lunes, 22 de abril de 2013

EL FUTURO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL "FACTOR DE SOSTENIBILIDAD"




Miquel A. Falguera i Baró. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.  



1. El denominado “factor de sostenibilidad” de la Seguridad Social hace tiempo que campa por sus fueros. Como siempre en los últimos tiempos, la palabreja nos viene de Europa. Entre otros países septentrionales, apareció primero en Alemania –cómo no-, aquella especie de harakiri al que en el 2004 se sometió el SPD (siempre culpamos a la Merkel de nuestras desgracias, pero a menudo se olvida que el ideólogo de las políticas de austeridad fue Schroeder: ahora, que vienen elecciones, aquélla se ha comprometido a subir las pensiones y las retribuciones de los empleados públicos y la socialdemocracia no levanta cabeza) El ya tradicional mimetismo de lo teutón –quien paga, manda- comportó que la eurocracia aprobara en fecha reciente el denominado Libro Blanco “Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles”, con el precedente del Libro Verde “En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros”. De esta manera, la exigencia de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social se ha convertido en otro mantra reiterado para la salida de la crisis. No en vano, los famosos mercados (siempre tan asépticos y exentos de ideología, preocupados sólo de la ley de la oferta y la demanda, como es público y notorio) exigen la hoguera pública, previo empalamiento, del Estado del Bienestar. Y así, el factor de sostenibilidad se ha acabado imponiendo. Ocurrió claramente en Portugal, pero es ésa una tendencia más o menos expresa en muchos de los países de la Unión.
También, en España. Ya el Informe de Evaluación del Pacto de Toledo de principios del 2011 se refería en forma reiterada a la sostenibilidad del sistema. Como también lo hizo el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, de 2 de febrero de 2011, que recogía ya en forma expresa el dichoso “factor de sostenibilidad” en los siguientes términos: “Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales”. Y, posteriormente, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social introducía en su artículo 8 una nueva Disposición adicional quincuagésima novena en la Ley General de la Seguridad que, bajo el epígrafe “Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social”, que venía regular un redactado prácticamente idéntico al de aquel Acuerdo tripartito, en los términos transcritos.

Asimismo, el artículo 18.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera contempla en forma expresa que “El Gobierno, en caso de proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones, revisará el sistema aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad en los términos y condiciones previstos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”.

2. Por su parte, el reciente R Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE de 16 de marzo) contiene una Disposición Adicional Novena, conforme a la cual “El Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, creará un comité de expertos independientes a fin de que elabore un informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo, en línea con lo previsto en la disposición adicional quincuagésima novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, introducido por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social”.

Aunque en la técnica legislativa española es muy frecuente esto de crear comisiones, realizar encargos al Gobierno, abrir procesos de concertación con los agentes sociales, etc. el hecho cierto es que la inmensa mayoría de ocasiones esas delegaciones quedan en nada. De esta manera, aunque el legislador es consciente que hay un problema que la Ley no aborda, delega su solución de futuro… a un futuro que prácticamente nunca llega (o lo hace muchos años más tarde). Que nadie se escandalice ni empiece a tirar piedras: también es ésa una inercia muy frecuente en nuestra negociación colectiva.

Sin embargo, en este caso el Gobierno ha cumplido los deberes impuestos. Y la pasada semana constituyó el legalmente reclamado Comité de Expertos. Eso sí, con una composición que mi amigo Joan Coscubiela acaba de criticar en términos muy duros, al considerar que está fuertemente mediatizada por la presencia de representantes de empresas bancarias y aseguradoras, afirmando, incluso: “La ministra ha encargado a los expertos de la Pepsi que le planteen la reconversión de la Coca-Cola”.

3. Pero, ¿qué diablos es eso del “factor de sostenibilidad”? Si uno lee la Disposición adicional quincuagésima novena de la LGSS se sume en un mar de dudas: parece, esencialmente, que se trate de analizar la edad de jubilación, en función de la evolución de la esperanza de vida de la población española. Y ante ello cabría preguntarse si para ese fin hace falta constituir una comisión de expertos.

Permítanme recordar que los famosos sesenta y cinco años tradicionales se fijaron hace casi cien años, en unos momentos en los que a esa edad el asalariado que llegaba estaba “hecho polvo”. Y no debe olvidarse que el retiro no es por definición más que una invalidez presunta: es decir, una hipótesis legal de que a partir de determinadas edades, por la evolución cronofisiológica de las personas, ya no se puede trabajar más. Sin duda que la evolución de la población, de las condiciones de trabajo y de vida y la salud de los ciudadanos han evolucionado mucho desde entonces, con grandes cambios a mejor. Ahora bien, les he de confesar que nunca he acabado de entender ese argumento actuarial de la evolución de la esperanza de vida y su impacto en el sistema de Seguridad Social: es obvio que un empleado de banca puede en muchas ocasiones trabajar hasta los setenta o más años (de hecho, la edad de jubilación de los jueces es ésa… aunque ya prevén ampliarla hasta los sesenta y tres); sin embargo, difícilmente un oficial de la construcción o un transportista puede seguir trabajando a los sesenta y cinco.  Paradójicamente el empleado de banca se prejubila (o mejor dicho, lo hacía hasta fecha reciente) poco después de los cincuenta, mientras que el currante de la construcción ha de esperar a tener la edad legal… Pero eso no parece que sean datos macroeconómicos valorables por los economistas.

Sin embargo, como sabe todo el mundo, detrás del “factor de sostenibilidad” hay más cosas. No se trata sólo de un progresivo retraso de la edad de jubilación, sino de una auténtica readecuación del modelo. Los economistas neoliberales, como los auténticos trileros que son, utilizan así en su jerga conceptos poco comprensibles para los ciudadanos de a pié: reformas no paramétricas, cuentas nocionales (han leído bien, no nacionales), etc. Lo que, si no me equivoco se pretende (en virtud de la experiencia europea comparada), es el establecimiento de mecanismos automáticos de adaptación de las pensiones en función de la evolución de la esperanza de vida, la situación económica y otros aspectos. Mecanismos automáticos que no requieran de cambios legales, con su correspondiente tramitación parlamentaria, sino únicamente de disposición gubernativa.

Una adaptación automática que afecte a dos vertientes. Por un lado, a las expectativas futuras de los trabajadores activos (esto es, la disponibilidad permanente de rango presumiblemente reglamentario de la edad mínima, de los criterios de fijación de la base reguladora, de los años requeridos para el acceso o del cómputo del período de cotización); por otro, un cambio tan o más significativo, afectante a lo que podríamos calificar como el “contrato de jubilación”, es decir, la certeza del beneficiario ya jubilado o incapacitado que la pensión inicialmente fijada por el Estado deviene inmutable y con unas concretas previsiones de incremento. Por tanto, una continua mutación del sistema de pensiones en función de parámetros económicos o actuariales que afecte tanto a las personas activas como a las beneficiarias de las pensiones.

En definitiva que en función de datos que se pretenden objetivos –tendencia poblacional, pirámide de población, situación económica, número de cotizantes, etc- la ley reguladora prevea ya mecanismos de ajustes automáticos de la futura pensión –edad mínima de retiro, período de carencia, porcentaje final, etc-, así como la ruptura del antes denominado “contrato de jubilación”: es decir, que el beneficiario conoce su pensión inicial, pero no puede saber su evolución respecto a incrementos futuros, al determinarse estos por elementos externos (no ya, el incremento del coste de la vida como ha sido práctica habitual en España, sino por el aumento medio de salarios, elementos actuariales de la población, evolución del PIB o de la productividad, etc) En otras palabras: un endurecimiento de las condiciones futuras de acceso a las prestaciones y de su cuantía y la posible afectación negativa sobre las que actualmente perciben ya los pensionistas. En definitiva, el pase de un modelo de Seguridad Social estático a otro en continuo cambio, en función de las circunstancias sociales y económicas concurrentes.

4. ¿Es mala la propuesta así planteada? Como sé que la primera conclusión que voy a exponer (y en relación a la hipótesis “en blanco” que hoy consta en la Ley) no va a gustar a muchos lectores me van a permitir que antes formule algunas reflexiones.
La Seguridad Social (así como el resto de mecanismos que conforman el Estado del Bienestar) no es otra cosa que la plasmación de la olvidada pata republicana de la “fraternidad”, que contra lo que se suele pensar no es equiparable a la solidaridad, sino el reconocimiento del derecho de cualquier ciudadano desde el momento del nacimiento a desarrollar todas sus potencialidades humanas a través de la garantía de unos mínimos vitales de dignidad aportados por la sociedad. Se trata del denominado “derecho a la felicidad” de una parte significativa de las Constituciones americanas –y también, de la Constitución de Cádiz-. Un concepto político, la fraternidad, claramente vinculado con el mito milenarista de la sociedad comunista del buen salvaje. Imagínense ustedes qué debían pensar los europeos colonialistas, recién salidos del feudalismo, cuándo descubren sociedades recolectoras primitivas en las que la propiedad es común y los ingresos se distribuyen en tres tercios (uno, para los gastos de la comunidad, otro para las personas productivas y otro, para las personas improductivas) De ese choque de civilizaciones surge el mito y de él, la fraternidad: es decir, el anhelo de readecuar las sociedades modernas a un modelo más comunitario como elemento central de civilidad. El retorno a una sociedad más justa, en la que las personas activas aportan parte de sus ingresos al mantenimiento de quienes por edad o enfermedad no pueden serlo.

Los sistemas de previsión social son patrimonio de la izquierda. Gremios a parte, cabrá recordar que en sus orígenes el sindicalismo no se diferencia de las sociedades de ayuda mutua, de tal modo que los afiliados aportan una cuota que garantiza unos ingresos en el caso de invalidez o de desempleo. Bismark recoge la idea y la dota de carácter público y garantía estatal, con la previsión de contribuciones de los empresarios a los fondos. Pero esos modelos no distan mucho de un contrato mercantil de seguro, aunque de carácter público. Por tanto, si uno ha cumplido con las condiciones fijadas en la póliza percibe la cantidad o pensión correspondiente si se actualiza el riesgo.

La Seguridad Social –la hija más bienamada del pacto welfariano- es otra cosa. El gran cambio que significa es que, sobre el papel, se moderniza el modelo de los tres tercios de las sociedades recolectoras primitivas. Es decir, que las personas económicamente activas aportan una parte muy significativa de sus ingresos (en el caso de los trabajadores –los autónomos son, en general, otra cosa-, más de un tercio de su salario íntegro, incluyendo las cotizaciones empresariales) al mantenimiento de los ciudadanos que no pueden trabajar por causas ajenas a su voluntad. Y todo ello comporta que, muy aproximadamente, un quince por ciento del PIB anual del Estado español se dedique a la Seguridad Social.

La Seguridad Social, por tanto, no es un contrato de seguro, en el que (sin el mutuo acuerdo de las partes) una vez suscrito no se pueden cambiar las condiciones o, una vez acaecido el riesgo pactado, no se
pueda modificar la prestación correspondiente. Por el contrario: la Seguridad Social es un modelo en el que, como se ha dicho, las personas activas aportan un tercio de sus teóricos ingresos al sostenimiento de las que no pueden serlo.

5. De esta forma el modelo estático vigente comporta, al menos en momentos de crisis como los actuales, evidentes distorsiones. En tanto que las personas activas son menos y aportan menos, hay menos a repartir. A lo que cabe sumar que eso de la inversión de la pirámide de población y su posible evolución no es una conjetura (aún no siendo un problema actual).

Sin embargo, hasta la fecha esos escenarios negativos han sido generalmente abordados por el legislador con medidas restrictivas de futuro. Es decir, haciendo más complejo el acceso a las prestaciones ex post y estableciendo regulaciones legales que predeterminan unas menores prestaciones también en el futuro. Por el contrario, los actuales pensionistas apenas han sufrido ninguna afectación negativa (al margen de la conocida tendencia a la disminución de ingresos por la evolución temporal) Es cierto que llevan cuatro años con incrementos anuales por debajo del IPC (con aumentos “0” un año y del 1 por ciento en el resto), así como sin actualización posterior en el presente año. Ahora bien, me permitirán una reflexión: un empleado público que gane 1000 euros mensuales –una buena parte de los mismos- percibe hoy casi una quinta parte menos que hace cuatro años, no ha tenido ningún incremento –al contrario- en todo ese período y no ha percibido la última paga. Ahora comparen esa situación con la de un jubilado con una pensión de 2000 euros mensuales (cuya pensión no se ha reducido, ha tenido incrementos mínimos, inferiores al aumento del IPC pero con actualizaciones salvo el año actual y percibiendo las pagas íntegras) ¿Alguien me puede dar una explicación lógica para que aquél empleado público –o el de una empresa privada en crisis- tenga que padecer esos recortes, mientras que las personas que perciben pensiones que aquél paga no los experimenten?

Por supuesto, no estoy diciendo que las pensiones bajas tengan que ser más bajas. Pero me parece lógico que las pensiones altas deberían tener una proporción adecuada con las reducciones de ingresos que experimentan los cotizantes. Y ya sé que con esta afirmación me caen cogotazos (y me someto al riesgo de censura del editor del blog, que, como es notorio, es pensionista).
La lógica actual, en definitiva, está comportando una muy evidente ruptura de la solidaridad intergeneracional. Muchos jóvenes ven el actual modelo de reparto como injusto: ellos siguen aportando una tercera parte de sus menguantes ingresos para las personas actualmente inactivas, mientras que sus futuras pensiones van a ser mucho menores y más duras que las actuales, con el agravio comparativo de que el hijo cobra menos que hace unos años, lo que no le ocurre al padre pensionista.

6. En ese caldo de cultivo gana terreno la demagogia. La gana, en primer lugar, en el terreno de la política. Todos los denominados profesionales de la política son los más firmes defensores de la Seguridad Social sobre el papel. Siempre están con eso de “las pensiones, ni tocarlas”, pero no ofrecen reflexiones de modelo. Y me van a permitir aquí una afirmación cabreada: a lo que aspiran –y no me refiero obviamente a los pocos políticos que sinceramente defienden los intereses populares- es a gestionar en forma directa un quince por ciento del PBI y a controlar los ingresos de una tercera parte de la población. En definitiva, a tener la llave de la caja de las aportaciones económicas de las personas activas.

¿Exagero? Permítanme una reflexión: conforme al artículo 149.1,17 de la Constitución, el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de “Legislación Básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas”. De su redactado se difiere que la gestión en la materia podría ser traspasada a éstas (en plata: INSS autonómicos) Sin embargo –y salvo algunos redactados históricos puntuales, sin concreción práctica- el Estado central jamás ha aceptado dicho traspaso, con la excepción de las prestaciones residuales de tipo asistencial. Les recuerdo el ruido –y los virulentos artículos publicados- en relación al Estatuto de Autonomía de Cataluña y el texto aprobado por el Parlament… ¡se rompía la unidad de caja! (como si el reconocimiento de una gestión descentralizada afectara para algo a la unidad de caja) En definitiva, las renuencias en la materia venían de otra causa: del temor del poder central a perder el Poder (ya sé que está escrito con mayúscula) que significa el control de la Seguridad Social. En esa tesitura, ¿a alguien le extraña que el trato diferenciado entre el empleado público mileurista y el pensionista bimileurista?
Hablar en serio de pensiones parece ser algo imposible con nuestros políticos una vez están en el poder o esperan estarlo.


7. La falta de la didáctica de la política comporta que también los ciudadanos tengan una percepción equivocada de qué es la Seguridad Social. Hace unos meses, en una de las escasas ocasiones en las qué veo la televisión –si no recuerdo mal, estaba griposo- hacía zapping. Y en esas pillé un debate sobre solidaridad intergeneracional. En él una señora ya jubilada con bastante repercusión mediática, con quién en su día compartí militancia política, mantenía un acalorado debate con un jovenzuelo. Éste le espetó que él le pagaba la pensión. Y la susodicha afirmó algo así como que la pensión se la había pagado ella cotizando toda su vida laboral. Y debo decir que la referida señora había sido catedrática de Economía.

El error conceptual de la jubilada era evidente. Ella no se había pagado la pensión –lo que si ocurriría en un sistema de seguro privado-: lo que había hecho a lo largo de su vida laboral era aportar una parte de sus ingresos para pagar la pensión de los ciudadanos no activos; de la misma forma que ahora el jovenzuelo lo estaba haciendo con ella.

¿Cómo resituar el debate sobre la solidaridad intergeneracional en un marco en que la didáctica de la política ha desaparecido y nadie explica a los ciudadanos que la Seguridad Social no es un seguro, sino una muestra de la fraternidad como valor democrático?

8. Mas tengo para mí que esa demagogia política y mediática esconde algo más. Quién sale beneficiado en ese terreno son los interesados en desmontar el modelo solidario de Seguridad Social y privatizarlo. Es decir, las entidades financieras que pretenden gestionar ese quince por ciento del PIB. Ya les va bien que nadie plantee una reflexión de fondo sobre el modelo de Seguridad Social, la demagogia de los políticos y, especialmente, la ruptura de la solidaridad intergeneracional (por tanto, que los jóvenes vean sus cotizaciones como dinero perdido).

Plantear un debate serio, riguroso sobre la Seguridad Social no les interesa, porque a lo que aspiran es a que su futuro pase por sus arcas.
Hace ya muchos, muchos años, que cada pocos meses surgen análisis (generalmente, pagados por entidades financieras) de especialistas económicos poniendo en evidencia que el modelo de Seguridad Social no tiene futuro. Pongamos algún ejemplo: Hace casi 18 años en La Vanguardia del día 7 de octubre de 1995 se publicaba un artículo (en dos páginas: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1995/10/07/pagina-4/33811742/pdf.html y http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1995/10/07/pagina-5/33811743/pdf.html) que constataba cómo una serie de estudios “científicos” ponían en evidencia que el modelo de Seguridad Social español no soportaría el cambio de siglo: es decir, que hace más de un decenio que el sistema debería haber quebrado. Uno de dichos estudios había sido elaborado por el señor José Manuel González-Paramo. Dicha persona ha sido, amén de catedrático de economía, el último español que fue consejero del Banco Central Europeo y, en su momento, sonó como Ministro de Economía del actual Gobierno y como sustituto de MAFO en el Banco de España. Entre sus predicciones científicas más recientes cabrá reseñar que en noviembre de 2011 afirmaba sin ambages que “parte del sistema financiero español sigue en la 'Champions”, o que “ninguna entidad española necesita aumentar adicionalmente su capital cuando se toman en cuenta elementos para la absorción de pérdidas como las provisiones genéricas o los bonos obligatoriamente convertibles”. Y, por supuesto, hallarán en la Red una multitud de artículos de dicho cátedro clamando contra las rigideces del mercado laboral español.
Una buena prueba del porqué de lo que está pasando.

Pues bien, no sé si es una sensación mía, pero últimamente estos sesudos estudios sobre el fin inevitable del modelo de Seguridad Social no aparecen con tanta frecuencia como antes. No creo que se deba a la constatación de que el modelo alternativo privatizado, el de fondos y planes y pensiones, ha aguantado mucho peor que el público la crisis (y si no, que se lo pregunten a los argentinos y chilenos o a los miles y miles de pensionistas de otros países sumidos en la miseria por la bancarrota de esos fondos… aunque es ésa una realidad que, insólitamente, no aparece con frecuencia en los medios de comunicación) Probablemente, la razón de esa ausencia de aportaciones científicas obedezca a otra cosa: al hecho que, esta vez sí, el modelo de Seguridad Social está en crisis.

Pero no lo está tanto por la inversión de la pirámide de población u otros datos actuariales. Lo está porque la economía está en crisis, porque uno de cada cuatro ciudadanos activos no tiene empleo, porque las empresas no pueden acceder a crédito debido al estado de nuestro sistema financiero (lo que resulta un tanto sorprendente, si se tiene en cuenta que apenas hace un año y medio una parte del mismo jugaba la Champions) Porque, en definitiva, hay hoy muchas menos personas activas y, las que lo están, tienen menores ingresos para aportar a la caja común de las pensiones, mientras que se incrementa el gasto.

9. En ese marco me van a permitir –no me tiren piedras- que afirme que hablar en serio de un factor de sostenibilidad que no cargue la situación y los efectos futuros de la Seguridad Social únicamente sobre los trabajadores activos no parece una solución descabellada. Otra cosa, muy diferente, es que aprovechando lo del Pisuerga y vista la composición de la comisión de expertos las posibles soluciones que salgan de la misma no sean otra cosa que una apuesta más o menos larvada por el desmantelamiento de la Seguridad Social pública. Es más, no deja de ser paradigmático –en relación a la demagogia política sobre las pensiones que antes denunciaba- que un aspecto tan crucial como éste se sustraiga del debate ciudadano y social y se encomiende, de entrada, la función a una comisión de expertos.
Pero en todo caso, no parece descabellado pedir esfuerzos a los pensionistas con rentas altas, de la misma forma que los están sufriendo los trabajadores activos. Porque en los antiguos clanes que vivían de la agricultura cuando había una larga etapa de sequía, los tres tercios se reducían en proporción y no sólo se daban menos alimentos a los miembros que trabajaban los campos.

10. Dicho lo cual –y dolorido aún por la lapidación de la que estoy siendo objeto- creo que no basta con hablar de factores de sostenibilidad, al menos, desde la izquierda. Hace falta algo más, empezar a hablar en serio y en forma reflexiva sobre el modelo de Estado del Bienestar y de Seguridad Social que, desde la fraternidad republicana, se plantea a los ciudadanos. Porque lo que ya no vale es ir poniendo remiendos y parches, sin alternativa plausible… porque esos remiendos y parches no hacen otra cosa que cargar de argumentos a los promotores de la privatización y porque afectan a la solidaridad intergeneracional.

Y permítanme algunas consideraciones al respecto.

En primer lugar, creo que no sería descabellado proponer elevar a rango constitucional un porcentaje mínimo de gasto social en materia de prestaciones, que no pudiera ser rebasado a menos por el Gobierno de turno. ¿No se hizo acaso lo contrario en materia de déficit de las Administraciones públicas en la modificación del artículo 135 CE en aquel oprobioso agosto de 2011? Pues bien, si el cacique del clan no puede endeudarse para pagar los gastos comunitarios parecería lógico que también se le exigiera que siguiera manteniendo el tercio dedicado al mantenimiento de los miembros no activos del clan. Es decir, que la Constitución garantizara que, aunque las cosas vayan mal, hay un porcentaje del PIB que no puede rebajarse a la baja. Si alguien hace una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular, prometo firmarla (aunque visto el resultado final de dicho mecanismo mejor no perder el tiempo en ello)
Porque el dichoso factor de corrección no sólo debe operar para quitar ingresos, sino también para asegurarlos. Por tanto, poner en evidencia que aunque ahora que las cosas van mal se recortan ingresos de pensionistas actuales y futuros, cuando vayan bien –si van algún día- se ampliarán.  Porque, en definitiva, a los ciudadanos y ciudadanas se les están pidiendo esfuerzos sin contrapartidas futuras. Es más: se diseña un futuro en el que habrá más desigualdad. Y es obvio que nadie se esfuerza si es a cambio de nada. Así resulta imposible salir de una crisis.

En segundo lugar, quizás no estaría de más repensar los mecanismos de financiación de la Seguridad Social. Porque resulta que un trabajador o un autónomo con pocos ingresos aporta proporcionalmente mucho más que otro con grandes ingresos. Replantear los límites de cotización máxima, los porcentajes aplicables a la base de cotización en función de los ingresos y readecuar, en base a los beneficios obtenidos las aportaciones de los autónomos, podría significar la aportación de mayores ingresos a las depauperadas arcas de nuestra Seguridad Social. Y ello por no hablar de una reforma del sistema fiscal… el gran tabú de nuestra sociedad: ¿o es que las rentas del capital son por definición ajenas a lo que se debe aportar para el sustento del tercio de sociedad improductivo? (si así consta en algún mantra neoliberal pido mis más sentidas excusas). 

Y tercero, ¿porqué no empezar a plantearnos superar el actual modelo de Seguridad Social y de previsión accesoria? (dejando aparte la sanidad, que come aparte)  Repasemos el actual paradigma.

Así, existe una gran parte de los elementos de previsión social vinculados con el Estado del Bienestar de nivel contributivo, la Seguridad Social no asistencial, directamente relacionada con las aportaciones de los ciudadanos productivos para aquellos otros que también lo han sido. Nivel en el que no se exige ningún estado de necesidad –basta con haber aportado- pero con situaciones aberrantes en determinadas prestaciones (así, en caso de matrimonio cualquier cónyuge supérstite tiene derecho a la pensión de viudedad, aunque sea millonario, mientras que a las parejas de hecho se les exige que el miembro sobreviviente dependiera económico del fallecido). 

Junto a ello existe un mínimo e irrisorio nivel de Seguridad Social no contributivo que debería salir de las aportaciones fiscales, pero que en parte sigue siendo sufragado aún hoy vía cotizaciones  A lo que cabe añadir muchas otras prestaciones desperdigadas: Renta activa de inserción –a cargo del gobierno central-, rentas mínimas en múltiples Comunidades Autónomas, prestaciones inconexas y sin coherencia interna para personas discapacitadas, toda la –menguante- cobertura de las situaciones de dependencia (en competencias repartidas entre el Estado central y las Comunidades Autónomas), los precarios sistemas de asistencia social –en manos de las Comunidades Autónomas-, dispersas y menguantes ayudas familiares, etc . Y añadan a ello la existencia de una variedad de prestaciones diversas en alguna Comunidad Autónoma, como aportaciones complementarias para determinadas prestaciones de la Seguridad Social, ayudas a específicos colectivos, etc. (y no puedo dejar de señalar que, paradójicamente estas ayudas económicas son mayores en las denominadas Comunidades Autónomas “pobres” que en las “ricas”… esto es: los ciudadanos de menores ingresos en aquéllas tienen mayores ayudas que los de éstas…) Y seguro que me dejo otras coberturas públicas.

¿Por qué no sistematizar todas estas prestaciones deshilvanadas, sin articulación interna y, a veces, contradictoria? Se trataría, en definitiva, de establecer claramente que en cualquier estado de necesidad real existen unos ingresos mínimos, vinculados en armónicamente, de tal manera que nadie quedara sin esas rentas de subsistencia, junto, por supuesto, con una mayor nivel de cobertura para las personas que han sido económicamente activas –que han aportado a la caja- a lo largo de su vida laboral, sea ésta más o menos extensa.
Y no estoy abrogando –en el discurso en boga en algunos sectores, no sólo conservadores- por la recentralización de esta materia. Por el contrario, no existiría ningún impedimento para que ese tratamiento unitario de todas las prestaciones articuladas se descentralizara siempre y cuando existiera una normativa común.
Con ello todos los ciudadanos sabrían que, fuera lo que fuera lo que les deparara la vida, tendrían una mínima cobertura del resto de la sociedad. Algo similar, pero no idéntico, a la propuesta de renta ciudadanía (al menos, en los términos que se propone por el sector más radical).

11. Por tanto, cabrá adecuar el sistema de Seguridad Social a la situación de crisis, y no sólo traspasar las consecuencias de ésta a las personas activas. Ahora bien, también habrá que garantizar el mantenimiento del modelo, asegurando una aportación social digna a los ciudadanos en relación a la situación económica. Habrá, por tanto, que replantear la fraternidad como valor societario.

Y ello comporta, desde mi punto de vista, un debate sosegado entre las fuerzas políticas y sociales democráticas (es decir, aquéllas que no creen sólo en la libertad, sino también en la igualdad y la fraternidad) y entre la ciudadanía. Sin miedos y sin apriorismos.

Esa es, desde mi punto de vista, una necesidad urgente si no queremos romper la ya frágil solidaridad intergeneracional y a efectos de resituar la solidaridad social en el centro del imaginario colectivo, huyendo del individualismo y del sálvese quién pueda (y cómo pueda). Porque lo otro, la demagogia en el discurso de la politiquería, eso de “hay que recortar, pero lo mío que no me lo toque”, los corporativismos, nos llevan a un callejón sin salida, al fondo del cual nos están esperando unos que sueñan con un mundo de tiburones, no de seres humanos fraternales.

3 comentarios:

Miguel Vicente Segarra Ortiz dijo...
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Miguel Vicente Segarra Ortiz dijo...
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Miguel Vicente Segarra Ortiz dijo...

buena reflexión
http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/