sábado, 29 de diciembre de 2012

SINDICALISMO Y CAPAS MEDIAS


Voces, sospechosamente coincidentes –o tal vez sin sombra de sospecha--  se han coaligado para reclamar nuevamente la regulación del derecho de huelga. Son, como es notorio, el tristemente célebre Ignacio González (presidente de la Comunidad de Madrid) y la indeciblemente churrigueresca Rosa Díez. Del primero poco podemos decir que sea nuevo; de la segunda tan sólo podemos constatar el acelerado viaje hacia posiciones autoritarias que la convierten en la demagoga mesocrática que espera escarbar en esas capas medias una considerable porción del malestar.

González y Díez apuntan a los sindicatos como los responsables de la situación de crisis y el empobrecimiento generalizado de amplias masas ciudadanas. Se trata, de todas formas, de una vieja lucha ideológica que tradicionalmente habían usado las derechas más rancias y los populistas de barra libre.  El objetivo era (y ahora lo desempolvan con desparpajo) apartar del conflicto social a las capas medias empobrecidas y, en todo caso, que éstas vean como los causantes de sus males no a los auténticos responsables sino a quienes ejercen la auto defensa mediante la presión sostenida. Por lo demás, en esta historia hay otro interés: una sorda disputa de electoral por los caladeros de las mencionadas capas medias entre el Partido popular y Rosa Díez. Lo que indicaría que la orientación de la Díez irá alcanzando mayor diapasón de demagogia y autoritarismo. El tiempo dirá hacia dónde conduce esa deriva.

Las "Propuestas sindicales para promover el crecimiento, el empleo y la cohesión social, ante la crisis de la economía española"  son un material  lo suficientemente consistente para: 1) reiniciar el camino de convertir las movilizaciones de auto defensa en presión de alternativa, y 2) ampliar el carácter del sindicalismo como sujeto extrovertido que sepa encontrar los mayores puntos de conexión posible con las capas medias.  De esta documentación se desprende, por ejemplo, la confluencia de intereses de los trabajadores y las capas medias por: la recuperación de las parcelas del Estado de bienestar que se han perdido, la promoción de un welfare más inclusivo y una reforma digna de ese noble nombre.   

domingo, 23 de diciembre de 2012

LO PEOR DEL GOBIERNO EN 2012


A lo largo de este último año hemos intentado enjuiciar las decisiones políticas y administrativas de la derecha termidoriana española. Digamos, pues, que en cada análisis que hemos hecho con mayor o menor fortuna hay un balance itinerante de la gestión del Partido popular, liderado (según afirman sus parciales, aunque la cosa no está suficientemente clara) por Mariano Rajoy. Como elemento de autoridad no tengo más remedio --¡ay de mí!--  que recurrir al mismísimo Aznar, quien requerido por TVE para que “pusiera nota” al presidente del gobierno respondió, con sonrisa enigmática: “Hombre, no me haga usted esa faena”. No se me caen los anillos si afirmo que se trata de una lucidez sobrevenida la de este hombre de las Azores.     

Tengo para mí que el mayor fracaso político del Partido apostólico a lo largo de este año ha sido la palpable demostración de que la derecha no gestiona mejor que la izquierda. Es más, con los datos en la mano podemos decir pacíficamente que la derecha ha gestionado fatal la res publica.

Ese vulgar constructo –la bondad de la derecha para gestionar--  se había convertido en un teologúmeno de la iglesia neoliberal difundido por todos los piquetes mediáticos desde las covachuelas ministeriales hasta los laboratorios académicos pasando por los beneficiados de los diversos fondos de reptiles. Un constructo que, incluso, se había contagiado en algunos caladeros de la aristotecnia de la gauche qui rie. Naturalmente esta gestión se reparte, con mayor o menor generosidad, por todo el equipo de gobierno que ha conseguido convertir al país en una inmensa agrupación de agraviados. Un fracaso sin paliativos tanto en los asuntos domésticos como en los europeos. Nunca un gobierno español tuvo tan poco predicamento en las cancillerías y la prensa europeas como el que nos ha toca padecer durante el año que está a punto de irse con la música a otra parte. Naturalmente, no escondo que esta es una opinión de parte, pero ¿saben ustedes cuántas gentes –de babor y estribor--  comparten esta opinión? Es, por supuesto, una pregunta retórica.


     

sábado, 22 de diciembre de 2012

RICHARD SENNET DE NUEVO


Ángel Custodio de los Ríos



El peculiar y reconocido sociólogo norteamericano Richard Sennet (el celebrado autor de La corrosión del carácter) que ha escrito en su ya larga trayectoria sobre ciudades, trabajo y cultura, da continuidad a su trilogía Homo Faber. Este proyecto lo inició en 2008 con el volumen El artesano, aparecido en Anagrama en 2009 y este año que finaliza aparece en el mismo sello editorial la segunda parte que ha titulado: Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación.

Si en el primer volumen, a partir de mostrar la conexión entre la cabeza y la mano, examinaba el empeño de producir cosas bien hechas como un placer en sí mismo y una cualidad propia de la mayor parte de los seres humanos, en esta segunda entrega explora la cooperación entre los individuos como una habilidad. Pero lo hace yendo más allá del mero ensalzamiento de la cooperación desde un punto de vista ético, porque sitúa el carácter conflictivo, áspero y a menudo ambiguo del proceso de cooperar. El objetivo no es otro que señalar que la sociedad moderna está descualificando a los individuos en el terreno de la conducta en la vida cotidiana. El tribalismo, por supuesto, está directamente en contradicción con cualquier tipo de cooperación, porque ser y actuar tribal es no aceptar la diferencia del otro, es decir, construir una alteridad con la que competir.

Sólo un pero --del que se puede excusar al autor-- el inicio de título puede parecer poco acertado, aunque lo es y mucho de cara a su contenido. Digo que puede ser poco acertado por la interferencia de aquella canción de esa gran cantante que ha sido y es Paloma San Basilio. Sin embargo, para el arroscar del día de hoy en la política doméstica parece de lo más adecuado. Entre arrumacos se dirán:

Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. 
Más que un amigo, eres un mago diferente. 
Andar a saltos entre el tráfico 
Leer a medias el periódico 
Colarnos juntos en el autobús 
Cantar hasta quedar afónicos. 
Viviendo juntos...
 


Richard Sennett, Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación. Anagrama, 2012

miércoles, 19 de diciembre de 2012

NO ESTOY DE ACUERDO CON EL PROFESOR MANUEL CASTELLS


No estoy de acuerdo con el profesor Manuel Castells cuando afirma taxativamente que “la izquierda ha desaparecido”. Así lo ha dicho sin medias tintas en http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/17/actualidad/1355772029_815283.html.  Sí es cierto, no obstante, que se encuentra en una profunda  crisis de época. Pero crisis no es sinónimo obligado de desaparición. Es más, de la crisis cabe la posibilidad de poder salir; de la desaparición es muy dudoso que pueda remontar el vuelo. Así pues, me va a permitir Manuel Castells, a quien sigo admirativamente desde hace más de treinta años, que le lleve la contraria afectuosamente.

Es del todo evidente que la izquierda política (o, por mejor decir, las izquierdas políticas) atraviesan, desde hace ya cierto tiempo, una crisis de identidad y de sentido. Josep Ramoneda, en su reciente libro La izquierda necesaria, ha hablado largo y tendido y, por lo general, a sus planteamientos me remito. El mismo Ramoneda, ya en la primera página (titulada ilustrativamente Advertencia) nos propone una explicación de fondo con una cita de Ash Amin: la izquierda no plantea “imaginarios de emancipación”. Peor aún, la agudización de la crisis de la izquierda tal vez empezara cuando se avergonzó de proponer esos imaginarios de emancipación. Lo que, en el fondo, era un replanteamiento de su sentido y (algo así como) un alejamiento de los motivos generales por los que se fundó el movimiento socialista.

¿Qué es lo que está en crisis definitiva? La concepción lassalliana de la política que han practicado todas las izquierdas desde la fundación de la ciudad del trabajo y del saber.  Bruno Trentin, en su potente reflexión de LA CIUDAD DEL TRABAJO ,  nos ha dejado suficientes pistas, sin pelos en la lengua, para abordar muy seriamente las raíces de esta crisis de la izquierda. Remito al lector al capítulo 18, El Estado como lugar de la política. Que en realidad es el único lugar de la política para la izquierda. Sí sólo se ha hecho política en un solo lugar; si ese ejercicio ha estado contaminado por la subalternidad al fordismo (durante el siglo XX); y, si en los momentos actuales, se dan los contagios externos que explica Josep Ramoneda, tenemos una primera y gran aproximación, a mi juicio, de las desdichas de la izquierda.

Ahora bien, fuera de ese “único lugar” existen una serie de movimientos tradicionales y de nuevo estilo que son izquierdas. Evidentemente, no es política en el sentido restrictivamente convencional, aunque estén ejerciendo un papel de suplencia obligada de la izquierda política partidaria. El mismo libro de Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza, es ilustrativo del papel de estos movimientos en España y los cuatro puntos cardinales del planeta. Es más, no sería de extrañar que, más allá del futuro mediato o inmediato, de tales movimientos, de ellos puede salir  la fuente de inspiración para las izquierdas políticas. Ahi puede estar el germen que rompa la auto referencialidad de la política de izquierdas.

El problema es que la izquierda no leyó adecuadamente lo que planteaban los movimientos regeneracionistas de los indignados.  La izquierda pensó que aquellos claros clarines iban solamente contra la derecha y que, por tanto, ella no era la destinataria.
En definitiva, es exigible que el profesor Manuel Castells recupere, para el caso que nos ocupa, el buen ojo clínico que tiene para otras importantes cuestiones. Porque la diferencia entre desaparición y profunda crisis no es una cuestión de pejiguería semántica.  

lunes, 17 de diciembre de 2012

LAS PRIMARIAS EN CLAVE DE PANACEA


Nada que objetar a la celebración de primarias en las organizaciones políticas. Ahora bien, estoy un poco mosca con la insistencia taumatúrgica que algunos ponen en ello ya que tan importante metodología aparece, de un lado, como el bálsamo de Fierabrás y, de otro lado, sin ninguna relación con el programa. Así las cosas, la guía del partido aparece en clave personalista y, desgajada de la cuestión programática, corre el peligro de un verticalismo del líder que ha resultado vencedor.

Ciertamente, las primarias siempre fueron miradas con suspicacia --cuando no con animadversión-- por los partidarios de los cabildeos o por quienes desconfiaban de la irrupción del común de la militancia. Los mismos que, en todo caso, no tenían demasiado interés en proponer la seña de identidad que se corresponde con el programa, cabiendo aquí  los partidarios como los detractores de ese método.

Ahora bien, miremos las cosas con detenimiento: una vez que se ha apostado por las primarias es un contrasentido mantener el mismo estilo de incomunicación (o de relación precaria) con el conjunto de la organización. El destello participativo de las primarias es sólo un detalle estético si la ausencia de capilaridad entre todos los centros y todas las periferias sigue brillando por su ausencia. Y el fogonazo de las primarias no deja de ser, así las cosas –esto es, en ausencia de capilaridad y sin programa--  un potente instrumento que consigue lo contrario: el reforzamiento unipersonal del líder. De un dirigente que, desde el arengario, se dirige –sin intermediaciones--  urbi et orbi.

Yendo por lo derecho, entiendo que las primarias son un instrumento importante como una expresión más (no la única, ni la principal) de una tupida trama de hechos participativos cotidianos que demuestren que la soberanía de la organización radica en sus afiliados.  

    

domingo, 16 de diciembre de 2012

LAICISMO, MOVIMIENTOS Y CONTRA MOVIMIENTOS




Una ofensiva parte del mundo católico contra el laicismo; es un verdadero contra movimiento que importa el modelo del “Tea party” de los Estados Unidos y ataca, en vísperas de las elecciones, los derechos civiles. 

El Discurso a la Ciudad, pronunciado por el cardenal Angelo Scola en la Basílica de san Ambrosio, en vísperas de la fiesta del santo patrón de Milán, ha sido acogido en la esfera pública con no poco estupor, por lo que muchos comentaristas lo han definido con una inusitada dureza. Las interpretaciones de este aparente giro han sido muchas y no mutuamente excluyentes.   Una explicación local, si no nacional, la relaciona con la cercanía de las elecciones regionales y  nacionales.

En un momento de debilidad de la derecha política,  el discurso de Scola parece apuntar a una polarización y a un potencial alineamiento electoral del catolicismo más integrista.  En la particular situación de Lombardía, con el (dimisionario) presidente del gobierno regional, el cielino (1) Roberto Formigoni, porque está implicado en una serie de escándalos de corrupción--  la intervención del cardenal Scola, de quien con frecuencia se cita su pasado  cielino, también ha sido interpretado como un apoyo a [la organización integrista y ultra reaccionaria] Comunione e Liberazione en un momento de indudable crisis espiritual y política de dicha organización.      

Sin embargo, hay una lectura menos contingente propuesta, entre otros, por Massimo Faggioli, profesor de Historia del Cristianismo en la Universidad Saint Thomas (USA).  En una intervención en Huffington Post, Faggioli sitúa el discurso de Scola en el interior de un proyecto más amplio en la Iglesia católica, aunque contestado, de ataque el modelo laico de relación entre estado e iglesia, dominante (con ciertas excepciones) en Europa, proponiendo, sin embargo, el modelo estadounidense.  Como observa Gian Enrico Rusconi en La Stampa, en el discurso cardenalicio tanto la prognosis como el diagnóstico están poco elaboradas: la reforma sanitaria de Obama (cubriendo el gasto de los anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo), citada por Scola como ejemplo de ataque a la libertad de los creyentes, no obliga ciertamente a éstos a usar anticonceptivos o a abortar, y la idea que el estado deba respetar la “precedencia” de la sociedad civil “limitándose a gobernarla y no pretendiendo gestionarla”, está expresada confusamente.

Sin embargo, es más elaborada la propuesta ideológica de un nuevo “conflicto de civilización” que, en esta ocasión, no pasaría –como en la versión de Samuel Huntington— entre Islam y occidente, sino entre religiosos y laicos. Al igual que en la versión original del conflicto de civilizaciones, el choque se presenta como epocal, netos los confines, el enemigo absoluto. Aunque no en el discurso de Scola, pero sí en las webs de cristianismo integrista, no es casual que un término como “cristófobo” se utilice para estigmatizar los comportamientos y valores no solo de los adversarios políticos (y laicos) sino también de los adversarios internos: los creyentes que no son partidarios  del conflicto de civilización.  

La neutralidad del estado respecto a las confesiones religiosas se teoriza en el discurso de Scola, como en algunos planteamientos  (definidos neoliberales o neoconservadoras) provinentes de los Estados Unidos como una neutralidad considerada como un ataque a la libertad religiosa.  En el discurso del cardenal, la laicité “se basa en la idea de la in-diferencia, definida como ´neutralidad´, de las instituciones estatales respecto al fenómeno religioso”. Pero dicha neutralidad se habría “revelado muy problemática, sobre todo porque no se puede aplicar”.   La conclusión es la existencia de un conflicto no entre religiones sino entre quienes son religiosos y quienes no lo son.  En palabras del cardenal, que retoman las teorizaciones “americanizantes” que refiere Faggioli, “hoy en las sociedades civiles occidentales, sobre todo las europeas, las divisiones más profundas son entre cultura secularista y fenómeno religioso y no –como erróneamente se piensa--  entre creyentes de diversa fe. Según esta argumentación, la aconfesionalidd del Estado disimula “bajo la idea de ´neutralidad´ el apoyo del Estado a una visión del mundo que descansa en la idea secular y sin Dios”. Y, así, la cultura secular “mediante la legislación se convierte en cultura dominante, acabando por ejercer un poder negativo en los conflictos con otras identidades, especialmente los religiosos, presentes en las sociedades civiles que tienen a marginarlos o mejor dicho, a expulsarlos del espacio público”.   Vito Mancuso ha comentado en La Repubblica que se trata de la hipocresía de una referencia (no autocrítica) a la libertad de religiones –una conquista del estado laico--  por parte de un exponente de una iglesia que reconoció la libertad a los creyentes de otras fes (incluso a los cristianos protestantes) sólo en 1965.

La sociología de los movimientos sociales nos ofrece alguna pista interpretativa, no alternativa sino complementaria a lo expuesto hasta ahora de las potenciales condiciones y consecuencias del resurgir de una visión del catolicismo polarizante y excluyente.  Desde el punto de vista empírico, la investigación sobre los movimientos sociales en Europa desmiente ante todo la existencia de un conflicto entre laicos y creyentes.  En muchas campañas de protesta (desde las relativas a la paz a la de los derechos humanos, la justicia social, el proceso de los forums sociales a principios de siglo y las movilizaciones contra la austeridad) grupos de inspiración religiosa y laicos han colaborado, construyendo visiones comunes sobre los derechos sociales, los derechos civiles y la relación entre política institucional y política “desde abajo”.  Si estas colaboraciones fueron frecuentes también en el pasado, la atención de los movimientos más recientes en la construcción de espacios inclusivos y plurales, a la democracia deliberativa y al método del consenso, ha llevado a una comprensión recíproca creciente y a una elaboración común entre laicos y creyentes. Este diálogo (por ejemplo en el movimiento por la paz) ha contribuido a la reflexión de la relación entre ética y política y sobre los valores de la prefiguración de opciones políticas en los comportamientos cotidianos.  

Naturalmente, los creyentes activos en los movimientos sociales representan sólo una componente, aunque numéricamente relevante e influyente políticamente, de los creyentes políticamente implicados. Junto a ellos, otros grupos (diversamente llamados integristas o conservadores) han utilizado su pertenencia religiosa de manera excluyente. La categoría de “contra movimientos”, usada en el estudio de los movimientos sociales, puede ser útil para comprender los tiempos y los contenidos de esta nueva cruzada. Como sucede, por ejemplo, en las temáticas sociales (la fractura de clase, como la definía el sociólogo Stein Rokkan), incluso en los temas relativos a la relación entre instituciones públicas e instituciones religiosas (la fractura Estado-Iglesia, siguiendo el lenguaje de Rokkan), la movilización por algunos derechos es seguida a menudo por el contrario movilizaciones orientadas a oponerse a los cambios emergentes.  En tiempos recientes, campañas de protesta han tenido éxito al conseguir (frecuentemente en términos de políticas públicas) una ampliación de derechos civiles (un típico ejemplo es la legalización en diversos países de la Unión Europea del matrimonio entre personas del mismo sexo).    

En la ´post democracia´ neoliberal, de la que habla  Colin Crouch, los movimientos anti austeridad exigen también (con una creciente resonancia en la opinión pública) la defensa de los derechos sociales y bienes comunes, y con esto un reforzamiento de las instituciones públicas que en el pasado estos derechos estaban llamados a defender y realizar. El discurso de Scola, y del “contra movimiento´ en el que se ha situado, representa una reacción a entrambos procesos: el ataque  a la extensión de los derechos civiles, presentados (inadecuadamente) como reducción de las libertades de los creyentes y la llamada a la subsidiaridad de la sociedad civil como reconocimiento de las responsabilidades de las instituciones públicas en la defensa e implementación  de aquellos derechos.

La investigación de los movimientos sociales también ha permitido observar que en el discurso de los contra movimientos la retórica es a menudo excluyente, intentando conseguir el apoyo mediante la polarización. Como observa Massimo Faggioli, la alternativa americana a la laicité europea está siempre en crisis, provocando un masivo éxodo en la iglesia católica de los ex fieles críticos.  Sin embargo, simultáneamente, tal como se ha visto en el Tea Party, produce movilizaciones excluyentes. El intento de importar ese modelo (aparentemente derrotado) a Europa parece corresponder a la dinámica, frecuentemente sectaria, de los contra movimientos, orientada a reaccionar frente a una crisis visible con la activación de límites rígidos, mediante un discurso peleón y guerracivilista.

Última nota: para los movimientos sociales, los contra movimientos representan a menudo un desafío y una oportunidad. De un lado, las movilizaciones adversas corren el peligro de cuestionar toda una serie de conquistas y hacer más difícil la extensión de los derechos. La buscada polarización también corre el peligro de producir en los movimientos una retóricas tan excluyentes como las de los contra movimientos.  Movimientos y contra movimientos pueden entrar, así,  en una espiral de radicalización.  No obstante, por otra parte, la dinámica entre movimientos y contra movimientos puede llevar a una mayor consciencia de lo que está en juego, focalizando la atención sobre unos temas que han alcanzado relevancia en la esfera pública. Como, por ejemplo, la elaboración sobre el laicismo tanto en su actual versión como en sus potenciales evoluciones.

(1) cielino: militante de CL, esto es, Comunione e Liberazione.

Traducido por la Escuela de Traductores de Parapanda. Publicado en www.sbilanciamoci.info  Por cierto, aprovechamos la ocasión para sugerirles que visiten esta importante revista digital. En ella colaboran personas amigas.   



jueves, 13 de diciembre de 2012

LOS GRIEGOS Y LAS REDES DE INDIGNADOS


Es costumbre de este blog sugerir lecturas y, cuando llegan las fiestas navideñas, recomendar algunos libros. De esta manera fomentamos modestamente la cultura y, además, solucionamos alguna que otra indecisión o duda: ¿qué compro, qué regalo en Navidad a Zutano o Perengano, qué me compro, que me regalo en estos días?

En esta ocasión les propongo dos libros: “Redes de indignación y esperanza”, de Manuel Castells (Alianza Editorial, 2012) y “Liquidación final”, de Petros Márkaris (Tusquets editores, 2012). Me han venido muy bien en estos días extremadamente fríos, aquí en Pineda de Marx.

Sería ocioso por mi parte presentar a Manuel Catells, su fama le precede y su abundante bibliografía acredita sus dotes de científico social de probada solvencia. De Petros Márkaris podemos decir tres cuartos de lo mismo, una personalidad que me recuerda la de nuestro José Luis Sampedro: economista primero [La espada de Damocles] y novelista después, amén de ciudadano comprometido con los de abajo.

Redes de indignación y esperanza analiza los acontecimientos de Islandia y las gigantescas movilizaciones de Túnez y Egipto contra Ben Alí y Mubarak. Conocedor del paño nos explica la relación entre las redes sociales multimodales y la movilización presencial con una precisión y sencillez que hasta los estudiantes de primaria digital, como un servidor, entendemos. El libo es, pues, todo un ensayo de la modernización del ejercicio del conflicto social del que, a buen seguro, sacarán provecho las organizaciones y movimientos.

 

Petros Márkaros nos habla, en Liquidación final,  de la Grecia de estos días: el empobrecimiento colectivo (del que nos habló recientemente Paco Rodríguez de Lecea en su sobrecogedor  MIS NIETOS GRIEGOS en la línea de Mariano José de Larra, Cháves Nogales, Haro Tecglen y Vázquez Montalbán) y las movilizaciones populares en una trama policíaca que dirige ese Kostas Jaritos, un policía honesto. Por supuesto, no vamos a revelar el intríngulis de la novela: estaría feo. No obstante, una cosa está clara: la crónica griega está servida, y bien servida.     

 

Por lo demás, conviene que, por ejemplo, los dirigentes políticos y sociales  aprendan a escribir deleitándose. En ambos libros, la prosa es clara, inteligible. O sea, lo contrario de esa sintaxis plúmbea, adoquinada y, con frecuencia, de secano de quienes ostentan responsabilidades de no importa qué nivel. 

 

Es cierto que esos libros valen unos dinerillos: unos veinte euros cada uno. Lo que no impide leerlos; no importa: están en las bibliotecas municipales, como recomienda con frecuencia Don Lluis Casas, nom de plume de Enric Oltra, recientemente jubilado y recortado en su pensión que pronto renaudará sus colaboraciones en este blog.   

 

Radio Parapanda. Antonio Baylos en  DEMOCRACIA Y MUNDO DE TRABAJO EN DEBATE

 


miércoles, 12 de diciembre de 2012

LOS TRAPICHEOS DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA


Primero. Hace unos días comentábamos en este mismo blog las evoluciones políticas tras las elecciones autonómicas en EL VUELO GALLINÁCEO CATALÁN: CiU y ERC. Afirmábamos que ERC estaba en la tesitura de o bien formar gobierno con CiU o darle a ésta un apoyo estable de legislatura. En lo que no habíamos caído –en nuestra torpeza hermenéutica--  era que ERC se plantea, ahora, la posibilidad de “insinuar”, sin formar parte del Gobierno, algunos consejeros. O, lo que es lo mismo, estar en el gobierno de manera oblicuamente florentina.

 

A todo esto va apareciendo con nitidez una cierta relectura de ERC sobre los recortes y la política de privatizaciones de los convergentes, mientras que éstos –en un esfuerzo geométrico de acercar las líneas paralelas--  dicen discutir algunos planteamientos de aquellos (se supone que la quincalla) siempre y cuando no afecten al tronco de lo hecho, dicho y anunciado por el president Mas. Un mal pensado diría que es la escenificación del guiñol (en lengua granadina, los cristobicas; en catalán, les titelles).

 

Segundo. Una candidata de CiU por la circunscripción de Girona afirmó en plena campaña, sin pelos en la lengua, algo que nadie se tomó la molestia de recriminar. Vino a decir que “bienvenida esta crisis porque abre la posibilidad de la independencia de Cataluña”. Es una zafia reedición del viejo aforismo: cuanto peor, mejor. En pocas palabras, el sufrimiento de centenares de miles de personas visto como bucle que conduce a la independencia de Cataluña. Ahora bien, cuando los huelguistas del 14 de noviembre acuden –también por centenares de miles a las manifestaciones— Artur Mas, con obsceno desparpajo, afirma que esa movilización es “un apoyo a la independencia de Cataluña”.

 

Pues bien, en ese juego de despropósitos zigzaguea ERC. Comoquiera que el objetivo final es la independencia, todo lo demás, la crisis en primer lugar, queda en segundo plano. Peor aún, como moneda de cambio para justificar su pícara postura de estar en el gobierno no estando físicamente. Para apoyar los recortes simulando que impone condiciones que, como hemos dicho, son pura quincalla. Es la independencia abstracta de Cataluña al margen de la condición de vida y trabajo de las personas de carne y hueso. Ya lo dijimos en cierta ocasión: es el chocante apoyo a un itinerario que pretende  “estructuras de Estado” que desestructura el Estado de bienestar.  

 

En resumidas cuentas, ERC se baja de la montaña de Montserrat, y como  serpa de CIU sube a la cima de Mont Pelerin. 

viernes, 7 de diciembre de 2012

¡DESALOJAD A LA DERECHA DEL PODER!

Homenaje a Emili Penado en sus 65 años. (Gentileza de Luis González, de la sección sindical de CC.OO. de Alstom


¿Qué sector social, qué estamento profesional queda por enfrentarse a este austericidio de la conjunción neoliberal-apostólica que dirige Aznar bajo persona interpuesta de Rajoy? Prácticamente ninguno. De hecho, hasta donde mi memoria me alcanza, no ha habido ninguna fase con tanto desacuerdo y enfrentamiento contra el gobierno del Partido popular. Pero también es verdad que nunca ha habido tanta agresión a los intereses y derechos de la ciudadanía  como en el último año. Estamos por lo que se ve ante un equilibrio inestable entre la agresión sistemática y sistémica contra la ciudadanía y una confrontación general de ésta contra tales agresiones. Más todavía, en ningún sitio está escrito que triunfen los apostólicos ni tampoco el éxito de nosotros, sus adversarios.

A mi modo de ver las cosas dos son las principales condiciones para desalojar a los apostólicos del poder. Una, que el proceso de movilizaciones en curso se proponga claramente la relación entre la defensa de su condición de trabajo y de vida con el desalojo de los apostólicos de las esferas de poder; dos, que –desde la diversidad de las izquierdas--  se ponga en marcha un protocolo y un proyecto de unidad de acción para derrotar al partido apostólico. Si no lo entiende la toponomástica política de izquierdas lo más probable es que sigamos en el actual equilibrio inestable.

Pienso que no se le puede pedir más a los movimientos sociales, de viejo y nuevo cuño, en esta fase de oposición de masas que es un potente asedio multimodal al gobierno del Partido popular. Sin embargo –y dicho desde la prudencia debida—insinúo que las izquierdas españolas tienen el siguiente problema: cada una va por su lado sin la más mínima conexión entre sí y sin la menor relación con un proyecto de desalojar a los apostólicos del poder. La izquierda mayoritaria está más pendiente de su (necesaria) recuperación y la izquierda minoritaria parece encaminada a variar las relaciones de poder dentro del espectro de la izquierda. Se trata, efectivamente, de dos opciones legítimas. Pero tienen un grave inconveniente: esa politicidad la incapacita para dibujar un programa común –unos mínimos imprescindibles, no hace falta que sean suficientes, pero sí necesarios--  que camine con firmeza hacia el desalojo de los apostólicos.

Si la situación política es excepcional (es decir, de equilibrio inestable sin saber hacia dónde se despeja la incógnita) la conclusión aproximadamente lógica es: planteamientos políticos excepcionales. Un enfoque, todo lo modesto que se quiera, aparece en el sindicalismo confederal catalán que ha creado un  Comité de enlace entre CC.OO. Y UGT.  ¿No habría que hacer algo por el estilo a todos los niveles? Pero, ¿acaso este ejemplo no interpela a las formaciones de izquierda en nuestro país? ¿Acaso dicho asedio multimodal no está proponiendo el cambio de la dirección política del país?

 

Más todavía, si la situación es excepcional –los indicadores de paro y la destrucción de empleo, privado y público como elementos más estremecedores en la condición de vida de las personas-- ¿las fuerzas de izquierda deben actuar rutinariamente, como si estuviéramos en una situación de normalidad?

 

Las fuerzas de izquierda deberían enviar a la ciudadanía un potente significado: hay que construir el significante del desalojo de los apostólicos. Y sin melindres empezar a poner los mimbres de una alternativa de gobierno. Es decir, con un programa –no confundir un programa con un zurzido de retales--  y un instrumento que lo vaya popularizando. No me importa que se me diga extemporáneo o estridente: es necesario un Gobierno en la sombra de quienes estén interesados en proceder al desalojo de los apostólicos. En fin, cuando la necesidad apremia sobran las rutinas…  

jueves, 6 de diciembre de 2012

COMITÉ DE ENLACE CC.OO. Y UGT


CC.OO. y UGT de Catalunya presentarán en sus congresos un protocolo de unidad de acción. A tal fin se plantea un comité de enlace (1).  Esta es la importante noticia que ha saltado a los medios en puertas de los próximos congresos de ambos sindicatos. La novedad de todo ello es que las sostenidas relaciones unitarias de ambos sindicatos, presididas hasta ahora por unos razonables buenos usos y costumbres, tendrán unas normas. Se habla, además, de entrar en el complejo tema de la representación en los centros de trabajo. Si esto es así parece claro que se abre una nueva fase en la acción colectiva del sindicalismo confederal.

Desde esta bitácora llevamos tiempo insistiendo en la necesidad de abrir ese camino. Nuestro razonamiento ha seguido este hilo conductor: los trabajadores se afilian a un sindicato a través de un nexo preferentemente social; ambos sindicatos, a través de la cotidiana práctica de la independencia, esto es, su propia personalidad, han roto las amarras de antaño con relación a los partidos políticos (lo que no significa indiferencia al cuadro político-institucional); unos y otros pertenecen en igualdad de condiciones a las dos grandes organizaciones supranacionales: la Confederación Europea de Sindicatos y la Central Sindical Internacional; las grandes movilizaciones en curso, que se vienen acentuando desde el inicio de la crisis han ido fortaleciendo no ya momentos de encuentro sino una continuada acción colectiva unitaria de considerable espesor; los desafíos ante esta crisis (y los retos ante los procesos de innovación-reestructuración de los aparatos productivos) exigían algo más que la unidad de acción.  Planteaban la apertura de un ciclo nuevo que, a tenor de las informaciones recibidas, parece que está abriéndose.

Están bien los apegos a las nobles tradiciones. Pero ya el mismísimo Karl Marx nos hablaba de la metamorfosis. Ahora se trata de eso.

Por lo demás, tengo para mí que este es un buen momento para abrir ese itinerario: el conjunto asalariado necesita un sujeto (más) fuerte para encarar el vendaval neoliberal con su potente relación con los apostólicos fernandinos de nueva planta.

 

(1) Más información en (clicar aquí) CCOO y UGT pactan estudiar la fusión de algunos servicios



Radio Parapanda. Antonio Baylos en DESPIDOS, SINDICATO, CRISIS


martes, 4 de diciembre de 2012

PACTO DE CIUDADANÍA EN DEFENSA DE LO PÚBLICO


El actual proceso de movilizaciones en defensa del Estado de bienestar, que viene desde hace ya muchos meses, ha dado un salto de cualidad en los últimos días. Pongamos que hablo de Madrid, y muy especialmente en el terreno de la Sanidad, ese panel de rica miel para los capitales privados que se inició con el tristemente famoso modelo de Alcira y que tanto predicamento tiene en las filas del grupo dirigente de Convergència i Unió en Cataluña.   

Sostengo que esas movilizaciones madrileñas hay que observarlas y seguirlas con lupa porque nos deparan importantes novedades en defensa de lo público: tras la movilización en torno al Hospital de la Princesa han venido las no menos masivas que se han conocido como “abrazo a los hospitales”. Esto es, decenas de miles de personas rodeando los hospitales públicos. De todo ello el amigo  Javier Lopez ha dado buena cuenta así en su muro de facebook como en twiter.
 
La novedad de estas movilizaciones, llamadas  “del abrazo”, es que ya no se refieren a una acción contra las privatizaciones sino a una defensa explícita y de masas de la sanidad pública. Es decir, no se trata de una defensa de élites sino de amplias masas de trabajadores y empleados junto a capas no asalariadas, todos ellos con los profesionales del sector. Si esto es así, ¿sería aventurado proponer un pacto de ciudadanía en defensa de lo público? Capaz de vincular los objetivos inmediatos (no a la privatizaciones) con los mediatos (a saber, la elaboración de un proyecto creíble y factible de Estado de bienestar más fuerte e inclusivo, si cabe). Y puestos a proponer: ¿no debería ser la Cumbre Social, como sujeto unitario, el agente sociopolítico capaz de diseñar ese proyecto de objetivos inmediatos y mediatos? Más todavía, si estamos en esas ¿no debería la izquierda política implicarse a fondo en ello y compartir ese paradigma? 


     

lunes, 3 de diciembre de 2012

EL VUELO GALLINÁCEO CATALÁN: CiU y ERC

   Convergència i Unió plantea un gobierno de coalición con Esquerra Republicana de Catalunya para la gobernabilidad cotidiana y la convocatoria de un referéndum sobre la independencia. Esquerra Republicana, a su vez, responde que se limitará a darle su apoyo mediante un pacto de legislatura. Naturalmente, no ignoro las diferencias entre un gobierno de coaligados y un pacto de legislatura. Sé que hay diferencias estéticas, pero a decir verdad no veo exactamente, en este caso concreto, las diferencias políticas. Políticos de vuelo gallináceo me dirán, y no les faltará razón, que así las cosas CiU pecha con los inconvenientes de gobernar en solitario y ERC se libra de los tropezones. El vuelo gallináceo tiene esos melindres.

Pero, en mi opinión, los cálculos de ERC tienen otras variables: si hace coalición de gobierno deja en manos de otros la visibilidad de ser la oposición. Abre la posibilidad de la recuperación de los socialistas catalanes, sitúa a Iniciativa como fuerza más enérgica contra los recortes (anunciados por Mas antes, durante y después de las elecciones autónomicas) o posibilita, en su caso, una hipótesis de unidad de acción entre los socialistas e Iniciativa contra la política económica del gobierno catalán.

Si ERC opta por la opción estética, esto es, el apoyo desde fuera del gobierno está enviando el siguiente mensaje: el trueque es a cambio del referéndum sobre la independencia. Sin embargo, el resultado global de las elecciones  no cumple, ni siquiera, la condición necesaria (menos todavía la condición suficiente) que estableció Artur Mas para proceder a la convocatoria, esto es, que se le diera la mayoría excepcional. De ahí que así CiU como ERC –tanto si hacen gobierno de coalición como la segunda apoya exteriormente a la primera--  están metidos en un callejón sin salida. Porque

Por otra parte, las condiciones que ha presentado ERC para dar su apoyo exterior no dejan de ser pura quincalla. Abordan sólo y solamente las virutas de las políticas neoliberales de CiU dejando incólumes no sólo los grandes recortes sino el núcleo duro de las privatizaciones en algunos sectores públicos de especial relevancia que serán apoyadas entusiásticamente por el Partido popular. A las que un amplio sector de la ciudadanía seguirá enfrentándose. Hablando en plata, ERC sólo podrá poner un poco de mercromina y una tirita a la sangría neoliberal. ¿Vale, pues, ese apoyo desde fuera a cambio de un referéndum que, como se ha dicho, ha quedado políticamente archivado por CiU? Esta es una pregunta retórica de la que, tal vez, ERC todavía no sepa la respuesta.

En resumidas cuentas, se podría dar esta paradójica situación: ERC apoya el planteamiento convergente de que Catalunña “tenga estructuras de Estado” mientras da soporte a la desestructuración del Estado de bienestar.


Radio Parapanda. Isidor Boix en

 

Gravísimo incendio en una fábrica textil de Bangladesh,

Fotografías del incendio de Tazreen Fashion en Bangladesh 

Movilización sindical en Bangladesh: Solidaridad con las víctimas de los incendios de las fábricas textiles y exigencia de eficaces medidas de prevención

 

 

miércoles, 28 de noviembre de 2012

EXPULSAR LA POBREZA DE NUESTRAS VIDAS


Hèlios López Roig



Creo que históricamente ha sido una gran tarea pendiente y hoy todavía lo es más. Lo condenso en: Yo Quiero expulsar la pobreza de mi vida, de las personas y las familias de mi comunidad de vecinos, de mi calle, de mi barrio, de mi centro de trabajo, de mi escuela pública, de mi ciudad, de mi país, del mundo, pero no dispongo de ninguna varita mágica y tampoco desearía tenerla en mis manos. Yo Quiero encapsular toda la miseria y lanzarla como una piedra sin retorno a los confines del espacio sideral, pero no tengo el suficiente impulso, y además, desconozco por completo el método, la fórmula, la tecnología y las herramientas a emplear. En todo caso, creo que en esta gran y central tarea y como también con otras pendientes, nos toca, nos concierne seguir manteniendo impulso, lucidez, habilidad, creatividad al mismo tiempo que entretejemos fuertes y constantes vínculos y sentimientos entre personas y generaciones para mejorar las condiciones de vida y trabajo en nuestras Ciudades del Trabajo y del Saber que entre todos hemos construido.

Para documentarse de forma fundamentada sobre las principales causas, las evidentes consecuencias y las diferentes respuestas de combate cultural, social y colectivo al fenómeno de la pobreza en España, ustedes pueden encontrar un libro magnífico de reciente aparición que merece atención, lectura, notas y apuntes complementarios para elaborar reflexiones y extraer algunas conclusiones que nos sean útiles para comprender la naturaleza y los movimientos de este monstruo. El trabajo se titula “Socialización de la pobreza en España. Género, edad y trabajo en los riesgos frente a la pobreza” de Ángel Belzunegui (coord.), Icaria Editorial, año 2012.

La mirada sobre la pobreza nos refleja el estado de salud de los lugares sociales que esta alimaña ocupa e invade, dejándolos arrasados, deteriorados, precarizados e indignos para el provecho vital de los colectivos, las familias y las personas. El libro arranca describiendo que la pobreza es un fenómeno social total; pertenece a ese tipo de fenómenos que abarcan diversas dimensiones de lo social: la económica, la relacional, la simbólica, la cultural y la política. “Estar en” o “padecer” una situación de pobreza es habitar los lugares sociales de las pobrezas, aunque parezca una tautología. Al estado de pobreza se le asocian, en diferente grado, las situaciones funcionales de vulnerabilidad, de riesgo y de privación, que soportan las personas que denominamos pobres.

En otro extremo, los ricos y los megaricos son la reducida y finísima capa social de familias e individuos que habitan lugares sociales dorados y de prestigio. Situados en lo más alto de la pirámide social, donde gozan de una privilegiada posición de poder, influencia e independencia. Concentran y disponen de propiedades, rentas del capital, fondos de inversión, fondos de pensiones que mueven y multiplican fácilmente con operaciones y transacciones de alcance global. Alcanzan y acumulan una alta y eficaz capacidad extractiva de la energía, los bienes y los conocimientos generados y producidos en la Ciudad del Trabajo y del Saber. Una posición supuestamente garantizada por su talento, su acceso y dominio corporativo y elitista de las diversas y bien ensambladas dimensiones, estructuras y esferas de la cultura y el ámbito social: La económica en el sector industrial, de servicios y financiero. El relacional con el despliegue de los lobbies y los filtros sanitarios necesarios a cuerpos extraños a sus intereses y amistades. La simbólica con la edificación de una ideología neoliberal, siendo el parné el totem central de la plaza, el triunfo de las burbujas especulativas, la veneración a productos gallinaceos, una cornucopia de artefactos que utilizan el márketing como el perfume gaseoso que eleva y seduce a todo mortal a comprar, la exaltación y mimetización de personajes gelatinosos, espumosos de caspa y brillantina que se exhiben y son encumbrados a referentes de éxito efímero y espacios de lujo vedados, a clubs y marcas selectas y exclusivas. La cultural con la adhesión a estilos de vida superficialmente elitistas que son la ensoñación fantasiosa de pertenecer a un grupo de más status social que gana terreno en adquisiciones y servicios, a espacios de placer, a oasis paradisíacos antes reservados a una minoría, desegmentandose de su clase social. La mediática con la imitación de formas de consumo conspicuo y comportamientos banales. La política como espacio que está restringido a unos dirigentes profesionalizados, superentendidos, de carrera brillante y modélica que escenifican públicamente y de forma ortopédica y mendaz la garantia y la tutela del interés general y el buen funcionamiento de los servicios públicos pero velan con lupa por su interés corporativo y particular, sabiendo jugar sus cartas marcadas. Se envuelven en mantos simbólicos, reconstruyen mitos y espíritus fundacionales y se bunkerizan en instituciones inviolables, tratados internacionales, constituciones y en marcos legales y jurídicos que eliminan y torpedean derechos conquistados. No dudan demasiado en desarrollar un programa con una gran batería de medidas para un nuevo régimen que no es más que una nuevo y alicatado modelo de país pre-democrático, utilizando cuando sea preciso el arsenal de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del estado. Se trata de infiltrarse, domesticar, contener, disuadir, disolver y reprimir a los aguerridos bárbaros que se manifiestan con toda razón contra la sinrazón, situados en las plazas populares y fuera de este elevado castillo fortaleza. No hace falta rendir cuentas de nada y ante nadie. Lanzan mensajes que cualquier intento de re-conquista es vano, ilusorio, irresponsable y contraproducente a la estabilidad del sistema, de la democracia, del orden social, del status quo, de los mercados, etc.

Habitar los lugares sociales de las pobrezas no es solo ocupar un lugar vacío de narrativa: Es quedarte sub-subalterno. En este país se ha fundido el ascensor social y no está previsto repararlo o encargar uno nuevo. El bienestar de las familias y las personas ha descendido gradual o en caída libre y se permanece en estos lugares de forma crónica, contrayendo una pérdida de identidad, un sentirse a la intemperie, un los lunes al sol desamparado, sumergido y enfermo, sin poder de maniobra, expuesto a inclemencias encadenadas, a factores y a fuerzas externas incontrolables que empujan el seguir rodando y descendiendo precipitadamente hacia un valle desértico de recursos, de oportunidades y esperanzas. En cambio, habitar los lugares sociales de las riquezas es más que ocupar un lugar lleno de narrativa: Es formar parte de un núcleo relevante, fértil, sólido, merecido y de poder, un sentirse pletórico en lo alto de una cumbre llena de manantiales y en la que se divisa un horizonte prometedor de logros y beneficios, despejado de penas y amenazas y libre de hacer y deshacer.

Este libro cita la emergencia de un nuevo régimen de marginalidad avanzada alimentada por la inestabilidad estructural del trabajo asalariado, el retroceso del Estado Social y la concentración, en distritos desprestigiados, de sectores desprovistos de una lengua compartida que les permita forjar una identidad común y afirmar reivindicaciones colectivas. Esta concentración y aislamiento es producto de un proceso activo de desidia institucional y de segregación favorecido por la descomposición avanzada del sector público.

Como escrito y vivido hace más de cuatro cientos años: “Algo huele mal en Dinamarca...”. Como escrito y vivido hace más de quinientos años: “Avive el seso dormido y despierte...”

Como escrito y vivido hace unos años por el cantautor catalán Francesc Pi de la Serra en esta conocida canción:

EL HOMBRE DE LA CALLE

A este hombrecillo que todo lo hace bien,
que siempre camina, que siempre camina,
a este hombrecillo que nada puede hacer,
lo llamaré desde ahora el hombre de la calle.

Nunca se levanta tarde, se afeita muy bien
-la patilla izquierda, la patilla izquierda-,
desayuna una pizca, porque no tiene más;
mirad si lo hace bien el hombre de la calle.

Saca un cigarrillo, ¡ay no!, que no tiene,
cuando fuma es de gorra, cuando fuma es de gorra
los amigos, si lo ven, se hacen los distraídos...
¡qué poco fumarás, hombre de la calle!

Baja en ascensor, ¡ay no!, que no tiene,
camina deprisa, camina deprisa,
en el rellano de abajo, encuentra a Roser,
te pones colorado, hombre de la calle.

La mujer no lo sabe, ¡ay no!, que no tiene,
¡qué mal pienso!, ¡qué mal pienso!,
se le murió, ya ni sabe de qué;
eso es un pecado, hombre de la calle.

Abre su cochecito, ¡ay no!, que no tiene;
no tiene una peseta, no tiene una peseta,
no quiere cambiar el último billete...
¡ya ves qué papel, hombre de la calle!

A pie va al trabajo, de eso sí que tiene;
mucho menos querría, mucho menos querría,
si no hay dinero, tampoco hay Roser...
¡lo tienes muy crudo, hombre de la calle!

Le duele la cabeza, ¡ay no!, que no tiene;
antes la tenía, antes la tenía;
un día la perdió y no la encontró más...
no tienes nada de nada, hombre de la calle.

martes, 27 de noviembre de 2012

DE LAS TASAS JUDICIALES. 8 tesis


Miquel A. Falguera i Baró. Magistrado Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

1. Las tasas judiciales no son nada nuevo. Son algo muy antiguo. Algo así como el denominado neoliberalismo, que tampoco tiene nada de novedoso.

De hecho, su antecesor, el arancel judicial,  es anterior al concepto del Estado moderno: en la etapa anterior a la instauración de los sistemas constitucionales actuales la justicia se financiaba a través de los mismos. El juez y su personal cobraban sus servicios de los justiciables a través de dicha vía. Y es obvio que ello abría un enorme boquete de agua en la imparcialidad de su actividad.

En la práctica las tasas judiciales desaparecieron en España en 1987 con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su desarrollo reglamentario, y con ello se suprimió una fuente de corruptelas. Sin embargo, la absoluta gratuidad del costo del funcionamiento de la justicia para los ciudadanos pronto se vio matizada, con toda una serie de normas que, en los distintos órdenes jurisdiccionales vinieron a implantar, de nuevo, las tasas judiciales. Pero, esta vez, con una filosofía distinta: ya no se trataba tanto de que el justiciable aportara dinero por acceder a la justicia, sino de instaurar mecanismos de compensación social, de tal manera que aquellos justiciables que más litigaban, en relación a procesos generalmente muy complejos y reiterados –esencialmente, las grandes empresas- contribuyeran a los gastos que con ello se generaban que, en buena lógica del Estado social y democrático de derecho, no tenían porqué ser soportados por todos los contribuyentes (en una tendencia existente en prácticamente todos los países europeos).

Por tanto, como el colesterol, existen tasas judiciales malas y buenas. Las malas son aquellas que se imponen a todos, con independencia de sus rentas, y que tienen una única finalidad recaudatoria: en plata, se paga por acceder a un servicio público esencial como la Justicia. Las buenas, las que gravan el abuso de los poderosos que son, con mucho, los causantes de un mayor número de pleitos largos y complicados, generando con ello un mayor gasto al Estado y, en muchos casos, las demoras solutorias.

Las tasas “malas”, por ser universales y afectar a todos los ciudadanos con independencia de su renta y de la complejidad del asunto y la reiteración de pleitos, repugnan de entrada a la más mínima sensibilidad democrática. Y ello porque se trata de pagar por acceder a un derecho fundamental como el de tutela judicial efectiva (en una lógica extensible a otros supuestos, como por ejemplo la sanidad o la educación) Pero también, porque se trata de hacer pagar por el acceso a uno de los poderes –y servicios- que conforman el núcleo esencial del Estado moderno.

2. Contra aquello que muchos piensan la justicia no ha sido nunca gratuita. En efecto, el justiciable ha de hacer frente a una serie de gastos. En primer lugar, debe pagar  su defensa procesal –esencialmente, abogado o, en su caso, procurador-, salvo que goce del beneficio de justicia gratuita y se le haya encomendado un abogado de oficio en supuestos de pobreza –que la ley limita a las personas que en su unidad familiar no superen el doble del salario mínimo interprofesional (esto es, 1282,80 euros mensuales, aunque advierto que, si ése es su caso, no podrá elegir abogado, asignándole uno de oficio por el correspondiente Colegio de Abogados) En segundo lugar, hay una serie de gastos a los que la persona que recaba el derecho a la tutela judicial efectiva ha de hacer frente, esta vez derivados de la propia actividad judicial –inserción de anuncios, peritajes, copias y certificaciones, etc.-, de los que el justiciable que goza del privilegio de justicia gratuita también está exento. Y, por último, el ciudadano que accede a la justicia ha de abonar las costas judiciales de la contraparte en el caso de que pierda el juicio –lo que en la jerga procesal se denomina el principio del vencimiento-. A lo que cabe añadir que, si recurre, debe asegurar la cantidad a la que ha resultado inicialmente condenado y, además, abonar depositar una cantidad adicional, de objeto disuasorio, que sólo recobra en el caso que el recurso prospere (el depósito). 

Sin embargo en el ámbito laboral rige históricamente el principio de gratuidad de funcionamiento del aparato judicial. Ocurre así desde las Leyes de Tribunales Industriales de 1908 y, especialmente, de la Ley de Organización Corporativa Nacional de Primo de Rivera –el claro precursor de las normas procesales del orden jurisdiccional social-. Lo que ocurre es que se trata de una gratuidad compleja y no absoluta. Así, las partes –salvo que gocen de justicia gratuita- han de pagar sus gastos de defensa y, por tanto, el abogado y, en su caso, el perito que aporten como prueba de parte al juicio. Y también deben hacer frente tanto a las costas procesales por la asistencia letrada de la contraparte si plantean recurso (no, en la primera instancia, como en otras disciplinas jurídicas) y lo pierden, como respecto a los depósitos para recurrir. Pero, y ésta es la singularidad laboral, la Ley excluye de cualquiera de estos últimos gastos y responsabilidades a los trabajadores y a los beneficiarios de las prestaciones de la Seguridad Social. Y desde la reciente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, también gozan de dichas exenciones los sindicatos y asociaciones empresariales (lo que en buena medida había sido ya establecido por la jurisprudencia) Se puede contemplar como la Ley procesal laboral discrimina en sentido negativo a los empresarios a favor de los trabajadores. Un trato diferenciado que fue en su momento validados por el Tribunal Constitucional, por entender que se trataba de una compensación de la situación de desigualdad en el contrato –y en las rentas- en que se encontraban empleadores y asalariados.

Por último, cabrá indicar que el resto de gastos que se generen por la actividad judicial en el orden social son gratuitos: las partes no deben pagar nada por el hecho de pleitear en cuanto a los gastos que la oficina judicial genera en su litis. Reitero: ello ha sido así desde los albores del Derecho Procesal del Trabajo.

3. La Ley 10/2012 ha venido a romper ese modelo. En todos los ámbito, pero especialmente en el proceso social.

Aparentemente, el modelo jurisdiccional social sigue más o menos incólume: por tanto, el trabajador y el empresario deben pagar a su abogado y, en su caso, al perito, el proceso en el primer grado jurisdiccional les resulta totalmente gratuito, el empresario –no, el trabajador- debe consignar y depositar para recurrir y si el empresario ve desestimado su recurso debe pagar, dentro de unos límites legales, los gastos de letrado del asalariado. Pero en esas reglas se añaden otras nuevas: las partes, en principio, deben pagar tasas para recurrir (y hago aquí en especial énfasis: en el ámbito laboral sólo para recurrir) Así, si el recurso es de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, la tasa asciende a 500 euros y si es de casación ante el Tribunal Supremo, a 750 euros; cantidades a las que se debe añadir, además, un 0,25 % de la cuantía (o un 0,5 % si ésta supera el millón de euros, cosa infrecuente en el ámbito laboral) Cabe observar que en la tramitación parlamentaria se ha incluido la previsión de que si recurre el trabajador “sólo” deberá abonar el cuarenta por ciento; dicha previsión no estaba contemplada en el texto inicial y alguien hizo observar que el trato igualitario entre empleadores y asalariados podría resultar contrario a la doctrina constitucional a la que antes se ha hecho referencia.

Sin embargo, pese a ese añadido posterior, el hecho es que si un trabajador pierde una demanda en la que postulaba una cantidad de, por ejemplo, 10.000 euros deberá pagar una tasa para interponer el recurso de suplicación, en cuantía de 210 euros (salvo que tenga reconocido el derecho de justicia gratuita) Y si también el Tribunal Superior de Justicia le desestima su pretensión y quiere acceder a la casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo deberá abonar, además, otros 310 euros.

A ello se suma que, en muchos casos, en el ámbito social la cuantía del pleito es indeterminada –piénsese, por ejemplo, en una demanda de reconocimiento de derecho-. Ahí, para recurrir, a la cuantía fija inicial de 200 y 300 euros de los trabajadores, la ley imputa una base imponible de tasa de 18.000 euros, lo que conlleva una cantidad adicional de 18 euros. Y ello se aplica también cuando la demanda se haya articulado como conflicto colectivo o en el caso de impugnaciones de despidos colectivos.

Por otra parte no deja de ser significativo que la ley desconozca totalmente la figura procesal del sindicato y de los organismos de representación unitarios y sindicales en la empresa. Pese a que su actuación procesal acostumbra a plasmarse en defensa de un interés colectivo –lo que se conecta con el artículo 7 de la Constitución- también deberán pagar para recurrir con dicho objeto finalista. Un olvido que puede deberse a tres causas: o al total desconocimiento de la pluma redactora de las singularidades del proceso social –lo que no es nada nuevo, vista la nefasta técnica procesal de la reforma laboral reciente- o al ninguneo de las instituciones colectivas por motivos ideológicos –lo que, tampoco, es nuevo-. O a ambas cosas.

Con todo, quizás lo peor del nuevo modelo sea que el legislador no ha tenido presente la singularidad del proceso social en materia de costas de la contraparte. Me explico: en un pleito civil o contencioso administrativo rige el principio de vencimiento, como antes se ha dicho. Por tanto, si un ciudadano pleitea en reclamación de un derecho o una cantidad y obtiene una sentencia favorable, su contraparte tendrá que abonarle, además del objeto de la condena, los gastos procesales que su acción ha generado (esto es, las costas de tramitación procesal, los honorarios de su abogado y perito, etc),  a lo que se añaden ahora –por modificación expresa del artículo 241 LEC y, por remisión, el art. 139 de la LRJCA- las tasas judiciales. Por tanto, aunque yo pague tasas para pleitear en el orden civil o contencioso administrativo sé que si obtengo una sentencia favorable esas tasas me serán devueltas por la otra parte. Pero eso no rige en el proceso laboral: si el trabajador o el sindicato pierden el pleito en el juzgado de lo social –o en el TSJ cuando actúa como primer grado jurisdiccional- y recurren, tendrán que abonar tasas, pero en el supuesto que ganen dicho recursos su contraparte no tendrá obligación alguna de reintegro de la misma, en tanto que las costas procesales en recurso en el orden social sólo se generan –y para el empresario- cuando dicho recurso es desestimado. Y viceversa: si quién recurre es el empresario y gana el recurso, se le devolverán la consignación de la cantidad que ha tenido que efectuar para recurrir y el depósito legal, pero en ningún caso la ley prevé la devolución de la tasa por parte de la Administración, ni tampoco que su contraparte deba efectuar el reintegro. Se trata de una clara singularidad de la jurisdicción social que el legislador ha omitido, en un desprecio preocupante de nuestras singularidades.  Por tanto, aunque el TSJ o el TS le den la razón al recurrente, éste deberá pagar esa sentencia, pese a que la Ley estaba de su lado. Y está de más decir que la Ley deja claro que si no se efectúa el pago de tasa previo al recurso, éste no será admitido a trámite.

4. La justicia en España ha sido el pariente pobre de la Transición. El estado español es el país de la Unión Europea con una menor ratio de jueces por habitante, pese a ser uno en los que mayores conflictos judiciales se generan. Los medios materiales con que cuenta la oficina judicial son obsoletos (por poner un ejemplo: hasta hace pocos meses cuando yo encendía mi ordenador en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debía esperar más de un cuarto de hora para que éste se conectara a la red informática) Los medios humanos con que se cuentan –el personal al servicio de la Administración de Justicia- es notoriamente insuficiente (y más ahora, en que tras los recortes hay órganos judiciales en los que no está cubierta una ínfima parte de la plantilla). Y, especialmente, la oficina judicial española está en la práctica pensada con lógica del siglo XIX, no del XXI. Ello explica la famosa demora de nuestras resoluciones judiciales, el caos administrativo y muchas contradicciones que se denuncian frecuentemente en los medios de comunicación. Denuncias que se imputan a los jueces, pese a que nosotros no somos responsables de esos déficits.

Pues bien, desde hace ya una decena de años se ha venido diseñando la denominada Nueva Oficina Judicial (NOJ) adaptada a la nueva realidad. Así, por ejemplo, dotando al secretario judicial de la función de la dirección de las actuaciones en el ámbito estrictamente procesal, descargando a los jueces de buena parte del tiempo que dedicaban a la “intendencia” y al análisis de los “intestinos” procesales. O instaurando mecanismos horizontales entre los distintos juzgados y jurisdicciones –servicios comunes en materia de comunicaciones, ejecuciones, etc-. O teorizando y cambiando las leyes para avanzar hacia la oficina judicial tecnológica y sin papeles. O previendo modelos de organización judicial también horizontales, que permitieran una flexibilidad significativa (los denominados “tribunales de instancia”, de tal manera que no existiera una simetría directa entre el juez y el juzgado).

Sin embargo, ese diseño de la NOJ –en la que aparentemente todos estamos de acuerdo, más allá de algunos corporativismos de diversa índole- requiere esfuerzo y, especialmente, una inversión inicial significativa. Inversión que, lógicamente, se recuperaría posteriormente con creces si las cosas se hubieran hecho bien. Ahora bien ese proceso está en estos momentos prácticamente parado. Primero, porque los recortes impiden esa inversión. Y segundo, porque no existe ninguna voluntad política de instaurarlo. Hay quien afirma que, en el fondo, ningún Gobierno, sea cual sea su signo, tiene interés en la que la Justicia funciones y sea ágil. Pero ocurre que, más allá de posibles intereses políticos, ese desiderátum es una pieza imprescindible para la modernidad del país, es la garantía del cumplimiento de la Constitución y es un aspecto altamente significativo de mejora de la productividad de la economía española –por supuesto, en una perspectiva amplia, que supere la ramplona división economicista entre PIB y número de asalariados-.

Y, evidentemente, es también la garantía de la independencia judicial. Pero ocurre que estamos asistiendo a unos momentos en que ésta –ya precaria, por el reparto de cromos bipartito en cualquier instancia de poder- está siendo atacada con una saña desconocida. Al margen de alguna declaración de destacados miembros del Gobierno basta con acudir al actual proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se retornan al poder ejecutivo buena parte de las funciones hasta ahora encomendadas al Consejo General del Poder Judicial. La reacción termidoriana, a la que tantas veces ha hecho referencia el titular de este blog, también se expresa ahí.

5. En ese marco quizás podría pensarse que las tasas son un “mal menor”, pues, aunque se haga pagar a los ciudadanos para acceder a la justicia, su objetivo es finalista: obtener ingresos públicos para, en circunstancias de crisis, instaurar la nueva oficina judicial. Pero ello no es así: baste dar una lectura al contenido de la Ley 10/2012 para llegar a dicha conclusión. Es más, conforme a su artículo 9 resulta que su gestión se encomienda, no al Ministerio de Justicia, sino al de Hacienda y Administraciones Públicas.

Habrá que acudir a la Exposición de Motivos de la Ley para saber qué se pretende con las tasas. Y en ella se afirma: “Con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita”. Es decir, olvídense ustedes de financiar la renovación de la oficina judicial. De lo que se trata, aparentemente, es de dos cosas: de un lado, financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita; de otro, “racionalizar” el ejercicio de la potestad judicial.

Respecto a la financiación del servicio de justicia gratuita podría obviamente compartirse la justificación. Esto es, en tanto que el nivel de ingresos de muchos ciudadanos está descendiendo alarmantemente por la crisis y ésta genera mayores conflictos, vamos a hacer pagar al resto de justiciables el servicio. Pero ocurre que resulta poco creíble la justificación. En primer lugar porque la Ley no contiene ninguna referencia finalista de las tasas, más allá de su contenido; en segundo lugar, porque, como se ha dicho, la gestión de las mismas se encomienda al señor Montoro y no al señor Gallardón; y, por último, porque la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita no es competencia del poder central, sino del autonómico, sin que la norma haga ninguna mención al respecto (bien al contrario, desde su artículo primero la Ley deja claro que las Comunidades Autónomas no podrán gravar el mismo hecho imponible, lo que, dicho sea de paso, es de dudosa constitucionalidad)
Como tampoco resulta creíble que la medida coadyuve a la “racionalización de la justicia”. Cabría preguntarse, de entrada, en qué. Nada dice la Ley al respecto, limitándose a hacer una serie de reflexiones en su prólogo de índole meramente fiscal. Reflexiones repugnantes si se me permite la expresión: el acceso a la Justicia es un derecho fundamental que no puede ser tratado legalmente como un aspecto tributario. Pero es más, si ustedes dar una ojeada a dicha Exposición de Motivos se hallarán con esta perla: “La regulación de la tasa judicial no es sólo, como ya se ha dicho, una cuestión meramente tributaria, sino también procesal. El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero, por otro, se tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y las competencias del Secretario judicial, que comprobará en cada caso si efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se solicite”. Bien, se afirma: no se trata “sólo” de una cuestión judicial, también es –obviamente: si no se paga no se podrá pleitear o acceder al recurso- un aspecto procesal. Lo que insólitamente se vincula con la nueva Oficina Judicial… para convertir a los secretarios judiciales en recaudadores del señor Montoro… ¿dónde está la “cuestión procesal”?, ¿qué relación guarda esa función con la NOJ?

6. La finalidad, no declarada en forma expresa, es obvia: de un lado, incrementar las arcas del Estado, como está ocurriendo en tantos otros aspectos. De otro, reducir costes, limitando el acceso de los ciudadanos a la Justicia por motivos económicos. Respecto a esta segunda perspectiva hallaremos en los medios múltiples ejemplos estos días en relación a supuestos concretos en los que le sale al ciudadano más caro pleitear que aquietarse.

Pero en el ámbito laboral la medida es, aún, más sangrante. Porque para las grandes empresas pagar unos cientos de euros para instar un recurso será algo prácticamente anecdótico, que quedará perdido en una partida menor de su contabilidad.  Por el contrario, para el pequeñísimo empresario ahogado en deudas por la crisis la medida le puede resultar imposible.  Y, por supuesto,  resulta altamente limitadora para el trabajador –y para el sindicato-, aunque pague sólo el cuarenta por ciento.

Ciertamente, el Tribunal Constitucional ha declarado con reiteración que el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE no contempla –con la excepción del proceso penal- el acceso al recurso, siendo éste de creación legal. Es por ello que en materia de tasas existen pronunciamientos del TC que consideran que su imposición para las empresas solventes y grandes pleiteadoras no afecta al mentado derecho constitucional, al tratarse –en el símil hecho antes- de “colesterol bueno”. Así, entre otras, las SSTC 20/2012 y 79/2012. Valga decir que la Exposición de Motivos de la Ley 10/2012 contiene la siguiente afirmación: “La reciente sentencia del Tribunal Constitucional no sólo ha venido a confirmar la constitucionalidad de las tasas, sino que además expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella”. Obsérvese cómo –al margen que no es “una” sentencia, sino varias- ni tan siquiera han buscado de qué pronunciamiento concreto se trata (“la reciente sentencia…”) Pero ocurre que esa “reciente sentencia” dice más cosas: “Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que impiden en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables”. Pues bien, ¿no es un obstáculo para acceder a la justicia que un trabajador despedido que sólo está cobrando el desempleo e impugne dicha extinción tenga que pagar tasas judiciales en el recurso?; ¿no lo es que tenga que hacerlo un sindicato o un comité de empresa para recurrir la sentencia recaída en un conflicto colectivo o un despido colectivo para defender el interés general cumpliendo el papel del artículo 7 de la Constitución?; ¿no lo es que lo deba hacer un jubilado, un inválido o una viuda que recurre  por una diferencia de su prestación?

Pero, es más, la medida en el ámbito social afecta también al derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley, en relación al derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto que la cantidad impuesta para recurrir en suplicación o casación no diferencia entre la gran empresa y el horno de pan de la esquina. Y aunque establece reducciones para los trabajadores, es evidente que en muchos casos la medida puede impedir por motivos económicos el acceso al recurso de éstos.  Como señala el amigo Paco Gualda en su magnífica reflexión publicada por la Fundación 1º de Mayo: “Hay que tomar en cuenta que los costes judiciales son para el trabajador gastos necesarios para la obtención de la renta que asegura su subsistencia, por lo que configurar el pago de tasas y otros gastos como elementos disuasorios del acceso a la Justicia implica precisamente, limitar la vía para la efectividad de los ingresos salariales y las prestaciones de Seguridad Social, que constituyen el sustento básico de millones de trabajadores y pensionistas

7. La Ley 10/2012 ha batido récords en su tramitación parlamentaria. Ha sido una de las normas que más rápidamente ha sido aprobada, coartando el debate en las Cortes, según algún grupo parlamentario. Dicen las mala lenguas que dicha urgencia obedecía a otras causas: evitar el desaguisado legal que cometió el RDL 20/2012 en relación a la paga extraordinaria de Navidad de los jueces y el resto del personal funcionario judicial –tanto por su contradicción con la LOPJ, como respecto al diferente tratamiento legal de las pagas entre dicho colectivo y el resto de funcionarios públicos-. Y así, aunque la imposición de tasas nada tenga que ver con el tema, se incluye una modificación del mentado RDL. Es lo que tiene poner a economistas a redactar leyes contando con plumas jurídicas poco cualificadas técnicamente pero imbuidas de los mantras neoliberales (algo que empieza a ser habitual tras la gran chapuza técnica que supone la reforma laboral del 2012).

A lo que cabrá añadir que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Parapanda, la Ley elimina la posibilidad de que los funcionarios públicos comparezcan en el orden jurisdiccional contencioso administrativo sin asistencia de abogado, como hasta ahora ocurría salvo en los supuestos de separación de funciones. Es decir, se encarece notablemente la impugnación de los temas de función pública.

8. Afirman algunos que el nuevo modelo supone la instauración de una justicia para ricos. Y algo de verdad hay en ello.

Pero más allá de esa constatación, el hecho cierto es que el legislador ha omitido cualquier reflexión sobre las particularidades del proceso social y los perniciosos efectos que la nueva medida va a tener en el acceso al recurso para pequeños empresarios, trabajadores y pensionistas.

Si lo que se quiere es impedir el abuso de los recursos existen otras muchas medidas posibles de índole procesal. Medidas que, en buena parte, existen ya en nuestro ordenamiento tras la aprobación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Si lo que se pretende es una inversión en la implantación de la Nueva Oficina Judicial parecería lógico que se hubiera creado un fondo “ad hoc” gestionado por el Ministerio de Justicia con participación de las Comunidades Autónomas, con competencias en las materia.
Si lo que se pretende es la financiación del forzosamente deficitario servicio público de Asistencia Jurídica Gratuita –con grandes problemas en algunas Comunidades Autónomas, especialmente en Madrid- habría de haberse diseñado un modelo descentralizado.

Pero nada de eso es el objetivo de la nueva Ley. Claramente, su finalidad es la mera recaudación. Pero cabrá observar que, como ya se ha indicado, estamos hablando no sólo de un servicio público conformado como derecho fundamental, sino de la actuación de atención a los ciudadanos de uno de los tres poderes constitucionales.

¿Por qué no hacer pagar a los ciudadanos por ir a votar, en tanto que los procesos electorales le cuestan dinero al Estado. No sería nada nuevo: ya la Thatcher en los ochenta intentó instaurar un impuesto por el mero hecho de figurar en el censo –la famosa y fracasada “poll tax”-
¿Es que acaso la actuación parlamentaria no comporta gastos públicos?... que los representados paguen las dietas de desplazamiento de sus representantes…

¿Por qué el acceso al BOE es gratuito?... ¿es que no le cuesta un dispendio al erario público?


¿Es que no nos cuesta dinero el desplazamiento del Presidente del Gobierno a Bruselas para negociar las condiciones de nuestro rescate?

Y no se trata de dar ideas. A este paso a alguno de esos privilegiados cerebros neoliberales (privilegiados por el déficit de impulsos motores entre las neuronas cuando no se trata de neodarwinismo social) se le puede ocurrir algo similar.