miércoles, 28 de noviembre de 2012

EXPULSAR LA POBREZA DE NUESTRAS VIDAS


Hèlios López Roig



Creo que históricamente ha sido una gran tarea pendiente y hoy todavía lo es más. Lo condenso en: Yo Quiero expulsar la pobreza de mi vida, de las personas y las familias de mi comunidad de vecinos, de mi calle, de mi barrio, de mi centro de trabajo, de mi escuela pública, de mi ciudad, de mi país, del mundo, pero no dispongo de ninguna varita mágica y tampoco desearía tenerla en mis manos. Yo Quiero encapsular toda la miseria y lanzarla como una piedra sin retorno a los confines del espacio sideral, pero no tengo el suficiente impulso, y además, desconozco por completo el método, la fórmula, la tecnología y las herramientas a emplear. En todo caso, creo que en esta gran y central tarea y como también con otras pendientes, nos toca, nos concierne seguir manteniendo impulso, lucidez, habilidad, creatividad al mismo tiempo que entretejemos fuertes y constantes vínculos y sentimientos entre personas y generaciones para mejorar las condiciones de vida y trabajo en nuestras Ciudades del Trabajo y del Saber que entre todos hemos construido.

Para documentarse de forma fundamentada sobre las principales causas, las evidentes consecuencias y las diferentes respuestas de combate cultural, social y colectivo al fenómeno de la pobreza en España, ustedes pueden encontrar un libro magnífico de reciente aparición que merece atención, lectura, notas y apuntes complementarios para elaborar reflexiones y extraer algunas conclusiones que nos sean útiles para comprender la naturaleza y los movimientos de este monstruo. El trabajo se titula “Socialización de la pobreza en España. Género, edad y trabajo en los riesgos frente a la pobreza” de Ángel Belzunegui (coord.), Icaria Editorial, año 2012.

La mirada sobre la pobreza nos refleja el estado de salud de los lugares sociales que esta alimaña ocupa e invade, dejándolos arrasados, deteriorados, precarizados e indignos para el provecho vital de los colectivos, las familias y las personas. El libro arranca describiendo que la pobreza es un fenómeno social total; pertenece a ese tipo de fenómenos que abarcan diversas dimensiones de lo social: la económica, la relacional, la simbólica, la cultural y la política. “Estar en” o “padecer” una situación de pobreza es habitar los lugares sociales de las pobrezas, aunque parezca una tautología. Al estado de pobreza se le asocian, en diferente grado, las situaciones funcionales de vulnerabilidad, de riesgo y de privación, que soportan las personas que denominamos pobres.

En otro extremo, los ricos y los megaricos son la reducida y finísima capa social de familias e individuos que habitan lugares sociales dorados y de prestigio. Situados en lo más alto de la pirámide social, donde gozan de una privilegiada posición de poder, influencia e independencia. Concentran y disponen de propiedades, rentas del capital, fondos de inversión, fondos de pensiones que mueven y multiplican fácilmente con operaciones y transacciones de alcance global. Alcanzan y acumulan una alta y eficaz capacidad extractiva de la energía, los bienes y los conocimientos generados y producidos en la Ciudad del Trabajo y del Saber. Una posición supuestamente garantizada por su talento, su acceso y dominio corporativo y elitista de las diversas y bien ensambladas dimensiones, estructuras y esferas de la cultura y el ámbito social: La económica en el sector industrial, de servicios y financiero. El relacional con el despliegue de los lobbies y los filtros sanitarios necesarios a cuerpos extraños a sus intereses y amistades. La simbólica con la edificación de una ideología neoliberal, siendo el parné el totem central de la plaza, el triunfo de las burbujas especulativas, la veneración a productos gallinaceos, una cornucopia de artefactos que utilizan el márketing como el perfume gaseoso que eleva y seduce a todo mortal a comprar, la exaltación y mimetización de personajes gelatinosos, espumosos de caspa y brillantina que se exhiben y son encumbrados a referentes de éxito efímero y espacios de lujo vedados, a clubs y marcas selectas y exclusivas. La cultural con la adhesión a estilos de vida superficialmente elitistas que son la ensoñación fantasiosa de pertenecer a un grupo de más status social que gana terreno en adquisiciones y servicios, a espacios de placer, a oasis paradisíacos antes reservados a una minoría, desegmentandose de su clase social. La mediática con la imitación de formas de consumo conspicuo y comportamientos banales. La política como espacio que está restringido a unos dirigentes profesionalizados, superentendidos, de carrera brillante y modélica que escenifican públicamente y de forma ortopédica y mendaz la garantia y la tutela del interés general y el buen funcionamiento de los servicios públicos pero velan con lupa por su interés corporativo y particular, sabiendo jugar sus cartas marcadas. Se envuelven en mantos simbólicos, reconstruyen mitos y espíritus fundacionales y se bunkerizan en instituciones inviolables, tratados internacionales, constituciones y en marcos legales y jurídicos que eliminan y torpedean derechos conquistados. No dudan demasiado en desarrollar un programa con una gran batería de medidas para un nuevo régimen que no es más que una nuevo y alicatado modelo de país pre-democrático, utilizando cuando sea preciso el arsenal de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del estado. Se trata de infiltrarse, domesticar, contener, disuadir, disolver y reprimir a los aguerridos bárbaros que se manifiestan con toda razón contra la sinrazón, situados en las plazas populares y fuera de este elevado castillo fortaleza. No hace falta rendir cuentas de nada y ante nadie. Lanzan mensajes que cualquier intento de re-conquista es vano, ilusorio, irresponsable y contraproducente a la estabilidad del sistema, de la democracia, del orden social, del status quo, de los mercados, etc.

Habitar los lugares sociales de las pobrezas no es solo ocupar un lugar vacío de narrativa: Es quedarte sub-subalterno. En este país se ha fundido el ascensor social y no está previsto repararlo o encargar uno nuevo. El bienestar de las familias y las personas ha descendido gradual o en caída libre y se permanece en estos lugares de forma crónica, contrayendo una pérdida de identidad, un sentirse a la intemperie, un los lunes al sol desamparado, sumergido y enfermo, sin poder de maniobra, expuesto a inclemencias encadenadas, a factores y a fuerzas externas incontrolables que empujan el seguir rodando y descendiendo precipitadamente hacia un valle desértico de recursos, de oportunidades y esperanzas. En cambio, habitar los lugares sociales de las riquezas es más que ocupar un lugar lleno de narrativa: Es formar parte de un núcleo relevante, fértil, sólido, merecido y de poder, un sentirse pletórico en lo alto de una cumbre llena de manantiales y en la que se divisa un horizonte prometedor de logros y beneficios, despejado de penas y amenazas y libre de hacer y deshacer.

Este libro cita la emergencia de un nuevo régimen de marginalidad avanzada alimentada por la inestabilidad estructural del trabajo asalariado, el retroceso del Estado Social y la concentración, en distritos desprestigiados, de sectores desprovistos de una lengua compartida que les permita forjar una identidad común y afirmar reivindicaciones colectivas. Esta concentración y aislamiento es producto de un proceso activo de desidia institucional y de segregación favorecido por la descomposición avanzada del sector público.

Como escrito y vivido hace más de cuatro cientos años: “Algo huele mal en Dinamarca...”. Como escrito y vivido hace más de quinientos años: “Avive el seso dormido y despierte...”

Como escrito y vivido hace unos años por el cantautor catalán Francesc Pi de la Serra en esta conocida canción:

EL HOMBRE DE LA CALLE

A este hombrecillo que todo lo hace bien,
que siempre camina, que siempre camina,
a este hombrecillo que nada puede hacer,
lo llamaré desde ahora el hombre de la calle.

Nunca se levanta tarde, se afeita muy bien
-la patilla izquierda, la patilla izquierda-,
desayuna una pizca, porque no tiene más;
mirad si lo hace bien el hombre de la calle.

Saca un cigarrillo, ¡ay no!, que no tiene,
cuando fuma es de gorra, cuando fuma es de gorra
los amigos, si lo ven, se hacen los distraídos...
¡qué poco fumarás, hombre de la calle!

Baja en ascensor, ¡ay no!, que no tiene,
camina deprisa, camina deprisa,
en el rellano de abajo, encuentra a Roser,
te pones colorado, hombre de la calle.

La mujer no lo sabe, ¡ay no!, que no tiene,
¡qué mal pienso!, ¡qué mal pienso!,
se le murió, ya ni sabe de qué;
eso es un pecado, hombre de la calle.

Abre su cochecito, ¡ay no!, que no tiene;
no tiene una peseta, no tiene una peseta,
no quiere cambiar el último billete...
¡ya ves qué papel, hombre de la calle!

A pie va al trabajo, de eso sí que tiene;
mucho menos querría, mucho menos querría,
si no hay dinero, tampoco hay Roser...
¡lo tienes muy crudo, hombre de la calle!

Le duele la cabeza, ¡ay no!, que no tiene;
antes la tenía, antes la tenía;
un día la perdió y no la encontró más...
no tienes nada de nada, hombre de la calle.

martes, 27 de noviembre de 2012

DE LAS TASAS JUDICIALES. 8 tesis


Miquel A. Falguera i Baró. Magistrado Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

1. Las tasas judiciales no son nada nuevo. Son algo muy antiguo. Algo así como el denominado neoliberalismo, que tampoco tiene nada de novedoso.

De hecho, su antecesor, el arancel judicial,  es anterior al concepto del Estado moderno: en la etapa anterior a la instauración de los sistemas constitucionales actuales la justicia se financiaba a través de los mismos. El juez y su personal cobraban sus servicios de los justiciables a través de dicha vía. Y es obvio que ello abría un enorme boquete de agua en la imparcialidad de su actividad.

En la práctica las tasas judiciales desaparecieron en España en 1987 con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su desarrollo reglamentario, y con ello se suprimió una fuente de corruptelas. Sin embargo, la absoluta gratuidad del costo del funcionamiento de la justicia para los ciudadanos pronto se vio matizada, con toda una serie de normas que, en los distintos órdenes jurisdiccionales vinieron a implantar, de nuevo, las tasas judiciales. Pero, esta vez, con una filosofía distinta: ya no se trataba tanto de que el justiciable aportara dinero por acceder a la justicia, sino de instaurar mecanismos de compensación social, de tal manera que aquellos justiciables que más litigaban, en relación a procesos generalmente muy complejos y reiterados –esencialmente, las grandes empresas- contribuyeran a los gastos que con ello se generaban que, en buena lógica del Estado social y democrático de derecho, no tenían porqué ser soportados por todos los contribuyentes (en una tendencia existente en prácticamente todos los países europeos).

Por tanto, como el colesterol, existen tasas judiciales malas y buenas. Las malas son aquellas que se imponen a todos, con independencia de sus rentas, y que tienen una única finalidad recaudatoria: en plata, se paga por acceder a un servicio público esencial como la Justicia. Las buenas, las que gravan el abuso de los poderosos que son, con mucho, los causantes de un mayor número de pleitos largos y complicados, generando con ello un mayor gasto al Estado y, en muchos casos, las demoras solutorias.

Las tasas “malas”, por ser universales y afectar a todos los ciudadanos con independencia de su renta y de la complejidad del asunto y la reiteración de pleitos, repugnan de entrada a la más mínima sensibilidad democrática. Y ello porque se trata de pagar por acceder a un derecho fundamental como el de tutela judicial efectiva (en una lógica extensible a otros supuestos, como por ejemplo la sanidad o la educación) Pero también, porque se trata de hacer pagar por el acceso a uno de los poderes –y servicios- que conforman el núcleo esencial del Estado moderno.

2. Contra aquello que muchos piensan la justicia no ha sido nunca gratuita. En efecto, el justiciable ha de hacer frente a una serie de gastos. En primer lugar, debe pagar  su defensa procesal –esencialmente, abogado o, en su caso, procurador-, salvo que goce del beneficio de justicia gratuita y se le haya encomendado un abogado de oficio en supuestos de pobreza –que la ley limita a las personas que en su unidad familiar no superen el doble del salario mínimo interprofesional (esto es, 1282,80 euros mensuales, aunque advierto que, si ése es su caso, no podrá elegir abogado, asignándole uno de oficio por el correspondiente Colegio de Abogados) En segundo lugar, hay una serie de gastos a los que la persona que recaba el derecho a la tutela judicial efectiva ha de hacer frente, esta vez derivados de la propia actividad judicial –inserción de anuncios, peritajes, copias y certificaciones, etc.-, de los que el justiciable que goza del privilegio de justicia gratuita también está exento. Y, por último, el ciudadano que accede a la justicia ha de abonar las costas judiciales de la contraparte en el caso de que pierda el juicio –lo que en la jerga procesal se denomina el principio del vencimiento-. A lo que cabe añadir que, si recurre, debe asegurar la cantidad a la que ha resultado inicialmente condenado y, además, abonar depositar una cantidad adicional, de objeto disuasorio, que sólo recobra en el caso que el recurso prospere (el depósito). 

Sin embargo en el ámbito laboral rige históricamente el principio de gratuidad de funcionamiento del aparato judicial. Ocurre así desde las Leyes de Tribunales Industriales de 1908 y, especialmente, de la Ley de Organización Corporativa Nacional de Primo de Rivera –el claro precursor de las normas procesales del orden jurisdiccional social-. Lo que ocurre es que se trata de una gratuidad compleja y no absoluta. Así, las partes –salvo que gocen de justicia gratuita- han de pagar sus gastos de defensa y, por tanto, el abogado y, en su caso, el perito que aporten como prueba de parte al juicio. Y también deben hacer frente tanto a las costas procesales por la asistencia letrada de la contraparte si plantean recurso (no, en la primera instancia, como en otras disciplinas jurídicas) y lo pierden, como respecto a los depósitos para recurrir. Pero, y ésta es la singularidad laboral, la Ley excluye de cualquiera de estos últimos gastos y responsabilidades a los trabajadores y a los beneficiarios de las prestaciones de la Seguridad Social. Y desde la reciente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, también gozan de dichas exenciones los sindicatos y asociaciones empresariales (lo que en buena medida había sido ya establecido por la jurisprudencia) Se puede contemplar como la Ley procesal laboral discrimina en sentido negativo a los empresarios a favor de los trabajadores. Un trato diferenciado que fue en su momento validados por el Tribunal Constitucional, por entender que se trataba de una compensación de la situación de desigualdad en el contrato –y en las rentas- en que se encontraban empleadores y asalariados.

Por último, cabrá indicar que el resto de gastos que se generen por la actividad judicial en el orden social son gratuitos: las partes no deben pagar nada por el hecho de pleitear en cuanto a los gastos que la oficina judicial genera en su litis. Reitero: ello ha sido así desde los albores del Derecho Procesal del Trabajo.

3. La Ley 10/2012 ha venido a romper ese modelo. En todos los ámbito, pero especialmente en el proceso social.

Aparentemente, el modelo jurisdiccional social sigue más o menos incólume: por tanto, el trabajador y el empresario deben pagar a su abogado y, en su caso, al perito, el proceso en el primer grado jurisdiccional les resulta totalmente gratuito, el empresario –no, el trabajador- debe consignar y depositar para recurrir y si el empresario ve desestimado su recurso debe pagar, dentro de unos límites legales, los gastos de letrado del asalariado. Pero en esas reglas se añaden otras nuevas: las partes, en principio, deben pagar tasas para recurrir (y hago aquí en especial énfasis: en el ámbito laboral sólo para recurrir) Así, si el recurso es de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, la tasa asciende a 500 euros y si es de casación ante el Tribunal Supremo, a 750 euros; cantidades a las que se debe añadir, además, un 0,25 % de la cuantía (o un 0,5 % si ésta supera el millón de euros, cosa infrecuente en el ámbito laboral) Cabe observar que en la tramitación parlamentaria se ha incluido la previsión de que si recurre el trabajador “sólo” deberá abonar el cuarenta por ciento; dicha previsión no estaba contemplada en el texto inicial y alguien hizo observar que el trato igualitario entre empleadores y asalariados podría resultar contrario a la doctrina constitucional a la que antes se ha hecho referencia.

Sin embargo, pese a ese añadido posterior, el hecho es que si un trabajador pierde una demanda en la que postulaba una cantidad de, por ejemplo, 10.000 euros deberá pagar una tasa para interponer el recurso de suplicación, en cuantía de 210 euros (salvo que tenga reconocido el derecho de justicia gratuita) Y si también el Tribunal Superior de Justicia le desestima su pretensión y quiere acceder a la casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo deberá abonar, además, otros 310 euros.

A ello se suma que, en muchos casos, en el ámbito social la cuantía del pleito es indeterminada –piénsese, por ejemplo, en una demanda de reconocimiento de derecho-. Ahí, para recurrir, a la cuantía fija inicial de 200 y 300 euros de los trabajadores, la ley imputa una base imponible de tasa de 18.000 euros, lo que conlleva una cantidad adicional de 18 euros. Y ello se aplica también cuando la demanda se haya articulado como conflicto colectivo o en el caso de impugnaciones de despidos colectivos.

Por otra parte no deja de ser significativo que la ley desconozca totalmente la figura procesal del sindicato y de los organismos de representación unitarios y sindicales en la empresa. Pese a que su actuación procesal acostumbra a plasmarse en defensa de un interés colectivo –lo que se conecta con el artículo 7 de la Constitución- también deberán pagar para recurrir con dicho objeto finalista. Un olvido que puede deberse a tres causas: o al total desconocimiento de la pluma redactora de las singularidades del proceso social –lo que no es nada nuevo, vista la nefasta técnica procesal de la reforma laboral reciente- o al ninguneo de las instituciones colectivas por motivos ideológicos –lo que, tampoco, es nuevo-. O a ambas cosas.

Con todo, quizás lo peor del nuevo modelo sea que el legislador no ha tenido presente la singularidad del proceso social en materia de costas de la contraparte. Me explico: en un pleito civil o contencioso administrativo rige el principio de vencimiento, como antes se ha dicho. Por tanto, si un ciudadano pleitea en reclamación de un derecho o una cantidad y obtiene una sentencia favorable, su contraparte tendrá que abonarle, además del objeto de la condena, los gastos procesales que su acción ha generado (esto es, las costas de tramitación procesal, los honorarios de su abogado y perito, etc),  a lo que se añaden ahora –por modificación expresa del artículo 241 LEC y, por remisión, el art. 139 de la LRJCA- las tasas judiciales. Por tanto, aunque yo pague tasas para pleitear en el orden civil o contencioso administrativo sé que si obtengo una sentencia favorable esas tasas me serán devueltas por la otra parte. Pero eso no rige en el proceso laboral: si el trabajador o el sindicato pierden el pleito en el juzgado de lo social –o en el TSJ cuando actúa como primer grado jurisdiccional- y recurren, tendrán que abonar tasas, pero en el supuesto que ganen dicho recursos su contraparte no tendrá obligación alguna de reintegro de la misma, en tanto que las costas procesales en recurso en el orden social sólo se generan –y para el empresario- cuando dicho recurso es desestimado. Y viceversa: si quién recurre es el empresario y gana el recurso, se le devolverán la consignación de la cantidad que ha tenido que efectuar para recurrir y el depósito legal, pero en ningún caso la ley prevé la devolución de la tasa por parte de la Administración, ni tampoco que su contraparte deba efectuar el reintegro. Se trata de una clara singularidad de la jurisdicción social que el legislador ha omitido, en un desprecio preocupante de nuestras singularidades.  Por tanto, aunque el TSJ o el TS le den la razón al recurrente, éste deberá pagar esa sentencia, pese a que la Ley estaba de su lado. Y está de más decir que la Ley deja claro que si no se efectúa el pago de tasa previo al recurso, éste no será admitido a trámite.

4. La justicia en España ha sido el pariente pobre de la Transición. El estado español es el país de la Unión Europea con una menor ratio de jueces por habitante, pese a ser uno en los que mayores conflictos judiciales se generan. Los medios materiales con que cuenta la oficina judicial son obsoletos (por poner un ejemplo: hasta hace pocos meses cuando yo encendía mi ordenador en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debía esperar más de un cuarto de hora para que éste se conectara a la red informática) Los medios humanos con que se cuentan –el personal al servicio de la Administración de Justicia- es notoriamente insuficiente (y más ahora, en que tras los recortes hay órganos judiciales en los que no está cubierta una ínfima parte de la plantilla). Y, especialmente, la oficina judicial española está en la práctica pensada con lógica del siglo XIX, no del XXI. Ello explica la famosa demora de nuestras resoluciones judiciales, el caos administrativo y muchas contradicciones que se denuncian frecuentemente en los medios de comunicación. Denuncias que se imputan a los jueces, pese a que nosotros no somos responsables de esos déficits.

Pues bien, desde hace ya una decena de años se ha venido diseñando la denominada Nueva Oficina Judicial (NOJ) adaptada a la nueva realidad. Así, por ejemplo, dotando al secretario judicial de la función de la dirección de las actuaciones en el ámbito estrictamente procesal, descargando a los jueces de buena parte del tiempo que dedicaban a la “intendencia” y al análisis de los “intestinos” procesales. O instaurando mecanismos horizontales entre los distintos juzgados y jurisdicciones –servicios comunes en materia de comunicaciones, ejecuciones, etc-. O teorizando y cambiando las leyes para avanzar hacia la oficina judicial tecnológica y sin papeles. O previendo modelos de organización judicial también horizontales, que permitieran una flexibilidad significativa (los denominados “tribunales de instancia”, de tal manera que no existiera una simetría directa entre el juez y el juzgado).

Sin embargo, ese diseño de la NOJ –en la que aparentemente todos estamos de acuerdo, más allá de algunos corporativismos de diversa índole- requiere esfuerzo y, especialmente, una inversión inicial significativa. Inversión que, lógicamente, se recuperaría posteriormente con creces si las cosas se hubieran hecho bien. Ahora bien ese proceso está en estos momentos prácticamente parado. Primero, porque los recortes impiden esa inversión. Y segundo, porque no existe ninguna voluntad política de instaurarlo. Hay quien afirma que, en el fondo, ningún Gobierno, sea cual sea su signo, tiene interés en la que la Justicia funciones y sea ágil. Pero ocurre que, más allá de posibles intereses políticos, ese desiderátum es una pieza imprescindible para la modernidad del país, es la garantía del cumplimiento de la Constitución y es un aspecto altamente significativo de mejora de la productividad de la economía española –por supuesto, en una perspectiva amplia, que supere la ramplona división economicista entre PIB y número de asalariados-.

Y, evidentemente, es también la garantía de la independencia judicial. Pero ocurre que estamos asistiendo a unos momentos en que ésta –ya precaria, por el reparto de cromos bipartito en cualquier instancia de poder- está siendo atacada con una saña desconocida. Al margen de alguna declaración de destacados miembros del Gobierno basta con acudir al actual proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se retornan al poder ejecutivo buena parte de las funciones hasta ahora encomendadas al Consejo General del Poder Judicial. La reacción termidoriana, a la que tantas veces ha hecho referencia el titular de este blog, también se expresa ahí.

5. En ese marco quizás podría pensarse que las tasas son un “mal menor”, pues, aunque se haga pagar a los ciudadanos para acceder a la justicia, su objetivo es finalista: obtener ingresos públicos para, en circunstancias de crisis, instaurar la nueva oficina judicial. Pero ello no es así: baste dar una lectura al contenido de la Ley 10/2012 para llegar a dicha conclusión. Es más, conforme a su artículo 9 resulta que su gestión se encomienda, no al Ministerio de Justicia, sino al de Hacienda y Administraciones Públicas.

Habrá que acudir a la Exposición de Motivos de la Ley para saber qué se pretende con las tasas. Y en ella se afirma: “Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita”. Es decir, olvídense ustedes de financiar la renovación de la oficina judicial. De lo que se trata, aparentemente, es de dos cosas: de un lado, financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita; de otro, “racionalizar” el ejercicio de la potestad judicial.

Respecto a la financiación del servicio de justicia gratuita podría obviamente compartirse la justificación. Esto es, en tanto que el nivel de ingresos de muchos ciudadanos está descendiendo alarmantemente por la crisis y ésta genera mayores conflictos, vamos a hacer pagar al resto de justiciables el servicio. Pero ocurre que resulta poco creíble la justificación. En primer lugar porque la Ley no contiene ninguna referencia finalista de las tasas, más allá de su contenido; en segundo lugar, porque, como se ha dicho, la gestión de las mismas se encomienda al señor Montoro y no al señor Gallardón; y, por último, porque la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita no es competencia del poder central, sino del autonómico, sin que la norma haga ninguna mención al respecto (bien al contrario, desde su artículo primero la Ley deja claro que las Comunidades Autónomas no podrán gravar el mismo hecho imponible, lo que, dicho sea de paso, es de dudosa constitucionalidad)
Como tampoco resulta creíble que la medida coadyuve a la “racionalización de la justicia”. Cabría preguntarse, de entrada, en qué. Nada dice la Ley al respecto, limitándose a hacer una serie de reflexiones en su prólogo de índole meramente fiscal. Reflexiones repugnantes si se me permite la expresión: el acceso a la Justicia es un derecho fundamental que no puede ser tratado legalmente como un aspecto tributario. Pero es más, si ustedes dar una ojeada a dicha Exposición de Motivos se hallarán con esta perla: “La regulación de la tasa judicial no es sólo, como ya se ha dicho, una cuestión meramente tributaria, sino también procesal. El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero, por otro, se tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias del Secretario judicial, que comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite”. Bien, se afirma: no se trata “sólo” de una cuestión judicial, también es –obviamente: si no se paga no se podrá pleitear o acceder al recurso- un aspecto procesal. Lo que insólitamente se vincula con la nueva Oficina Judicial… para convertir a los secretarios judiciales en recaudadores del señor Montoro… ¿dónde está la “cuestión procesal”?, ¿qué relación guarda esa función con la NOJ?

6. La finalidad, no declarada en forma expresa, es obvia: de un lado, incrementar las arcas del Estado, como está ocurriendo en tantos otros aspectos. De otro, reducir costes, limitando el acceso de los ciudadanos a la Justicia por motivos económicos. Respecto a esta segunda perspectiva hallaremos en los medios múltiples ejemplos estos días en relación a supuestos concretos en los que le sale al ciudadano más caro pleitear que aquietarse.

Pero en el ámbito laboral la medida es, aún, más sangrante. Porque para las grandes empresas pagar unos cientos de euros para instar un recurso será algo prácticamente anecdótico, que quedará perdido en una partida menor de su contabilidad.  Por el contrario, para el pequeñísimo empresario ahogado en deudas por la crisis la medida le puede resultar imposible.  Y, por supuesto,  resulta altamente limitadora para el trabajador –y para el sindicato-, aunque pague sólo el cuarenta por ciento.

Ciertamente, el Tribunal Constitucional ha declarado con reiteración que el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE no contempla –con la excepción del proceso penal- el acceso al recurso, siendo éste de creación legal. Es por ello que en materia de tasas existen pronunciamientos del TC que consideran que su imposición para las empresas solventes y grandes pleiteadoras no afecta al mentado derecho constitucional, al tratarse –en el símil hecho antes- de “colesterol bueno”. Así, entre otras, las SSTC 20/2012 y 79/2012. Valga decir que la Exposición de Motivos de la Ley 10/2012 contiene la siguiente afirmación: “La reciente sentencia del Tribunal Constitucional no sólo ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas, sino que además expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella”. Obsérvese cómo –al margen que no es “una” sentencia, sino varias- ni tan siquiera han buscado de qué pronunciamiento concreto se trata (“la reciente sentencia…”) Pero ocurre que esa “reciente sentencia” dice más cosas: “Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que impiden en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”. Pues bien, ¿no es un obstáculo para acceder a la justicia que un trabajador despedido que sólo está cobrando el desempleo e impugne dicha extinción tenga que pagar tasas judiciales en el recurso?; ¿no lo es que tenga que hacerlo un sindicato o un comité de empresa para recurrir la sentencia recaída en un conflicto colectivo o un despido colectivo para defender el interés general cumpliendo el papel del artículo 7 de la Constitución?; ¿no lo es que lo deba hacer un jubilado, un inválido o una viuda que recurre  por una diferencia de su prestación?

Pero, es más, la medida en el ámbito social afecta también al derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley, en relación al derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto que la cantidad impuesta para recurrir en suplicación o casación no diferencia entre la gran empresa y el horno de pan de la esquina. Y aunque establece reducciones para los trabajadores, es evidente que en muchos casos la medida puede impedir por motivos económicos el acceso al recurso de éstos.  Como señala el amigo Paco Gualda en su magnífica reflexión publicada por la Fundación 1º de Mayo: “Hay que tomar en cuenta que los costes judiciales son para el trabajador gastos necesarios para la obtención de la renta que asegura su subsistencia, por lo que configurar el pago de tasas y otros gastos como elementos disuasorios del acceso a la Justicia implica precisamente, limitar la vía para la efectividad de los ingresos salariales y las prestaciones de Seguridad Social, que constituyen el sustento básico de millones de trabajadores y pensionistas

7. La Ley 10/2012 ha batido récords en su tramitación parlamentaria. Ha sido una de las normas que más rápidamente ha sido aprobada, coartando el debate en las Cortes, según algún grupo parlamentario. Dicen las mala lenguas que dicha urgencia obedecía a otras causas: evitar el desaguisado legal que cometió el RDL 20/2012 en relación a la paga extraordinaria de Navidad de los jueces y el resto del personal funcionario judicial –tanto por su contradicción con la LOPJ, como respecto al diferente tratamiento legal de las pagas entre dicho colectivo y el resto de funcionarios públicos-. Y así, aunque la imposición de tasas nada tenga que ver con el tema, se incluye una modificación del mentado RDL. Es lo que tiene poner a economistas a redactar leyes contando con plumas jurídicas poco cualificadas técnicamente pero imbuidas de los mantras neoliberales (algo que empieza a ser habitual tras la gran chapuza técnica que supone la reforma laboral del 2012).

A lo que cabrá añadir que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Parapanda, la Ley elimina la posibilidad de que los funcionarios públicos comparezcan en el orden jurisdiccional contencioso administrativo sin asistencia de abogado, como hasta ahora ocurría salvo en los supuestos de separación de funciones. Es decir, se encarece notablemente la impugnación de los temas de función pública.

8. Afirman algunos que el nuevo modelo supone la instauración de una justicia para ricos. Y algo de verdad hay en ello.

Pero más allá de esa constatación, el hecho cierto es que el legislador ha omitido cualquier reflexión sobre las particularidades del proceso social y los perniciosos efectos que la nueva medida va a tener en el acceso al recurso para pequeños empresarios, trabajadores y pensionistas.

Si lo que se quiere es impedir el abuso de los recursos existen otras muchas medidas posibles de índole procesal. Medidas que, en buena parte, existen ya en nuestro ordenamiento tras la aprobación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Si lo que se pretende es una inversión en la implantación de la Nueva Oficina Judicial parecería lógico que se hubiera creado un fondo “ad hoc” gestionado por el Ministerio de Justicia con participación de las Comunidades Autónomas, con competencias en las materia.
Si lo que se pretende es la financiación del forzosamente deficitario servicio público de Asistencia Jurídica Gratuita –con grandes problemas en algunas Comunidades Autónomas, especialmente en Madrid- habría de haberse diseñado un modelo descentralizado.

Pero nada de eso es el objetivo de la nueva Ley. Claramente, su finalidad es la mera recaudación. Pero cabrá observar que, como ya se ha indicado, estamos hablando no sólo de un servicio público conformado como derecho fundamental, sino de la actuación de atención a los ciudadanos de uno de los tres poderes constitucionales.

¿Por qué no hacer pagar a los ciudadanos por ir a votar, en tanto que los procesos electorales le cuestan dinero al Estado. No sería nada nuevo: ya la Thatcher en los ochenta intentó instaurar un impuesto por el mero hecho de figurar en el censo –la famosa y fracasada “poll tax”-
¿Es que acaso la actuación parlamentaria no comporta gastos públicos?... que los representados paguen las dietas de desplazamiento de sus representantes…

¿Por qué el acceso al BOE es gratuito?... ¿es que no le cuesta un dispendio al erario público?


¿Es que no nos cuesta dinero el desplazamiento del Presidente del Gobierno a Bruselas para negociar las condiciones de nuestro rescate?

Y no se trata de dar ideas. A este paso a alguno de esos privilegiados cerebros neoliberales (privilegiados por el déficit de impulsos motores entre las neuronas cuando no se trata de neodarwinismo social) se le puede ocurrir algo similar.

lunes, 26 de noviembre de 2012

CATALUÑA, IMPRESIONES DE URGENCIA


Convergència i Unió ha ganado administrativamente las elecciones catalanes; Artur Mas y el núcleo duro convergente las ha perdido políticamente. El dato es suficientemente sabido: CiU pierde doce diputados en un contexto que estaba caracterizado por unas sensaciones que iban en dirección contraria. Y pierde algo más: el fracaso de las expectativas que ellos mismos fabricaron alambicadamente. 

Artur Mas había reclamado con insistencia una “mayoría excepcional. Ningún asesor le advirtió de dos cosas: la deriva inquietante que puede tener lo excepcional y, caso de no alcanzarse, el riesgo que corría ese llamamiento.

El candidato convergente, que será el próximo presidente de la Generalitat, erró la leer las consecuencias de la gran manifestación del 11 de Setiembre. Sólo vio la densa espuma de aquella movilización. No sólo él: analistas y politólogos deformaron aquella realidad en sus propias mentes y sacaron conclusiones forzadas. Pero Mas hace política, no es un tertuliano de los medios afines al Gobierno de Cataluña. Por otra parte, Mas también erró al interpretar la huelga general del 14 de Noviembre: afirmó con todo desparpajo que, en cierta medida, era un respaldo a su planteamiento de Estado propio catalán. Un inciso: seguro que alguien se lo refutó, pero todavía no he visto quién le llevó la contraria en eso.

Artur Mas pensaba que su (sobrevenido) planteamiento soberanista tenía la densidad suficiente para sofocar el malestar social contra su política de duros recortes y exageró la idea de que no sólo de pan vive el hombre. Lo que le llevó a no captar el carácter y la amplitud del proceso de movilizaciones que condujo al 14 de Noviembre y a la capilaridad y espesor de la huelga general. En resumidas cuentas, creyó que la cuestión social era un perifollo frente a la potencia del soberanismo.

Ahora bien, comoquiera que CiU ha ganado las elecciones administrativamente, vale la pena hacer las siguientes observaciones. Puede hacer con Esquerra Republicana de Catalunya (que acostumbra a ser chica para todo) un tándem desigual para repensar el proceso soberanista que ya no será andante con moto, sino probablemente allegro ma non troppo. Y puede tener las manos libres para seguir con su política de ajustes de la mano del Partido Popular, de quien ha vuelto a decir “que no pactará”. (Recuérdese que hace años aseguró frente a notario que no pactaría, desdiciéndose a la primera de cambio).

Los socialistas salvan algunos muebles, pero han perdido toda la batería de cocina. Ahora corren el peligro de agarrarse a la piadosa idea de que su notable caída es menor que la pronosticada por las expectativas, pero esta postura sociologista les pondría a la altura de la misma gilipollescencia que afirman los convergentes: que han ganado, aunque no se han cumplido las expectativas. El via crucis preelectoral de los socialistas ha acabado, ahora empieza otro itinerario no menos áspero para recuperar la batería de cocina y los muebles perdidos.

Dos pespuntes finales: ERC es, bien se ha visto, la ganadora política de estos comicios, ella sabrá si hace un menjunje entre su soberanismo y lo que entiende por políticas sociales o qué; Iniciativa per Catalunya, que ha dado una batalla digna por los derechos sociales y contra el neoliberalismo de Artur Mas (siendo premiada modestamente por ello) tendrá que devanarse los sesos para encontrar las llaves que abran la puerta de la asunción del malestar social y la representación política a la altura de tantos esfuerzos, que todavía no tienen suficiente premio.      


Apostilla. ¿Pensaría anoche Artur Mas la frase que se le atribuye a Pirro: “otra victoria como ésta y estamos perdidos”?

sábado, 24 de noviembre de 2012

LA DEMOCRACIA AUTORITARIA Y LAS ELECCIONES CATALANAS DE MAÑANA



La contundente política de recortes y privatizaciones; el ataque al Estado de bienestar y la eliminación de derechos sociales; la ley del tarifazo de la Justicia y la reforma penal están concretando una metamorfosis del Estado de Derecho camino de lo que podríamos definir una democracia autoritaria.  Es claro que el PP es el ariete principal de toda esa operación, pero en este tránsito están implicadas, además, las derechas nacionalistas periféricas. Lo que está en juego no es sólo la condición de vida y trabajo sino el carácter de nuestra democracia, el propio Estado de derecho. O lo que es lo mismo, la arbitrariedad de los poderosos en el centro de trabajo, la ciudad y las instituciones. Esta democracia autoritaria tolera el disenso sólo en clave de fastidio y de manera recurrente lo convierte en un problema de orden público que, de manera no infrecuente, se caracteriza por una inusitada represión como lo demuestran las cargas policiales en Madrid y Barcelona.   

 

El neoliberalismo es la armadura ideológica de esta contraofensiva de los poderosos. De un neoliberalismo en el que están incrustados nacionalismos excluyentes y populismos de toda laya. Por supuesto, no es solamente un problema español, también lo es en nuestro viejo continente:  la designación del halcón maltés Tonio Borg es la última muestra de los vientos termidorianos que soplan en Europa.

 

Hasta la presente la única oposición contundente a tales desmanes ha sido la del sindicalismo confederal, que se ha convertido en un sujeto extrovertido  engarzando su protesta con la de un amplio conjunto de movimientos que han tenido, todos ellos, un significativo protagonismo en las dos huelgas generales de este año, reunificando en buena medida las presiones sectoriales, antaño dispersas y descoordinados entre sí. De hecho, podemos decir que, en estos momentos, no queda colectivo alguno sin ejercer el derecho constitucional al conflicto social. Sin ir más lejos, ahí está la oposición frontal de magistrados, fiscales y abogados contra el gallardonazo

 

Ahora bien, comoquiera que el problema es político no podemos decir todavía que la izquierda esté jugando el papel que estamos atribuyendo al sindicalismo y sus coaligados, los movimientos. Es más, la aguda crisis de identidad del principal partido de la oposición –el Partido socialista-- juega negativamente en el actual contexto. Podemos decir sin ambages que –a pesar del papel digno de Izquierda Unida--  la debilidad política del PSOE sigue lastrando a la izquierda española. 

 

Voces bien fundadas dirán lo de siempre: es necesaria una refundación de la izquierda. Pero ese es un camino largo y complejo. Lo que no tiene espera –y como condición inexcusable— es que el PSOE, el conjunto del socialismo español, salga de la crisis trinitaria que, desgraciadamente, le atenaza: de proyecto, organización y liderazgo. Algo sobre lo que tendrá que reflexionar a calzón quitado tras el resultado de las elecciones catalanas de mañana. Por mi parte, justamente para ayudar a esa reflexión votaré a Iniciativa per Catalunya. Aclaro: no se trata de un retruécano. Es la constatación de que, a pesar de las ambigüedades de esta formación política, es la única que verdaderamente ha plantado cara a las derechas así en Madrid como en Barcelona, la única que ha establecido, en Cataluña, un compromiso fuerte con el movimiento de movimientos que en España lucha contra la democracia autoritaria en el centro de trabajo, en la sociedad y las instituciones.         

 

 

lunes, 19 de noviembre de 2012

EL MECANISMO QUE FRENA LA AFILIACIÓN SINDICAL

Homenaje a Paco Puerto



En la valoración de urgencia que se hizo en este blog sobre el proceso y desarrollo de la huelga general se dio la importancia debida a ese importante tejido militante del sindicalismo confederal español. En ese sentido viene siendo ya recurrente un significativo grupo de militantes esporádicos, esto es, lo que participan activamente en estas situaciones de conflicto.  Digamos que es la prolongación de la notable trama de activistas sindicales establemente organizados. Las grandes ocasiones del sindicalismo confederal no se entienden sin esa participación generosa de los estables,  también de los esporádicos que son decenas de miles y que, por lo general, no están organizados.

Me pregunto si no es el momento de una nueva reflexión que conduzca a la adhesión estable de tantas personas al sindicalismo. Quiero decir, a la afiliación. No se trataría de la tradicional “campaña afiliativa” que, tal como la concebíamos en mis tiempos, tenía unas características voluntaristas, por no decir un tanto administrativas. Lo cierto es que aquellas campañas de afiliación no resultaron tan exitosas como preveíamos. El hecho de no haber estudiado las limitaciones de aquellas campañas nos impidió avanzar y, ahora, nos ofrece pocos referentes válidos.  

En cualquier caso, me atrevo a esbozar una hipótesis acerca de la parquedad de los resultados: enfocábamos las campañas de afiliación en frío, esto es, al margen de las grandes movilizaciones que se dieron también en aquellos tiempos, por ejemplo, las huelgas generales del 15 de junio de 1985 y la más famosa de todas: la del 14 de Diciembre de 1988.

Tal vez la propuesta no sería tanto hacer una campaña de afiliación, sino el compromiso de un trabajo sostenido en el tiempo. Naturalmente, con su verificación cotidiana.  Sin embargo, dicho compromiso si quiere dar frutos pasaría por aclarar algo que parece que está en el genoma del sindicalismo español: poner el acento en el movimiento de masas (por lo demás, imprescindible) descuidando clamorosamente las grandes cuestiones de su fortalecimiento doméstico. Lo que, al final, lleva consigo una paradoja que viene desde hace treinta años: los afiliados al sindicalismo confederal, con sus cotizaciones, sostienen el desarrollo de una acción colectiva que repercute en millones de personas que no están afiliados. Permítaseme una licencia: en términos de política fiscal (excúsenme la metáfora) sería una evidente anormalidad.

Voces inquietas siempre han postulado que para resolver esa anomalía sólo hay una salida: que los convenios colectivos afectaran sólo a los afiliados. Esta no es la solución porque el convenio por ley afecta erga omnes ya que el sindicalismo tiene el “monopolio” de la negociación colectiva. Cosa que, con buen criterio, el sindicato no está dispuesto a renunciar. De manera que estamos en las mismas. Así pues, no veo otra salida que insistir en la necesidad del fortalecimiento afiliativo al sindicalismo.  Para ello nada mejor que preguntarse con desparpajo: ¿cuáles son los mecanismos de freno que taponan el incremento afiliativo que se necesita? Y si existen esos mecanismos de freno ¿dónde están y cómo romperles el espinazo?

De momento, una insinuación: la mayoría del conjunto de afiliados se encuentra en el centro de trabajo, pero también la intensísima mayoría de los afiliados potenciales está también en el centro de trabajo. Y, tras ella, una impertinencia: tú, que estás leyendo, ¿te acuerdas de quien fue la última persona que afiliaste al sindicato? Tal vez en estos pequeños detalles esté una aproximación a la solución del problema. 


sábado, 17 de noviembre de 2012

DOS FORMAS DE INDEPENDENCIA DE CATALUÑA


Hay candidatos que en campañas electorales suelen sacar lo más sórdido de su personalidad. No se trata de improvisaciones, de un pronto que de golpe y porrazo les retrata. Son conceptos almacenados en la rebotica del pensamiento a la espera de la mejor ocasión de soltarlos a un auditorio que, en ocasiones, espera sangre. Es la mugre que, en mayor o menor proporción, tienen algunas campañas electorales. Pongamos dos casos.

Uno, López Tena ha dicho que “prefiere una dictadura catalana independiente a una Cataluña democrática dentro del Estado español”. Es un concepto que le descalifica no sólo como demócrata catalán sino como demócrata a secas. Es, por supuesto, un insulto de enormes proporciones a quienes han luchado por las libertades democráticas y nacionales de Cataluña, al margen de si pugnaban por un país separado o dentro de España. Lo más fácil sería decir que este caballero está loco de atar. Pero esa no es la cuestión: este López está cuerdo y, desde ahí, dice lo que piensa.  

Dos, un tal Roger Torrent, candidato de Esquerra Republicana de Catalunya, se suelta la boca y proclama: “Es mejor una Cataluña independiente de derechas que de izquierdas dentro de España”.  Que, aunque no tiene la gravedad de lo dicho por López, sugiere lo chocante de contrariar la caracterización de izquierdas de su formación política (1). Más todavía, parece indicar que la Cataluña sólo puede ser independiente si cuenta con la respetabilidad de ser de derechas.


En otro orden de cosas, oído cocina lo dicho por Joan Herrera: “el fraude fiscal en Cataluña supera los 16.000 millones. Es decir, los catalanes ricos roban al resto más de lo que se le atribuye al expolio fiscal del resto de España”. Algo que, hasta la presente, nadie había dicho. Más todavía, algo que se había ocultado celosamente para no infundir sospechas.

Ahora bien, al igual que en tiempos antiguos algunos afirmaban que los misiles norteamericanos eran mortíferos y asesinos, mientras que los soviéticos tenían olor a santidad, el fraude fiscal español es como una sanguijuela, el de los ricos catalanes es patriotismo del bueno.

Por lo demás, nada nuevo hay bajo el Sol. Fueron los ancestros políticos de López y Torrent quienes exigieron que volviera a Barcelona aquel Severiano Martínez Anido para enfrentarse a las turbas obreras de Salvador Seguí y Simó Piera (catalanes desde los tiempos carolingios) que pedían mejoras condiciones de vida, libertades y derechos sociales. Algo que para aquellos ancestros de López y Torrent no era respetable.  Y, por eso, financiaron el asesinato de Salvador Seguí.    


(1) La fuente de estas declaraciones es de Joan Boada i Masoliver. 

viernes, 16 de noviembre de 2012

EL SINDICATO NACIONALISTA Y LA HUELGA GENERAL




En Euskadi existe una cuestión sindical sin resolver, y es al sindicalismo vasco a quien corresponde enhebrar las bases de un proyecto de unidad de acción entre, de un lado, Comisiones Obreras y Ugt y, de otro, el sindicalismo nacionalista. 

Nunca he tenido el menor sectarismo ni desconsideración, por ejemplo, con ELA. Un ejemplo: recuerdo que en el Congreso de la CSIL de julio de 1985, en  Roma,  al que asistimos Nicolás Redondo y un servidor en representación de nuestras organizaciones, también estaba invitada la ELA. Nicolás me invitó a elevar una protesta a la dirección del Congreso porque estaba allí ELA. Amable y respetuosamente me negué a secundar la propuesta del viejo amigo y gran sindicalista Nicolás Redondo.

A lo que íbamos: en Euskadi hay un problema sindical. Me ha chocado, por ejemplo, que ELA no haya secundado la convocatoria de huelga general del 14 de Noviembre. Esta acción estaba convocada por la Confederación Europea de Sindicatos de la que ELA es miembro fundador. Esta característica, una eurohuelga, le daba a la convocatoria un tono especial. Digamos que un tono que va más allá de la tradicional aspereza entre una y otra  parte del sindicalismo vasco. 

Lo chocante de esta organización sindical es su conducta autárquica precisamente cuando los contenidos de la movilización eran (y siguen siendo) trasnacionales y, más concretamente, europeos.  Los expresa perfectamente Joannis Van der Meer: Yo veo igual de dramático que en el País Vasco no hayan convocado a la huelga general los sindicatos nacionalistas, especialmente ELA-STV. Hoy mismo he estado repasando las web de diversas instancias sociales europeas y me encuentro con que el sitio web de ELA (http://www.ela-sindikatua.org/es) no dice ni una palabra sobre la huelga del 14N. ¡Ni una palabra! ¡Y se llaman sindicato! Creo que hoy es imposible plantear una estrategia de defensa nítida y eficaz de los intereses de los trabajadores sin romper esa estrategia nacionalista, sin saltar las fronteras y banderas y hablar de nuevo de ¡los parias de la tierra” (y la tierra no es vasca ni catalana ni española) *

Que ELA no se sienta española (cosa en la que no entro ni salgo) no justifica su abstencionismo el día 14, toda vez que lo que se ventilaba era un problemón europeo. ELA, así las cosas, ha preferido exhibir también ese día, una actitud parroquiana.  Lo que, en fondo y forma, le ha llevado a aislarse de las reivindicaciones y el conflicto de los sindicatos y los trabajadores europeos. Sancta simplicitas!


jueves, 15 de noviembre de 2012

LOS HOMBRES DE HARRELSON CONTRA LA HUELGA GENERAL


Son los datos, y no las especulaciones politológicas, quienes nos hablan de la indistinción entre los termidorianos del gobierno central y los nacionalistas de derechas catalanes. La vieja prueba del nueve lo demuestra con la agresión al Estado de derecho y sus leyes al ejercicio constitucional de la huelga. Sus protagonistas más destacados son Mariano Rajoy y Jorge Fernández, patrones de la caverna; Artur Mas y Felip Puig, representantes de la moqueta. Veamos hasta qué punto sus comportamientos representan la degradación de los valores democráticos y el empecinamiento en el ataque sistemático al ejercicio del derecho de huelga. 

Lo del día de ayer no fue ninguna sorpresa, estaba cantado que Fernández y Puig, la caspa y la brillantina, entrarían a saco sin distingos de edad: un venerable anciano en Madrid, insumisamente sentado en la calzada, y un chavea de trece años en Tarragona chorreando sangre por la cabeza y la cara; es sorprendente la relación que existe entre furia represiva y la persona agredida: más saña conforme la persona es más desvalida. Los responsables: los hombres de Harrelson y los de un resucitado Josep Dencàs. Desentrañemos los elementos comunes de entrambos comportamientos.

La falsedad de la cuantificación de la huelga, la ridícula cantidad que ofrecieron de los participantes en las oceánicas manifestaciones y el paroxismo agresivo –ilegal, además, por cuanto los de la porra blindada siempre estuvieron sin su correspondiente placa de identificación--  contra los manifestantes. Todo ello viene a confirmar la indistinta idea (la misma de Rajoy y Mas) de que la política es cosa exclusiva de los profesionales para ser ejercida (sólo y solamente) en las instituciones.  Fuera de esos ámbitos, que cada vez se van estrechando más, la gente debe ser un conjunto de borregos cantando Me gusta cómo bala la ovejita.    Ellos y sólo ellos son los únicos cabrones (de momento, en la acepción de machos cabríos) que deben guiar el rebaño.

Quien ha expresado esta idea con nitidez ha sido el presidente de la CEOE: “dejemos que los cauces del malestar se expresen por vías democráticas, a través de los representantes en el Parlamento”. O lo que es lo mismo: el ejercicio constitucional del derecho de huelga está fuera del Estado de derecho. No se trata sólo de una idea inquietante; es algo subversivo; no es que envíe el ejercicio de la huelga al extrarradio sino que la elimina del cartapacio del Estado de derecho.

Tenemos un problema democrático en nuestro país, y son los gobiernos del Partido popular y del nacionalismo de derechas catalán quienes lo crean. Tenemos una cuestión democrática, y es el primer dirigente empresarial quien lo teoriza.

Ahora bien, afortunadamente existe una sociedad que no se deja amilanar. La huelga –calificada en portada por El Periódico  como “muy general”— ha tenido unas   proporciones enormes; las manifestaciones (no sólo las de las grandes capitales sino también en los pueblos) han sido masivas y, aunque el seguimiento de la huelga en los pequeños comercios fue desigual, es un dato cierto que este sector se va incorporando gradualmente al conflicto social: esta es otra novedad.

Así pues, esta es la partida de ajedrez: de un lado, el intento de demediar el Estado de derecho y sus institutos jurídicos; de otro lado, una parte considerable de la sociedad –organizada de manera estable o puntualmente--  que defiende las libertades.  Es el choque antiguo entre el termidorismo y la libertad; el termidorismo que usa y abusa de la servidumbre voluntaria y el ejercicio consciente de la libertad. En resumidas cuentas, ¡hay mimbres!

En efecto, hay mimbres en Europa. Lo nuevo de esta acción ha sido la movilización en el viejo continente. Una gran acción de europeísmo social, que contesta el monopolio de la política de los partidos tradicionales. Pero ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones.  Vale.


Radio Parapanda. NADA ES REAL, LA REALIDAD LA CONSTRUYE EL MEDIO.


  


miércoles, 14 de noviembre de 2012

PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE LA HUELGA


Primero

El mundo del trabajo europeo ha dado hoy una formidable respuesta a las políticas neoliberales que recorren nuestro viejo continente. La Confederación Europea de Sindicatos ha provocado esta novedad: la coordinación explícita en una serie de países que han realizado --en los casos de España, Portugal, Chipre, Malta e Italia— una contundente huelga general y, en otros, importantes movilizaciones ciudadanas. De esta experiencia, a buen seguro, el sindicalismo europeo sacará sus oportunas consecuencias. Aunque sí estamos en condiciones de apuntar, todavía de manera genérica, que se ha dado un primer paso en la concreción de la acción sindical europea propiamente dicha. Ahora sólo es el momento de una primera reflexión de urgencia, referida al acontecimiento español.

Segundo

Esencialmente ha sido una huelga que ha afectado a una importantísima franja del conjunto asalariado de la industria y la construcción, del campo y de los sectores terciarios, de las administraciones públicas y del mundo del deporte. Y el universo de la cultura más granada de nuestro país. Todos esos sujetos convocantes han situado las responsabilidades del gobierno central y, también en el caso de Cataluña, del govern nacionalista de derechas.

A la huelga se han adherido, dándole mayor visibilidad,  no pocos sectores ciudadanos, muy en especial el comercio de proximidad que han entendido que también la cosa iba con ellos. Mención especial merece por su singularidad el llamamiento a la huelga de la asociación Jueces para la Democracia.

Esta acción democrática nacional ha sido la gran confluencia de todas aquellas movilizaciones sectoriales; de ahí que objetivamente podamos hablar de una puntual reunificación de voluntades y de ánimos de la gente de carne y hueso en la que una miríada de sujetos sociales ha compartido esa reunificación de objetivos.

Las calles y las plazas han sido un hervidero masivo de gentes ejerciendo el derecho a la protesta. ¿Cómo no citar el océano de muchedumbres en las grandes ciudades? Pero ¿qué decir de aquellos pueblos, villas y lugares –tantísimos en toda la geografía--  que se dijeron con el poeta “a la calle, que ya es hora”.  El sindicalismo confederal español debería hacer un homenaje a todas estas pequeñas ciudades proponiendo algo simbólico como, por ejemplo, hacer un encuentro en la cumbre en una de estas localidades. Sería, por así decir, el reconocimiento al trabajo bien hecho (en ocasiones muy ásperas) por esa militancia de los sueños y las esperanzas.

Esta militancia, que ha implicado a decenas de miles de personas,  es la que ha organizado una explicación de masas --en el andamio, en el taller, en la oficina, en la escuela, en los hospitales, en el barrio, a través de la diversidad de redes sociales--  que finalmente ganó la batalla informativa. En efecto, muy duras han sido las medidas, pero sin la explicación organizada el conflicto no habría tenido tanta repercusión. Lo que ha conducido a la derrota, en el día de hoy, de los grandes aparatos mediáticos. En fin, esa militancia que ha establecido una conexión sentimental con la gente.

Tercero

Vale la pena retener el amplio movimiento de apoyo que los sindicatos latinoamericanos han organizado con la lucha de los trabajadores europeos. No es la primera vez: en anteriores huelgas generales españolas, nuestro amigo peruano Carlos Mejía, dirigente de la CGTP, nos ha hecho saber, con testimonios fotográficos en su blog   Bajada a Bases (Sindicalismo en el Perú), las marchas, concentraciones y manifestaciones en Lima. Nunca hemos correspondido a tanta solidaridad de nuestros compañeros de allende los mares que están en peores condiciones que nosotros.  

Cuarto

Toxo y Méndez han insistido en que “esta lucha es de largo recorrido.  Nada más cierto, efectivamente. Por ello  parecería conveniente: un análisis pormenorizado de la huelga, un estudio microscópico de este conflicto valorando el gran gesto en cada centro de trabajo, pero también estudiando las limitaciones que, en tal o cual ámbito, han existido. A la vez, los dirigentes sindicales saben perfectamente (y en ello parecen estar) la relación existente entre lucha de largo recorrido y proyecto organizado. Un proyecto en su doble vertiente: de alternatividad y de banderín de enganche.


Quinto

Dejamos para una ulterior reflexión los siguientes asuntos: a) los comportamientos indiferenciados de Fernández y Felip Puig contra los manifestantes, b) la actitud de compadreo entre Rajoy y Mas para ningunear la huelga, c) y otros asuntos de no menor interés. Es cuestión de días.


Radio Parapanda. Baylos en LA GRAN HUELGA DEL 14 DE NOVIEMBRE, UN PUNTO DE REFERENCIA EN TODA EUROPA