de las bondades del acuerdo, de las que ya han hablado en este blog, ampliamente y desde diferentes puntos de vista Juan Manuel Tapia, Miquel Falguera, José Fernando Lousada y José Luis López Bulla, me centraré en la duda que explicitas en tu comentario al respecto de la flexibilidad inversa (1).


En primer lugar debo aclarar que la anterior regulación de la flexibilidad de la jornada de trabajo, se mantiene íntegramente y en los mismos términos que estaban establecidos. Esta regulación ha sido positiva y útil en épocas de bonanza económica, pero se ha visto insuficiente y poco útil para situaciones de crisis como la que llevamos padeciendo en este país desde hace ya más de tres años.


Por eso hemos realizado una propuesta sindical que establece un instrumento en el convenio colectivo que permite afrontar situaciones de bajadas de producciones excepcionales y coyunturales, y por lo tanto que permitan el descanso previamente a la prestación del trabajo, manteniendo el empleo en la empresa. Una flexibilidad que solamente podrá utilizarse cuando existan causas objetivas, por lo tanto justificadas y justificables, con elementos de tutela sindical, con preavisos para las horas de descanso y las de trabajo, con excepciones para las personas que tengan limitada su presencia en el centro de trabajo por motivos de conciliación o de salud, con garantía de retribución total del salario, sin superar la jornada máxima anual y, lo que es más importante y da sentido a la regulación, con compromisos de mantenimiento del empleo, no solo de carácter indefinido, sino también temporal. Por que el objetivo es situar el mantenimiento del empleo, sin pérdida de garantías contractuales, como la mejor de las compensaciones posibles, por ello se establece como paso previo a procesos de regulación de empleo.


Estoy convencido de que esta flexibilidad será de gran utilidad en estos momentos, de hecho ya lo está siendo y todavía no ha sido firmado el convenio colectivo. Ya se han paralizado procesos abiertos de ERE´s en algunos centros de trabajo para analizar las bondades de esta nueva regulación, y de ese modo garantizar el empleo en estas empresas. Al inicio de la negociación temía que llegaríamos tarde para que pudiera ser utilizada. Los acontecimientos del verano al respecto de la crisis de deuda soberana y el riesgo evidente de una nueva crisis financiera, con una consecuente posible recesión económica, me hace pensar que va a ser un instrumento más utilizado de lo esperado en un inicio.


Jorge Moraleda DazaMiembro de la Comisión Negociadora del CGIQ




(1)
¿CONOCES LAS NOVEDADES DEL CONVENIO DE QUÍMICAS?
SINDICALISMO DE REGADÍO: los químicos españoles
LA EXCEPCIÓN QUE CONFIRMA LA REGLA: El convenio general de la Química
EL TRABAJO Y LA HERRAMIENTA (Habla Javier Morata)
LA SABIDURÍA DE LOS SINDICALISTAS DE REGADÍO
EL PROTOCOLO ANTIACOSO EN EL CONVENIO DE QUÍMICA




domingo, 16 de octubre de 2011

EL SINDICATO Y EL 15 M



Sin lugar a dudas las movilizaciones de ayer tienen una gran importancia y el tiempo dirá hasta qué punto van a dejar un humus sociopolítico consistente y de largo recorrido. De momento es conveniente traer a colación dos consideraciones: 1) la capacidad de arrastre popular del movimiento de los indignados, y 2) la coparticipación en la jornada del movimiento sindical. Ninguno de los dos sujetos coparticipantes deberían minusvalorar la presencia de ese (coyuntural) machihembrado. Por otra parte, tampoco ninguno de los dos haría bien en disfrazarse del otro, a saber, los indignados vestirse de sindicato, ni éste calzarse las botas del movimiento 15 M. Son dos cosas diversas, aunque no contradictorias. Diríase que son dos trenes que circulan por dos vías paralelas. Eso sí, a pesar de que la tradicional geometría de Euclides enseña de que dos vías paralelas están condenadas a no juntarse, es posible que ambos trenes puedan compartir (diversamente) el mismo paradigma. Es más, pienso sinceramente que es necesario que lo compartan. Creo entender a Antonio Baylos cuando habla de “convergencia de conflictividades” de ambos sujetos (1).


Entiendo que cada cual se mueve en un escenario en el que existen amplias zonas de intersección compartidas. Ahora bien, las tareas de uno y otro son diversas como diverso es el lugar de donde procede la legitimación de ambos. Pero si se desvirtúa la función de uno u otro (o de ambos en cretina competencia), el 15 M acabaría siendo un movimiento protosindical y el sindicato se trasvestiría en una cohorte pansindical. Alerta, pues, a la disputa de un territorio sobre la base de un baile de máscaras.


A mi juicio son dos los temas a compartir (diversamente) dentro de un mismo territorio: a) la exigencia de calidad democrática y rejuvenecimiento de esta democracia envejecida, y b) las conquistas del Estado de Bienestar. Este es el empeño reformador que debe compartirse desde la diferencia de ambos sujetos. Ello no quita, sino que presupone, los contagios de quienes deberían propiciar una convergencia de proyecto y conflictividades, por usar la expresión baylosiana. Lo que ignoro es qué prerrequisitos son necesarios para proceder a esa necesaria operación. Tal vez hablando de tú a tú y sin guiones previamente establecidos podría avanzarse.




(1)
LOS MERCADOS SUSTITUYEN A LA POLÍTICA: HACIA UNA DERIVA ANTIDEMOCRÁTICA

sábado, 15 de octubre de 2011

LA SABIDURÍA DE LOS SINDICALISTAS DE REGADÍO

Parece que preside Salvador López.


En reiteradas ocasiones he hablado del sindicalismo maduro que practican los dirigentes de FITECA, los químicos y textiles de Comisiones Obreras. Esta es una práctica que viene de algunas décadas, y concretamente tiene su origen en el primer convenio general de la industria química. Javier Morata, sindicalista bajollobregatense y una de las mentes más lúcidas de la casa confederal española, nos ha dado un magistral relato en su artículo EL TRABAJO Y LA HERRAMIENTA.


Morata narra el tránsito que protagonizaron los sindicalistas en Solvay (Martorell) desde su convenio de empresa al convenio general de la industria química, toda una apuesta ya que pasaban de la (relativa) certeza de su propio convenio a la hipótesis de la utilidad (para ellos mismos) de un convenio supraempresarial. De ese relato de Morata se pueden sacar dos aproximadas conclusiones. La primera, el carácter solidario de la apuesta por el convenio general; la segunda, la utilidad (global y concreta) de esa inteligente operación. Ambas, entrelazadas, fueron configurando lo que he dado en llamar sindicalismo de regadío.


La solidaridad que partía de la fortaleza del sindicalismo de Solvay (y otras grandes empresas) hacia el conjunto asalariado del sector que, en primera instancia, necesitaban más el convenio general, porque estaban tutelados por primera vez. Morata y sus compañeros eran, consecuente y concretamente, sindicalistas de un regadío solidario.


La utilidad, global y concreta, articulaba el convenio general con la problemática de los centros de trabajo, lo que evidentemente suponía un poder contractual más difuso. En las (sabias) palabras de Morata: “La negociación de Acuerdos de Aplicación, en lugar de Convenios de Empresa permitió concentrar nuestros esfuerzos en los aspectos más específicos de nuestros centros de trabajo y cobraron especial importancia los temas que tradicionalmente quedaban aparcados tras una extenuante negociación del convenio de empresa. Nunca habíamos dedicado tanto tiempo a los temas de clasificación profesional, salud y seguridad y, especialmente al medio ambiente (tema de especial importancia en nuestros centros de trabajo) como en los primeros acuerdos de aplicación. Pronto se disiparon las reticencias iniciales y se empezó a ver el Convenio General como una herramienta útil, tanto para el centro de química básica de 1000 trabajadores como para el de transformación de plástico de 80 o el de preparación de mineral de 7”.


De esta guisa construían un nuevo poder contractual más potente y, por ello, más útil en la mejora de las condiciones de trabajo y de vida del personal, porque fueron capaces de establecer un vínculo dinámico entre la condición asalariada general y la particular de cada centro de trabajo. Por eso –precisamente por eso “pronto se disiparon las reticiencias iniciales”.


Ahora bien, me atrevería a proponer otra consideración al respecto: la auctoritas (se entiende por auctoritas una concreta legitimación socialmente reconocida, que procede de un saber y que se otorga a una serie de personas, este es un término intraducible pues la palabra castellana "autoridad" apenas es una sombra del verdadero significado de la
auctoritas) de los grupos dirigentes de las secciones sindicales que se empeñaron en iniciar el tránsito, Javier Morata entre otros muchos, hacia “lo nuevo”. De donde podríamos proponer otra reflexión acerca de la relación entre capacidad de dirigir, orientar el debate y asunción de lo discutido.


Así pues, no es de extrañar que, en palabras de Miquel Falguera, mientras la inmensa mayoría de convenios apenas se han modificado en temas no salariales y de jornada en décadas, el CGIQ ha avanzado sustancialmente en la normativización de aspectos de civilidad, de regulación de la flexibilidad y de los llamados “derechos inespecíficos”. Y tampoco es de extrañar que sea precisamente esa sabiduría de regadío la que haya plantado cara a la sedicente reforma laboral. No con declaraciones retóricas sino con el quehacer concreto de lo negociado en esta nueva edición del convenio general de las industrias químicas.


Ahora bien, diremos con Miquel Falguera, que tal convenio ha avanzado tanto que, prácticamente y salvo otros convenios muy concretos, se ha quedado solo. Solo ante –lo diremos también metafóricamente— un no parco territorio de secano. en una negociación colectiva gregaria. Lo que, en tiempos no tan antiguos, se llamaba el empobrecimiento de la negociación colectiva que era –y sigue siendo en esos terrenos-- una negociación colectiva gregaria. Es un campo abonado para que triunfen los intentos de desarboladura que proponen Federico Durán y Sagardoy.



viernes, 14 de octubre de 2011

EL TRABAJO Y LA HERRAMIENTA (Habla Javier Morata)




Javier Morata

Estos días pasados desde la firma del preacuerdo del XVI Convenio General de la Industria Química han sido de un intenso y preocupado debate sindical en Solvay, que ha traído a mi mente una frase que repetía con frecuencia mi viejo maestro de taller: Cuanto más difícil es el trabajo, más importante es la herramienta.

Él era un hombre a punto de jubilarse que intentaba hacer ver a unos adolescentes de 16 años la importancia de tener buenas herramientas y de conservarlas bien. Recuerdo también lo que nos costó convencer a los trabajadores de Solvay para entrar en el Convenio General de la Industria Química, era el año 1993 y veníamos de la experiencia de buenos convenios de centro de trabajo que obedecían a la combinación infalible de excelentes resultados económicos de la empresa con una gran capacidad de movilización sindical. Las cosas iban bien y a los trabajadores de Solvay nos costó entender porque había que cambiar.


Pero desde las secciones sindicales de CC.OO. y UGT la apuesta por el Convenio General fue clara y decidida, estábamos en un grupo industrial con subsectores muy diversos, química básica, transformación de plásticos, farmacia y con centros de trabajo de tamaño tan diverso que iban desde los 1000 trabajadores de uno de ellos hasta los 7 de otro. Teníamos claro que nuestro futuro estaba estrechamente ligado al sector y que, en nuestros convenios de centro de trabajo, gastábamos demasiada energía en las reivindicaciones salariales y de jornada que, luego veíamos que estaban igual o mejor resueltas en el Convenio General.


La negociación de Acuerdos de Aplicación, en lugar de Convenios de Empresa permitió concentrar nuestros esfuerzos en los aspectos más específicos de nuestros centros de trabajo y cobraron especial importancia los temas que tradicionalmente quedaban aparcados tras una extenuante negociación del convenio de empresa. Nunca habíamos dedicado tanto tiempo a los temas de clasificación profesional, salud y seguridad y, especialmente al medio ambiente (tema de especial importancia en nuestros centros de trabajo) como en los primeros acuerdos de aplicación. Pronto se disiparon las reticencias iniciales y se empezó a ver el Convenio General como una herramienta útil, tanto para el centro de química básica de 1000 trabajadores como para el de transformación de plástico de 80 o el de preparación de mineral de 7.

Cuando llegó la crisis la herramienta cobró protagonismo y la gestión de la flexibilidad horaria evitó un más que probable expediente de regulación de empleo. Pero la crisis no se detuvo y trajo con ella la ofensiva neoliberal (las ofensivas neoliberales son a las crisis lo que los tsunamis a los terremotos, vienen inmediatamente detrás y acaban de arrasar lo poco que el terremoto había dejado en pie). Vino así la reforma laboral y con ella el ataque más duro contra la negociación colectiva entendida como la regulación de las condiciones de trabajo de ámbito sectorial, se trata de primar lo individual sobre lo colectivo, el convenio de empresa sobre el de sector, cuanta más atomización mejor. Así las cosas, no se podía empezar en peores condiciones la negociación del XVI C.G.I.Q.


A los inconvenientes descritos hay que añadir uno propiamente sindical. Los sindicatos estamos acostumbrados a afrontar la negociación colectiva como el mecanismo para disputar los beneficios a las empresas, estamos acostumbrados a gestionar la abundancia y en ese terreno nos movemos bien, pero cuando lo que hay sobre la mesa no es abundancia sino escasez, corremos el riesgo de despistarnos y querer gestionar la escasez con argumentos de abundancia.


Creo que un poco de eso nos ha pasado en este convenio, negociado en medio de la peor crisis económica y del tsunami neoliberal asociado a ella. Porque el problema no era cuanto debía mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector, sino evitar que el propio convenio de desangrara en forma de centenares o miles de pactos de empresa absolutamente desregulados.


Tampoco lo era una mejor o peor cláusula de revisión, sino encontrar fórmulas efectivas para mantener el poder adquisitivo de los salarios en un panorama en el que el 60 % de los convenios no tienen cláusula de revisión.


Ni el endurecimiento de las condiciones para percibir los complementos de IT, sino conservar y reforzar los mecanismos de control e intervención sindical en el análisis de las causas del absentismo y en las medidas correctoras. El objetivo de este convenio no podía ser el de repartir la escasez sino el de conservar y proteger la herramienta, a la que el bloqueo de la negociación habría causado un daño irreparable.


Ha costado pero hemos avanzado en ese camino, el establecimiento claro de la primacía del Convenio General sobre los de ámbito inferior, así como de las bases mínimas que no pueden incumplirse por ningún otro convenio ni pacto de empresa, la mayor tutela sindical frente a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y expedientes de regulación de empleo, son un buen ejemplo de esos avances.


Pero decía al principio que el debate en Solvay está siendo intenso y preocupado, es preocupado porque el preacuerdo no ha sido firmado por FIA-UGT.


Los convenios son herramientas útiles no sólo por sus contenidos, lo son también por la calidad de sus firmantes. El C.G.I.Q. es respetado por los empresarios y por el conjunto de los trabajadores del sector, porque más allá de sus contenidos, es un acuerdo que expresa la voluntad de la mayoría de los trabajadores de los sectores afectados representados por sus dos grandes sindicatos. Ese es uno de sus grandes valores que deberíamos esforzarnos por mantener así lo haremos en Solvay, intentaremos sumar a los compañeros de FIA-UGT a los contenidos del XVI C.G.I.Q. porque también son suyos.


Corren tiempos difíciles, quizás por eso ha venido a mi memoria de una forma tan nítida la frase pronunciada hace tantos años por mi viejo profesor “Cuanto más difícil es el trabajo, más importante es la herramienta”.


Javier Morata
Sección Sindical FITEQA-CC.OO. Solvay

jueves, 13 de octubre de 2011

UNA MEDITACIÓN SOBRE EL NEOLIBERALISMO



El neoliberalismo, como bien saben los niños chicos de la Vega de Granada, pretende reducir el Estado a su más mínima expresión, pero conviene recordarlo porque los niños grandes de otros lugares podrían haberlo olvidado. Lo chocante del caso es que para alcanzar sus objetivos requiere un instrumento que le haga de palanganero: el mismísimo Estado. Quien desde sus institutos y poderes pondría en funcionamiento una, jamás vista, desforestación de medios (poderes de control alternativos y derechos, fundamentalmente) con la intención, convicta y confesa, de trasladar ingentes masas financieras al mundo del business.


Por paradójico que resulte “la idea de la superación del Estado” hacia la “administración de las cosas” que estaba implícita en algunos escritos de Marx –y posteriormente explicitada en Lenin-- ha sido cooptada, en dirección opuesta, por la doxa neoliberal. Entiéndase bien, el neoliberalismo persigue la “administración de las cosas” pro domo sua. De ahí deriva otra paradoja: quienes hablaron del mercado autorregulado y del minimalismo de la actividad del Estado necesitan que la reglamentación y el ordenancismo sean más vastos y generalizados que nunca. En otras palabras, quienes se oponían con la mayor virulencia al Estado como problema precisan ahora del Estado como solución. O, lo que es lo mismo: de los mercados en tanto que dimensión accesoria de un marco institucional que (mejor o peor) reglamentaban las instituciones se ha pasado al control de todo por parte de los mercados, favorecido –como queda dicho— por el Estado y, en su nombre, por aquellas fuerzas políticas que se han instalado, definitiva o coyunturalmente, en esa praxis neoliberal.


Los niños chicos de la Vega de Granada han descorrido el “velo de esa ignorancia”. De ahí que vengan reclamando a las fuerzas de izquierda un proyecto político-cultural de claro antagonismo contra la doxa neoliberal. Naturalmente, esa infancia siempre será acusada de ser una reliquia de antaño porque supone una interferencia para la política de hogaño. Pero, ¿cómo decirlo sin ofender a nadie?, san gajes del oficio.



Radio Parapanda. El profesor Joaquín Aparicio habla en Televisión. Que no se lo pierdan tanto los gentiles como los creyentes:
http://dl.dropbox.com/u/23468391/AparicioTVE.m4v

lunes, 10 de octubre de 2011

LA EXCEPCIÓN QUE CONFIRMA LA REGLA: El convenio general de la Química




Miquel A. Falguera i Baró. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña



Si algo caracteriza el actual modelo social, al menos en España, es la politización de todos los ámbitos de poder, por mínimo que éste sea (y los jueces, lamentablemente, sabemos algo de ello). Politización entendida no en el buen sentido –es decir, el debate social sobre la gestión de la “polis”- sino de simple partitocracia. El viejo modelo de la Restauración, los “míos” y los “otros”. Y esa realidad es transversal, empapa toda la sociedad: no sólo el Parlamento –lo que, en buena medida es lógico- también en ámbitos menores o insignificantes de poder (como las peleas por los cargos de los casales de pensionistas)


En este nuestro país (aunque creo no somos únicos), se obvia el debate de proyectos, de matices, para instalarnos en las simples afectaciones partidistas. O se es del Madrid o se es del Barça. Esa realidad comporta la laminación de la polémica sobre ideas, porque la partitocracia no tiene ideas, sino iniciativas mediáticas. Lo de menos es la porfía sobre hacia dónde debe evolucionar la civilidad: se trata de ruido, de que los “míos” acaben ganando la batallita mediática.


Tengo para mí que a ese disparate han contribuido en buena medida los media. Radios, televisiones y periódicos se han sumado contentos al simple ruido partitocrático. O, mejor dicho, se han sumado al mismo sus empresarios, que con ello obtienen –cuando gobiernan “los suyos”- buenos réditos. Y el profesional que se aparta de esa foto es apartado de los focos -¿le suena a alguien un tal Iñaki Gabilondo?-. De esta manera, cualquier realidad social que no aporte más ruido no sale en los medios de comunicación. Y, por tanto, queda aislada de la conversación en la peluquería, el bar o el trabajo. No existe. Y de ello sale beneficiado el pensamiento actual hegemónico.


Vienen estas reflexiones a cuenta del sindicato y la negociación colectiva. Porque, aunque se olvide, nuestro modelo constitucional sitúa a los sindicatos en el mismo nivel que los partidos en su título preliminar, como ejes centrales del modelo de participación avanzada que la Carta Magna diseña. Sin embargo, los partidos llenan cada día páginas y páginas de diarios. Pero los sindicatos sólo salen en los papeles cuando se pelean o cuando convocan una huelga de gran afectación a los ciudadanos. Ello es especialmente grave en materia de negociación colectiva. La firma de un convenio es un hecho ignoto por la ciudadanía –salvo que se halla producido previamente un grave conflicto-ruido-. La politiquería de cada día llena páginas y páginas, pero aquello que afecta directamente a la ciudadanía queda escondido en medio del estruendo. El debate parlamentario por la ley más nimia, que afecta a poquísimos ciudadanos, es noticia de portada y conlleva que múltiples comentaristas y tertulianos opinen sobre ello. Pero la firma de convenios importantes, que afectan directamente al bolsillo y las condiciones laborales de cientos de miles de ciudadanos, no sale en los papeles.




La negociación colectiva es algo ignoto para la sociedad. Porque no sale en el telediario. Y no sólo en el día a día de esos miles de sindicalistas que se dejan la piel negociando convenios en modo altruista. Tampoco hallaremos reflexiones –más allá de círculos especializados y restringidos- sobre el modelo de convenios colectivos y su necesaria evolución-. Salvo –como ocurrió con la reciente laboral- cuando la partitocracia interviene en el debate. Entonces sí que los medios de comunicación recuerdan que existen convenios.


En estos momentos se está produciendo un debate importante sobre el nuevo convenio de la Industria Química. Es decir, sobre una norma colectiva que afecta a muchos miles de ciudadanos. Pues bien, yo no he leído ni he oído nada sobre ese debate. Cabe recordar que el Convenio General de la Industria Química –CGIQ- es considerado por muchos analistas como el mejor convenio de España, desde un punto de vista cualititativo. En primer lugar por su estructura, centralizada estatal, pero permitiendo ámbitos de adaptación y disposición en las empresas –por lo que viene a chocar con el nuevo modelo diseñado desde claves ideologicistas y economicistas por el RDL 7/2011, de reforma de la negociación colectiva-. Pero también, lo que me parece más importante, por sus contenidos. El CGIQ ha sido pionero en muchas cosas: en la inclusión de tutelas para los trabajadores de empresas descentralizadas, en la articulación de los acuerdos y pactos de empresa, en la disponibilidad del tiempo de trabajo, en las medidas de articulación de la conciliación de la vida laboral y familiar, en la protección medioambiental desde dentro de las empresas, en la regulación del teletrabajo y, especialmente, en los mecanismos fuertes de participación sindical. Lo grave es que es una excepción. Mientras la inmensa mayoría de convenios apenas se han modificado en temas no salariales y de jornada en décadas, el CGIQ ha avanzado sustancialmente en la normativización de aspectos de civilidad, de regulación de la flexibilidad y de los llamados “derechos inespecíficos”. Pero ha avanzado tanto que, prácticamente y salvo otros convenios muy concretos, se ha quedado solo.


Y no únicamente se ha quedado sólo: el avatar del tiempo ha querido que sea el primer gran convenio estatal que se negocia después de la reforma de la negociación colectiva y de la Ley 35/2010. Y ello comporta las lógicas dudas y el debate consiguiente. De esta forma –y al margen de algunos cambios en aspectos que no se analizarán aquí como las cláusulas de revisión y descuelgue salarial, salud laboral y formación, así como la importante mayor sindicalización de los sistemas de representación-, los elementos más significativos por novedosos que aparecen en el nuevo convenio son tres. Por un lado, las reglas de articulación interna; por otro, la nueva regulación del absentismo; y finalmente, la de la flexibilidad.


Iniciando nuestro análisis por la articulación, cabe recordar que en ese sector no existen acuerdos de esa dimensión territorial desde la unificación hace decenios. A diferencia de otros sectores en los que el modelo no sólo es centralizador, sino también centralizante (es decir, el convenio estatal se arroga la regulación de los aspectos más significativos del contrato de trabajo, prohibiendo la concurrencia de ámbitos inferiores), el CGIQ permitía su adaptación a través de acuerdos de empresa y reconocía los convenios de dicho ámbito. Ocurre, sin embargo que –salvo casos puntuales, especialmente de grandes empresas, con convenios también excepcionales cualitativamente- la “bondad” del CGIQ y las reglas de articulación flexibles que el mismo contenía conllevaron un sometimiento práctico al mismo de la inmensa mayoría del sector. Era ésa una situación tácita aceptada por una parte muy elevada de trabajadores y empresarios.


Sin embargo, la reforma legal de la negociación colectiva ha abierto una clara brecha en el status quo anterior. De ahí, que el nuevo texto opte por blindar el modelo anterior, de tal manera que, de hecho, no se pueden negociar más convenios de empresa, salvo los ya existentes, aunque –en línea con la dinámica anterior- sí se permiten los pactos de adaptación a la empresa. Pues bien, desde un punto de vista legal es obvio que ese blindaje se adecua al marco normativo, en tanto que la primacía práctica del ámbito de empresa del art. 84.2 ET se somete, precisamente, a lo pactado en convenio, entre otros, estatal sectorial. Pero, más allá de la perspectiva legal, el hecho cierto es que si el modelo de articulación flexible hasta ahora vigente ha funcionado –óptimamente, según todos los analistas y las propias partes- ¿para qué debe cambiarse? Es cierto que el modelo centralizado se opone al dogmatismo neoliberal ahora en boga –que ha optado últimamente, superado ya el debate anterior, por la subindiciación salarial a través de los convenios de empresa, rompiendo la primacía sectorial- Y también es cierto que, desde el otro lado, algunos pueden tener la intención del chiringuito. Pero repito: el modelo ha funcionado y, además, tiene suficientes elementos de flexibilidad y adaptación en la empresa, garantizando los mínimos necesarios que, de un lado, no son centralizantes –en tanto que los mínimos se adecuan a los legales- y, de otro, son solidarios, a través de la excepcional figura del salario mínimo garantizado. A lo que, en todo caso, cabrá añadir que no nos encontramos ante una Ley, inmutable en el tiempo: la ventaja de la negociación colectiva es que en el próximo convenio puede cambiarse la regulación hoy acordada.


Como se ha dicho, también el absentismo tiene un nuevo marco convencional. Marco claramente novedoso: de esta manera, el convenio –ahondando en la lógica ya definida por su precedente- incide sobre dos ejes: de un lado, la participación de los representantes legales de los trabajadores en el análisis de las causas; de otro, la necesidad de actuación en el origen, evitando la simple constatación del número de días no trabajados. Pero, en todo caso, el elemento más innovador –y sin duda polémico- es el establecimiento de una luz roja de absentismo –el tres por ciento--, de tal manera que en aquellas empresas en las que se enciendan se deberán negociar con la representación de los trabajadores medidas de contención, esencialmente centradas en el análisis del ambiente de trabajo, la distribución de los tiempos laborales, la detección del origen de sus patologías y la posibilidad de cambios de organización del trabajo. Ocurre, sin embargo, que la norma colectiva prevé una consecuencia si no se llega a un acuerdo y se ha superado el tope: que la empresa dejará de abonar el complemento de incapacidad temporal, si existía obligación o práctica al respecto. Sin que, en todo caso, esa parte retributiva complementaria “perdida” vaya en beneficio económico de la empleadora, en tanto que revierte en la masa salarial bruta. Se excluye de dicho castigo las causas plenamente justificadas –como las derivadas de maternidad o filiación, accidente de trabajo u hospitalización-.


El cambio es significativo, por novedoso. Y creo que sería una buena excusa para abrir un debate profundo en el iuslaboralismo (y en los propios agentes sociales, más allá del quebrado debate al respecto en el último proceso de concertación social) En efecto, la lectura hegemónica –neoliberal- del absentismo parte de un dogma, que podríamos resumir “cuanto morro tienen los currantes que abusan de las bajas”. Al margen del impacto de los procesos de incapacidad temporal en el funcionamiento de las empresas –que es lo que aborda el convenio, en definitiva- esa lógica patrimonialista está comportando efectos negativos sobre las tutelas de los trabajadores; así, por ejemplo, en la doctrina del TS respecto a la no nulidad del despido, en general y salvo supuestos concretos, del trabajador por causa de una baja-.


Si bien se mira, no encontramos ante una lógica perversa: la no superación de la cultura fordista conlleva el productivismo como última ratio de la prestación laboral. Y de esta forma, se colocan en el mismo saco a las personas realmente enfermas y a aquellas que tienen problemas personales –en tanto que la flexibilidad bidireccional en la disponibilidad del tiempo de trabajo sigue siendo la gran asignatura pendiente de nuestro modelo de relaciones laborales- que a los currantes que le echan, estos sí, mucho morro (y les aseguro, por mi experiencia profesional, que de estos hay muchos, aunque quizás socialmente sería necesario también reflexionar sobre cómo la pérdida de centralidad del trabajo en nuestra realidad incide en ello) Obviamente no es fácil deslindar estos supuestos, que no pueden tener la misma respuesta. Por eso creo que, otra vez, el CGIQ es pionero, se arremanga e intenta dar soluciones –quizás equivocada, el tiempo lo dirá, pero lo intenta-. En lugar de optar por la fácil medida extintiva del contrato, se incide en la negociación finalista de las causas, se proponen medidas alternativas y, como última ratio, se establecen consecuencias negativas para los afectados, pero que no vienen a redundar en beneficio patrimonial directo de la empresa. Sólo queda la lógica duda del posible castigo a los trabajadores enfermos por causas no laborales, cuando la baja supere las tres semanas. Aquí no aparecen diferencias y es obvio que la medida puede ser un castigo para las personas realmente enfermas. Mas, en todo caso, es ésa una cuestión compleja que, en buena lógica, debería abordarse legislativa y administrativamente en origen: es decir, los criterios para la emisión y seguimiento de las bajas médicas.



El otro gran cambio en el CGIQ es, como se ha dicho, la nueva regulación de la flexibilidad. Y aparecen aquí tres grandes ejes sustantivos: en primer lugar, el incremento de los mecanismos de participación de los trabajadores (con la ya referida prevalencia del sindicato), como es tónica general en dicho convenio; de otro, la potenciación de los sistemas autocompositivos como mecanismos naturales de solución de las divergencias surgidas en la negociación de la flexibilidad, en línea con las recientes reformas laborales y los parámetros ya añejamente establecidos por sindicatos y patronal a través del ASEC y los sistemas autonómicos; y, finalmente –y esto es nuevo- el intento implícito de abordar globalmente la flexibilidad a través de la incardinación de las distintas figuras.


De esta manera, se amplía notablemente el marco de ejercicio de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y sus tutelas: así, con la posibilidad de mayor plazo para la negociación, incremento de la información que debe proporcionar la empresa, la posibilidad de adopción de medidas para paliar las consecuencias, puesta en marcha de actividades de seguimiento posterior, intedicción de la discriminación, etc.) Se trata, obviamente, de un intento de atenuar los efectos negativos que sobre los derechos de los trabajadores ha tenido el incremento de las competencias empresariales en esta materia tras la Ley 35/2010.


Ahora bien, dicha medida se cohonesta directamente con las posibles situaciones de crisis. Y es aquí donde aparecen probablemente las novedades más remarcables, al introducirse dos nuevas convenciones: de un lado, la regulación coordinada de medidas a adoptar en dichas situaciones; de otro e íntimamente relacionado, la puesta en marcha de lo que se califica como bolsas de horas “inversa”, es decir, períodos de inactividad –que no de disponibilidad empresarial sobre el tiempo de trabajo, en tanto que dicha bolsa horaria ya estaba anteriormente regulada- en situaciones de dificultades económicas o productivas (es decir, el famoso modelo alemán, que tan ineptamente ha intentado introducir la Ley 35/2010)


Dicha bolsa de horas “inversa” se vincula directamente a situaciones de crisis, regulándose ampliamente su marco de aplicación, tanto respecto a la justificación, como a su negociación y tutelas –notificación previas, criterios de recuperación, restricciones, rotación, etc). Todo ello –modificación sustancial y bolsa horaria “inversa”- se conecta con el otro aspecto novedoso: la articulación de la lógica que debe seguirse en situaciones de crisis empresarial. De esta manera se establece un principio general: antes de la adopción de cualquier medida traumática, la empresa está obligada a poner en prácticas medidas paliativas, como la movilidad y las ya referidas y analizadas modificaciones sustanciales y bolsa de horas “inversa”, dentro de un marco general que forzosamente deberá ser negociado, por lo que la llamada “flexibilidad de salida” –despidos colectivos- deviene la “ultima ratio”, como expresamente señala el convenio. Y devenido este último escenario, el convenio prevé nuevas medidas de tutela, como son la previa instauración de mecanismos efectivos de información sobre la situación de la empresa y el establecimiento, ya en el propio ERE, de planes de empresa –aunque, respecto a dicha última cuestión- el convenio se limita a hacer declaraciones excesivamente genéricas, básicamente coincidentes con el actual marco legal, tras la reforma.


En definitiva, de nuevo el mejor convenio sectorial ha evitado fosilizarse en añejos y caducos contenidos formalistas –como es regla general- y se ha puesto en labor. Primero, definiendo, en el marco legal, las reglas de articulación interna, ante el ataque al modelo tradicional que supone la reforma legal de la negociación colectiva. Segundo, arremangándose para abordar la problemática del absentismo. Y, finalmente, intentando integrar en una sola lógica las medidas de flexibilidad interna, en clave de la actual crisis económica, dotando a las empresas de mecanismos de mayor disponibilidad –las horas “inversas”-, pero incrementando también las tutelas y los mecanismos de participación.


Quedan, sin duda, muchas cosas para hacer. Por ejemplo, la necesidad de plasmar de una vez la flexibilidad bidireccional –es decir, que el trabajador tenga disposición causal sobre su tiempo de trabajo-. O la adaptación del poder de dirección empresarial a la nueva realidad productiva. Pero ocurre que estamos en una situación que podemos calificar de estado de excepción por la crisis. Y a ello se ha adoptado el CGIQ. Podrán criticarse sus medidas. Sin embargo, nadie estará en condiciones de negar que los negociadores se han puesto en labor, intentando compensar los intereses en juego. Veremos si es un ejemplo único –como lo ha sido hasta ahora en tantos temas- o, si por el contrario, la negociación colectiva está ya de una vez a la altura de las necesidades de trabajadores y empresarios. Acepto apuestas sobre el resultado y advierto que me gustaría perderlas.


Radio Parapanda. Retransmitiendo sobre el mismo tema del convenio general de la Química:


José Luís López Bulla: SINDICALISMO DE REGADÍO: los químicos españoles

Juan Manuel Tapia: ¿CONOCES LAS NOVEDADES DEL CONVENIO DE QUÍMICAS?







domingo, 9 de octubre de 2011

SINDICALISMO DE REGADÍO: los químicos españoles


José Luís López Bulla



Después de un arduo proceso de negociaciones se ha llegado a un preacuerdo en el Convenio Colectivo General de la Industria Química (en adelante, CGIQ, y así nos ahorramos el engorro de tan larga nomenclatura), aunque por el momento sólo ha sido suscrito –en tanto que preacuerdo, hemos dicho— por Comisiones Obreras. No creo ocioso recordar que, en todo ese proceso negociador, ha planeado directamente una serie de situaciones tan ásperas como la crisis económica haciendo estragos en el empleo y los salarios y las sedicentes reformas laboral y de la negociación colectiva. Hablando en plata: estas negociaciones estaban en un contexto poco prometedor para la condición de trabajo y vida del conjunto asalariado de la industria química. No sólo en nuestro país sino en todo el patio de vecinos europeo.


Por supuesto, el empresariado del sector (FEIQUE) inició sus primeras propuestas a caballo de la nueva legislación y con la intención manifiesta de ampliar y desrregular la jornada de trabajo, incrementos salariales en función de los resultados de cada empresa, eliminación de la cláusula de revisión salarial, modificación de las retribuciones variables, supresión del contrato de relevo y la eliminación de los complementos por incapacidad transitoria. No hace falta decir que, así las cosas, se trataba de un planteamiento empresarial que suponía una discontinuidad –e incluso una cesura-- con los anteriores convenios colectivos del sector. De manera que, en este convenio, no sólo se jugaba el carácter de la negociación colectiva en el sector, sino en todo el arco de las relaciones laborales españolas. Diré más, aquí se ventilaba también la utilidad el conjunto de las movilizaciones que, de un tiempo a esta parte, ha protagonizado el sindicalismo confederal. Por eso, se puso en marcha una vasta articulación de asambleas en los centros de trabajo, encuentros masivos de delegados en los diversos territorios. Todo ello ha sido, como ya es una práctica habitual, por una nutrida información en tiempo real a través de los medios que proporcionan las nuevas tecnologías. Finalmente se llegó, como queda dicho, a un preacuerdo con Comisiones Obreras.


Entiendo que un acuerdo en general –y éste en concreto-- tiene una valoración necesaria y otra suficiente. La necesaria es la que se corresponde con la mirada estrictamente sindical; la suficiente es la que trasciende el terreno sindical y lo extiende al conjunto asalariado. Primero, el mantenimiento de la estructura del CGIQ, frente a los riesgos de desmigajamiento que supone dar la primacía al convenio de empresa, es un triunfo. Recuérdese, tal como ha sido publicado en este mismo blog, la carta de Trichet y Draghi (el primero, Gobernador del Banco Central Europeo; el segundo la persona que le sucederá en breve) a Berlusconi y Zapatero donde taxativamente dictan: “Existe también la necesidad de proseguir la reforma del sistema de negociación colectiva sobre salarios, lo que permite acuerdos a nivel de empresa con el fin de reducir los salarios y las condiciones de trabajo a las necesidades específicas de las empresas y hacer que estos acuerdos sean más relevantes que otros niveles de negociación" (las cursivas son mías, JLLB). .De entrada podemos sacar una primera conclusión: lo preacordado no es bueno sólo por lo que evita (el desmigajamiento de la negociación colectiva), sino también por lo que consolida, la arquitectura negocial del convenio general. (1)


Y precisamente en esta etapa de intentos de desforestación de instrumentos y derechos, el CGIC establece las bases mínimas sectoriales que no pueden incumplirse por ningún otro convenio colectivo de empresa, ni pacto: Salarios Mínimos Garantizados, Jornada Laboral, Clasificación Profesional, Salud Laboral y Medio Ambiente, Régimen Disciplinario, Igualdad de Oportunidades, Sistema de Mediación... Que refuerza la primacía de este convenio general sobre los de empresa y centro de trabajo. Estamos, por lo tanto, ante un convenio que tiene una doble característica: a) de consolidación de todo un elenco de materias que la sedicente reforma laboral y otras disposiciones legales anejas habían eliminado para el conjunto de la negociación colectiva, y b) de nuevos derechos laborales y sindicales. ¿Habrá que insistir en qué contexto nos encontramos? Sí, es necesario reafirmar que en un momento de secano aparece este preacuerdo que es de regadío: dispensen la metáfora agraria y toménlo como una referencia a mis tiempos de niño chico en la Vega de Granada.


Como es tradicional, en los convenios generales de Químicas se han establecido importantes parcelas de lo que podríamos llamar ius sindicalismo, que –también en esta ocasión con la que está cayendo-- aparecen ferazmente: mayor y mejor capacidad de tutela sindical para la defensa del empleo en los supuestos de expedientes de regulación; posibilidad de presencia directa de los sindicatos en los procesos de modificación de condiciones, inaplicación del incremento de las empresas sin representación; presencia de asesores sindicales de salud laboral en empresas con menos de 50 empleos; mayor protagonismo para secciones sindicales en las negociaciones de las empresas y en los procesos de aplicación del convenio colectivo. Esta ampliación del derecho sindical (ius sindicalismo) se conjuga, además, con nuevas formulaciones de derechos laborales (ius laboralismo) en materias de tanta repercusión como, por ejemplo: a) derecho a la formación para todos los trabajadores y trabajadoras con independencia de la modalidad contractual, un derecho que se extiende, también, a las Empresas de Trabajo Temporal que estarán obligadas a facilitar la formación específica al personal b) las empresas de más de 250 trabajadores están obligadas a tener un Plan de Formación propio, concretado mediante la participación sindical en su elaboración y puesta en funcionamiento. [Para más información me remito a la web de la federación,
http://www.fiteqa.ccoo.es/fiteqa/] En apretada síntesis: se trata de un convenio de regadío porque, estableciendo el elenco general de derechos, poderes e instrumentos, no pocos de ellos deben articularse en los centros de trabajo en una síntesis feraz entre lo universal y lo particular.


Así están las cosas. Ahora se trata de que, por un lado, las secciones sindicales y las asambleas de delegados digan la suya y, por otro lado, la reflexión que el sindicato hermano, UGT, debe hacer sobre los contenidos concretos de este preacuerdo y dar el visto bueno a lo que (también ella) ha contribuido a conseguir.


Apostilla final. En algunas ocasiones he tenido la amable impertinencia de afear a los dirigentes de FITEQA sus pocas ganas de influir en la casa confederal en lo atinente a las prácticas contractuales. La respuesta de los amigos siempre fue una sonrisa ambigua. Reitero mi queja amistosa, especialmente en esta ocasión: el sindicalismo de regadío debe contagiar todo el vecindario
.



(1) El texto completo de la carta está en http://lopezbulla.blogspot.com/2011/10/las-cartas-secretas-del-banco-central.html


Radio Parapanda. Atención al portal del maestro Gabriel Jaraba, Jaraba Palace, en www.gabrieljaraba.com




















martes, 4 de octubre de 2011

OÍDO SINDICATOS: ¿CUÁNDO SERÁ EL DÍA?






Gabriel Jaraba y José Luís López Bulla


Los nuevos tiempos requieren una profunda reconsideración de las relaciones entre Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. De un lado, la profunda reestructuración de los aparatos económicos; de otro lado, los efectos devastadores de esta crisis, entendida como una serie de crisis superpuestas. Dada la adscripción de ambas organizaciones a las estructuras del sindicalismo mundial y europeo, ¿qué impide transitar con buen paso hacia la unidad sindical orgánica, esto es, a conformar un sindicato unitario en nuestro país? Transitar a buen paso no indica ir a tontas y a locas, ciertamente. Expresaría, eso sí, iniciar un itinerario de discusión de abajo para arriba con la voluntad de estructurar un sujeto social fuerte capaz de ir más allá de la suma aritmética de Comisiones y UGT. No sólo como instrumento necesario para encarar la tutela del conjunto asalariado, de los parados y pensionistas en sus diversas tipologías en estos tiempos tan ásperos, sino para dar un peso, aproximadamente suficiente, para compaginar la tutela con la propuesta de reformas dignas de ese nombre.




Entendemos que ya no hay motivos –ni históricos ni actuales— que impidan el planteamiento de la unidad sindical orgánica. Puede haber aprensiones personales, pero no razones de incompatibilidad sindical entre una y otra organización. Lo chocante del asunto que las condiciones objetivas indican la necesidad de esa unidad, mientras que la subjetividad de los grupos dirigentes de ambos sindicatos silba distraídamente en tono menor como haciéndose el longuis. O tal vez la explicación no sea otra que un cierto miedo a abrir lo que podría parecer una caja de Pandora. Mientras tanto, el sindicalismo se encuentra, así las cosas, en una especie de ventaja cesante: la que va perdiendo siendo como es en la actualidad por no atreverse a ser un nuevo sujeto social unitario. En definitiva, no es una propuesta a la defensiva sino una exigencia de nuevo protagonismo.


Convertirse en un nuevo sujeto social unitario es, además, un imperativo estratégico para todo movimiento sociopolítico que no se resigne a ostentar una representatividad circunscrita a un grupo, un sector, a una ideología incluso y, lo que sería peor, a un cierto placer estético-emocional de reconocerse cómplices entre quienes nos parecemos unos a otros. La razón de ser del sindicalismo confederal es su extensión general entre los asalariados. Y no solo a ellos, podría añadirse, sino a todos quienes participen de la idea de que el trabajo ha de ser la centralidad de toda sociedad democrática.


Estamos asistiendo ahora a una visión de lo que significa que el trabajo deje de situarse en la centralidad de las relaciones sociales: la suplantación de la democracia representativa por el mero poder de la economía financiera, la suplantación de la emprendeduría industrial por el capitalismo especulativo, la desarticulación del estado del bienestar y su consecuencia, eso es, la transformación de los ciudadanos titulares de derechos y deberes en súbditos sujetos al albur de los mercados. Ante este panorama, el sindicalismo debe ser algo más que resistencia. Sobre todo, porque no está solo en el rechazo a esta deriva. Otros actores sociales que se han erigido en protesta han mostrado algo más que mero rechazo: el movimiento 15-M ha reivindicado una práctica democrática real y una dignidad del ciudadano como sujeto democrático que solamente pueden hacerse realidad en la centralidad social del trabajo.


Un sindicalismo confederal general unificado sería mucho más que una organización más numerosa y fuerte. Sería un protagonista renovado en medio de los nuevos escenarios de las contradicciones sociales, que mostraría a los otros actores con todo su vigor el alcance socioeconómico de la reivindicación democrática del trabajo y lo que ello representa en términos culturales y de civilización. Pues un sindicalismo de esa guisa tendría también como misión establecer puentes –los está estableciendo ya—con los nuevos movimientos generacionales y culturales que se rebelan ante el imperio del dinero improductivo. Esos puentes no pueden estar hechos de oportunismo, ni siquiera de oportunidad necesaria, sino de la confluencia de visiones muy diversas, en las que la visión del derecho al trabajo debería confluir en hacer sindicalismo para los asalariados y para los por asalariar. Y para esa tarea hace falta mucho más que trabajadores encuadrados en organizaciones particulares, pero también mucho más que jóvenes ciudadanos movilizados en dinámicas policéntricas.


¿Alguien se atreve a soñar con irrumpir en las batallas del siglo XXI bajo la bandera de un flamante sindicalismo unitario? ¿Acaso este sueño no es mejor que mirar hacia otro lado mientras cae la que está cayendo? Y la que caerá…





sábado, 1 de octubre de 2011

EN CATALUÑA PASA QUE ...

Hay una opinión más o menos generalizada que afirma que las salvajes medidas (no acierto a encontrar otra calificación) que está tomando el gobierno catalán son improvisadas. Yo soy de otro parecer. Porque si dijera que son medidas a salto de mata estaría insultando la (poca o mucha) inteligencia de lo que Artur Mas calificara, con evidente exageración, el gobierno de los mejores. Pero de ahí a calificarlos de fautores de medidas atropelladas va una considerable distancia. Soy de la opinión que saben lo que hacen y por qué lo hacen. Primero, utilizan la antiquísima mecánica jurídica de la evidencia espectral, trasladada ahora al revés al ruedo político-institucional, en dos partes: a) son los mercados los responsables de las medidas que se toman; b) de paso aprovechamos la coyunda para afirmar que sólo y solamente el pacto del concierto fiscal, que siempre se no ha negado, podría poner coto a esta situación. Por si hay algún pazguato de grado medio, ahí está el doctor Mas-Colell, Consejero de Economía y reconocido exponente del lobby empresarial catalán, que se ha declarado partidario de la intervención de los capitales privados en lo público en una reciente conferencia en el Círculo de Economía y ha defendido lo que pudorosamente ha llamado “el replanteamiento del sector público” sobre la base de que los empresarios tomen la iniciativa en el sector público. Hasta donde yo sé es la primera vez que, desde la política, se hace un llamamiento tan contundentemente explícito a la invasión de los capitales privados en el sector público.


Lo cierto es, en todo caso, que nunca habíamos asistido a un frenesí tan extremista de medidas que, especialmente, agreden a los colectivos menos tutelados y menos protegidos. Lo que no quita, sino que presupone, un desaforado ataque, de momento, a la sanidad y la enseñanza. Las claras intenciones de todo ello son la extensión del abatimiento y la resignación y demostrar que el conflicto social no tiene salida; de manera que, así las cosas, nada se puede ante las dos caras de la disfrazada doble evidencia espectral. Ni siquiera las manifestaciones exasperadas de ciertos colectivos. Una muestra de tal exasperación fue la irrupción de unos centenares de manifestantes en los locales del Institut Català de la Salut, que fueron ocupados por breve tiempo.


Reconozco que es muy fácil ver las cosas desde la barrera. Pero no me resisto, incluso con vacilaciones, a opinar sobre algunas cuestiones que me parecen relevantes. Lo primero: si lo que prima es el chispazo minoritario, está cantada la derrota; de ahí la importancia de la manifestación que el sindicalismo ha convocado para el próximo jueves. Lo segundo: el chispazo puede guardar relación con la no suficiente representación del sindicalismo confederal en tales sectores; este es un asunto que lleva demasiado tiempo en barbecho, por lo que precisa una reflexión orgánica que trata de incrementar la adhesión estable (afiliación) a los sindicatos de estos sectores. Lo tercero: la presión sectorial, aislada de la contundente movilización global, conducirá al fracaso. Lo cuarto: preveo más dificultades si la negociación se aborda sector por sector, al margen de una negociación global.


Apostilla. Llamo la atención sobre la desgraciada importancia de las palabras de Andreu Mas-Colell. No estamos ya ante una ponencia académica ni ante la proclama de expertos de medio pelo. Ahora el mensaje viene directamente desde la política. Decir que no se atreverán sería, pues, tan exagerado como afirmar que lo conseguirán.


Radio Parapanda. LA ELIMINACIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO Y SU SIGNIFICADO EN ÉPOCAS DE RECESIÓN. HABLA CARLOS BERZOSA